El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha anunciado este martes la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el inicio de la tramitación de una modificación legislativa con la que se pretende que los magistrados de designación autonómica del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sean directamente nombrados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y no por los parlamentos regionales.

El anuncio ha sido realizado esta mañana por el vicepresidente del Gobierno, Ignacio Aguado, junto con el consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, quien ha explicado que el fin de esta medida -que ocupa el número 132 del pacto de gobernabilidad entre Ciudadanos y PP en la región madrileña- se pretende “garantizar aún más la independencia judicial” y despolitizar la imagen de la Justicia en España.

Tal y como ha explicado López, con esta modificación el Ejecutivo presidido por Isabel Díaz Ayuso no pretende “en absoluto cuestionar la independencia del Poder Judicial en España, si no afirmarlo” y favorecer que no se “de una apariencia de parcialidad de los magistrados” designados por los parlamentos de cada Comunidad Autónoma, en el caso de la región madrileña por la Asamblea de Madrid.

Asimismo, para López esta medida “fortalecería la imagen de imparcialidad y de independencia de cada juez” al tiempo que permitiría poner en valor “el mérito de cada uno de los magistrados” del TSJ. Y es que, tal y como ha explicado, mientras la Asamblea no está obligada a solicitar requisitos previos, el Consejo General del Poder Judicial debe por ley “hacer unas bases en la convocatoria y un examen del mérito y capacidad de cada uno de los jueces que concurren a dicha plaza”.

Tramitación nacional

Se trata de un proyecto con el que se pretende llevar a cabo una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de carácter general, por lo que una vez cumplimentados los informes pertinentes y recopilados toda la documentación burocrática, el texto pasaría a ser debatido en Consejo de Gobierno en forma de anteproyecto de Ley y, después, llevado a la Asamblea de Madrid para su aprobación como proyecto de Ley.

Finalmente, el proyecto será llevado a la mesa del Congreso de los Diputados como proposición de Ley y donde su aprobación dependerá de que las mayorías parlamentarias existentes en el momento. En cualquier caso, de ser aprobada y de llevarse a cabo esta reforma las designaciones de magistrados por órganos autonómicos pasarán a depender en exclusiva del Consejo General del Poder Judicial y su entrada en vigor será al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En particular, la modificación afectaría a dos artículos: el 330.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y el 13.2 de la Ley 38/1998, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial. En el primer caso se propone que en las Salas de lo Civil y lo Penas de los Tribunales Superiores de Justicia, el CGPJ sea el encargado de cubrir por concurso una de cada tres plazas por un jurista con más de 10 años de ejercicio profesional en la comunidad autónoma. En el segundo caso, se suprime la propuesta de nombramiento entre la terna promovida por la Asamblea de Madrid.

Por el momento, ha comentado López, no se ha 'sondeado' a ninguna formación política respecto a la aprobación en la Asamblea de Madrid de este proyecto, ya que su tramitación se acaba de iniciar y se prevé que sea larga. Al respecto, Aguado ha indicado que no se cuenta con plazos cerrados al respecto, aunque espera que se puedan poner en marcha “cuanto antes”.