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Planta de tratamiento del vertedero de Pinto
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Planta de tratamiento del vertedero de Pinto (Foto: Plataforma por el cierre del vertedero de Pinto)

El vertedero de Pinto: metano, protestas y 800.000 toneladas al año

Por Alejandro Navas
viernes 26 de noviembre de 2021, 18:45h

El lugar al que 71 municipios del sur de la Comunidad de Madrid vierten sus residuos está a unos cinco kilómetros del centro urbano de Pinto. Este vertedero lleva en funcionamiento más de 35 años, es el más grande de toda España y atiende a 1.965.312 ciudadanos, un 30 por ciento de la población de toda la región. Por un lado, está la Plataforma por el cierre del vertedero de Pinto, compuesta por 51 colectivos y vecinos de 11 localidades, que viene denunciando lo que consideran una amenaza “sanitaria y ambiental” el estado del complejo. Enfrente, la Mancomunidad del Sur, autoridad competente en la materia, que defiende su gestión. Entre medias, la Agencia Espacial Europea, que el pasado 11 de noviembre registró la mayor emisión de metano de toda su historia localizados en dos puntos: Valdemingómez y Pinto.

El vertedero de Pinto se extiende en un área de 1.616.336 metros cuadrados, tiene 659 metros de altura en su punto más alto y recibe una cantidad anual de 800.000 toneladas de residuos. El complejo tiene diferentes zonas. En concreto, aquella en la que se registró el pico de metano por la Agencia Espacial Europea se corresponde con la planta de clasificación de envases ligeros, con una capacidad de absorción de 23.000 toneladas de basura al año procedente del contenedor amarillo.

Según fuentes de la Mancomunidad, presidida por la alcaldesa de Getafe Sara Hernández, han preparado un escrito para remitir a la ESA (Agencia Espacial Europea) “solicitando una copia del informe publicado en relación al metano”. Además, aseguran que todas las instalaciones “cumplen con las autorizaciones necesarias que determina la consejería de Medioambiente de la Comunidad de Madrid”, que es el órgano superior “que debe vigilar la actividad de todas las mancomunidades”.

Por su parte, desde la Consejería de Medio Ambiente aseguran que desconocen la metodología que ha usado la empresa que ha realizado el estudio para la ESA pero que se han puesto en contacto con la agencia para conocerla. Aquí, dejan claro estas fuentes que la competencia de la Consejería es de inspección y sanción y que, dentro de estas labores, “cuando detectamos alguna anomalía actuamos y proponemos mejoras a los gestores de los vertederos”. En cuanto a la emisión de metano, no es posible sancionar ya que la ley no contempla un límite, sin embargo, el vertedero de Pinto sí ha sido sancionado por otras irregularidades.

La Plataforma por el cierre

Mientras llegan estas peticiones de información por parte de los organismos competentes hasta la ESA, y mientras la agencia europea contesta, la Plataforma por el cierre del vertedero ha intensificado su volumen de protestas. Su portavoz y miembro de Ecologistas en Acción, Miguel Ángel García, define y resume la situación de una forma concreta: “Es insostenible que casi dos millones de personas se traigan la basura desde más de 100 kilómetros a distancia. El vertedero es tan grande que supone un riesgo para la salud de los que vivimos alrededor y de los que trabajan allí”.

“Sara Hernández estuvo sosteniendo pancartas pidiendo el cierre"

“Algún estúpido dice que lo que queremos es un vertedero en cada pueblo, es mentira”, asegura García, que apuesta por una descentralización en la gestión de residuos sostenible, que no pase por una concentración como la del vertedero de Pinto. Las emisiones de metano en altos volúmenes, explica el portavoz, suponen un riesgo añadido por la inflamabilidad y la contaminación que el gas genera en la zona. “Este satélite ha detectado metano pero esto significa que otros gases tóxicos y cancerígenos también se están emitiendo”, denuncia el portavoz a la vez que señala que del vertedero al centro del municipio distan unos cinco kilómetros.

En este punto, recuerda García que la propia presidenta de la Mancomunidad y alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, “estuvo apoyando a la Plataforma” y “sosteniendo pancartas pidiendo el cierre del vertedero” hasta que en 2019 llegó a la presidencia del organismo.

Descentralización “centralizada”

Según fuentes de la Mancomunidad del Sur, existe una hoja de ruta trazada hacia la descentralización de los residuos “siguiendo el principio de tratamiento en proximidad por el que se evita que la basura viaje durante decenas de kilómetros disminuyendo así también la huella de carbono”. Además, añaden que ya existe un plan de inversiones para este plan que “avanzará hacia una economía circular de residuo cero, con tratamientos más especializados”.

Sin embargo, según la Plataforma por el cierre del vertedero de Pinto, la estrategia de la Mancomunidad es otra. Aseguran que han tenido acceso al plan de actuaciones y que en ese documento se contempla la construcción de seis nuevas plantas en la misma área que el complejo pinteño, entre ellas, un nuevo vertedero que tenga una capacidad anual de 7.500.000 metros cúbicos de residuos al año.

Ante estos datos, que contradicen la postura oficial de la Mancomunidad, la Plataforma ha incrementado el número y la intensidad de sus protestas para la paralización de las obras de las nuevas plantas y para que se genere una alternativa a la acumulación masiva de los residuos de casi dos millones de personas en Pinto.

Irregularidades y sanciones

La situación del vertedero pinteño ha generado algún proceso de inspección que ha desembocado en sanción. A finales de 2018 la Comunidad de Madrid emitió un informe de actuación de inspección ambiental acorde con la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación. Tras siete meses de visitas denunció el incumplimiento de las condiciones de la autorización ambiental.

El incumplimiento se basó en la constatación de problemas relevantes en relación a la atmósfera, al agua, a la producción de residuos y al funcionamiento de las actividades y de las instalaciones. Unos problemas que la Comunidad instó a solucionar y que sancionó por unos 25.000 euros.

Por otro lado, fruto de otra inspección por parte de la Administración regional que concluyó en diciembre de 2020, el vertedero se encuentra inmerso en otro proceso sancionador por problemas “muy relevantes” en relación a la atmósfera, al funcionamiento de las instalaciones e incluso, por ruidos y vibraciones. En cualquier caso, este proceso todavía no ha concluido por lo que aún no se ha dictaminado sanción, en caso de que se termine produciendo.

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