La Consejería de Presidencia, Justicia e Interior prepara un proyecto piloto para garantizar los derechos jurídicos del colectivo de discapacitados mediante la figura del “asistente” o “facilitador”. Se trata de profesionales que acompañarán a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo cuando se vean inmersas en procesos judiciales o policiales, con el fin de asegurar la plena comprensión del implicado y la no vulneración de sus derechos.
La accesibilidad universal a la Justicia es un derecho de obligado cumplimiento y un compromiso general de todas las administraciones. Sin embargo, para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo escenarios como la sala de un juzgado o situaciones, como la de ser interrogado por un agente de policía, pueden suponer una pesadilla. Así, la Comunidad de Madrid avanza y pone en marcha este proyecto, junto a la organización Plena Inclusión, que viene trabajando desde hace años con la Administración regional mediante convenios en estos aspectos.
Según fuentes de la Consejería, el trabajo de estos asistentes será el de garantizar que todas las comunicaciones -del ámbito judicial o policial- sean comprendidas por la persona con discapacidad intelectual o de desarrollo. “Estamos hablando de una suerte de ‘traducciones’ a lenguaje de lectura fácil de textos escritos, así como la plena comprensión de comunicaciones orales en aquellas actuaciones que se lleven a cabo en los órganos judiciales, fiscales o en sede policial”, explican estas fuentes.
Para una persona con discapacidad intelectual, afrontar una situación tan compleja como ser testigo en un juicio o responder ante un agente de la autoridad, puede suponer un alto nivel de estrés y de ansiedad, por la dificultad de comprensión que entraña.
El caso de Óscar
Hace tres meses, Óscar Íñigo Corbera, que tiene un 37 por ciento de discapacidad intelectual, tuvo un problema. Estando en un comercio sustrajo un cargador de móvil, algo de lo que se percató el encargado de la tienda. Después de obligarle a devolver el cargador, le propinó un golpe y Óscar Íñigo se lo devolvió. Unos agentes de Policía acudieron al poco tiempo de producirse el altercado y después de evaluar la situación, decidieron detenerle.
"Estuve tres días encerrado"
Según este hombre, de 42 años y vecino de Torrejón de Ardoz, en aquel momento no supo comunicar que padece una discapacidad. Los agentes, por su parte, no se percataron y no tuvieron en cuenta su condición a la hora de detenerle y de informarle de sus derechos y de su situación. “Estuve tres días encerrado y me dieron calmantes”, cuenta Corbera, que ahora se enfrenta a una pena de dos años y dos meses por un presunto delito de agresión.
Al día siguiente de su detención, la trabajadora social que sigue a Corbera fue informada y consiguió ponerse en contacto con un abogado, para que le fuera detallando las diferentes fases del proceso judicial. “La única que me ha ayudado con todo esto ha sido ella”, explica este hombre al que todo este episodio le ha generado un importante estado de ansiedad.
Según Alfonso Beamud, integrador social de vasta experiencia, puede ocurrir que una persona con discapacidad entienda que la Policía interviene cuando alguien ha hecho algo malo, pero si ese alguien tiene discapacidad, “puede generarle ansiedad o frustración al no entender, precisamente, qué es lo que ha hecho mal”.
Asegura Beamud que hay que evitar las generalizaciones porque las circunstancias y los matices individuales son determinantes, a la vez que considera que una figura de apoyo en terreno judicial o en comisaría es un gran paso: “Un profesional que informe, oriente y acompañe durante este tipo de procesos me parece fundamental”.
Sujetos de derecho
Los derechos jurídicos de las personas con discapacidad no se han desarrollado de forma plena hasta el pasado mes de mayo. De hecho, hasta hace poco menos de un año, con la aprobación de la Ley 8/2021, las personas con discapacidad intelectual no estaban consideradas sujetos de derecho y se optaba por la vía del tutor o de la tutela cuando se veían inmersas en procesos administrativos o legales. El ordenamiento jurídico les reconocía como “incapaces” al considerar que no podían comprender ciertas situaciones, negando así su personalidad como sujeto de derecho.
"Derecho a tener derecho"
La reforma normativa entró en vigor el pasado junio y, aparte de otorgar de facto una serie de derechos fundamentales a todo un colectivo, supuso una victoria para la mayor organización que los representa y defiende. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) es la organización de representación más importante de estas personas a nivel nacional. En esta plataforma se encuentran alojadas decenas de entidades que trabajan con la discapacidad a través de cientos de proyectos, en todos los territorios y en acuerdos con las administraciones públicas.
Gregorio Saravia es el delegado de Derechos Humanos y para la Convención de las Naciones Unidas para la Discapacidad del CERMI. Relata que iniciativas como la que pone en marcha la Comunidad de Madrid suponen un avance en la lucha contra los estereotipos, el paternalismo y el concepto de integración. “Las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que cualquier otra, deben poder acceder en igualdad de condiciones a la justicia, tal y como reconoce tanto la Constitución Española, como otros tratados internacionales que ha ratificado España”, explica.
Para Saravia, si no se facilita la comprensión de los procesos judiciales para las personas con discapacidad se produce una vulneración de sus derechos. Una forma de resumir esta problemática es que las personas con discapacidad tienen “derecho a tener derecho”, a ser considerados ciudadanos con la misma dignidad en términos jurídicos que el resto. De este modo, la figura del facilitador o del asistente supone un apoyo fundamental y necesario para este colectivo, figura que si se ausenta, imposibilita la igualdad y la inclusión real.
Madrid, pionera
Con este proyecto piloto que se pondrá en marcha en pocas semanas, Madrid se convertirá en una de las primeras Comunidades Autónomas en avanzar en la garantía y salvaguarda de los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito judicial. Según fuentes de la Consejería, el objetivo primordial es evitar que “nadie se quede fuera de la administración de Justicia”.
En el cumplimiento de este objetivo, en la Comunidad de Madrid se llevan programando desde hace dos años cursos de formación para funcionarios y empleados públicos de la Administración de Justicia sobre la atención a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, en los que se dan pautas para una mejor comunicación con este colectivo.
Además, en cuanto a la accesibilidad universal, la Consejería tiene en activo una ambiciosa estrategia para eliminar todas las barreras arquitectónicas presentes en los diferentes partidos judiciales de la región. Plan Justicia 21x21 lleva desde el año 2019 trabajando para ampliar pasillos, habilitar ascensores, adecuar aseos y construir rampas que permitan a las personas con discapacidad física acceder y recorrer sin dificultad cualquier espacio judicial, para garantizar su acceso a toda la sociedad.
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