La Comunidad de Madrid ha dado hoy luz verde este miércoles durante la celebración del Consejo de Gobierno a la tramitación de la Ley de Mercado Abierto, la cual será "pionera en España para la apertura del mercado regional a operadores de otras comunidades autónomas".
El anteproyecto, tal y como ha expuesto el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, "eliminará trabas administrativas injustificadas e innecesarias que dificultan el progreso económico y social de la región". Así, el Ejecutivo madrileño busca que, con carácter general, todo operador económico establecido legalmente en el territorio nacional pueda desplazarse libremente a la Comunidad de Madrid para ejercer su actividad sin sujetarse a los requisitos de acceso previstos en la normativa autonómica.
"Esto contribuirá a reducir trabas y regulaciones innecesarias, potenciará la llegada de inversiones y ayudará a impulsar la actividad económica de la región mediante la libre circulación de bienes y servicios y el reconocimiento automático de licencias, para que empresas y profesionales de todo el territorio nacional puedan operar en la región", han detallado posteriormente desde el Gobierno regional.
La nueva Ley de Mercado Abierto de la Comunidad de Madrid busca "acabar con la fragmentación de la unidad de mercado, el exceso de regulación sobre los operadores económicos y las cargas administrativas que suponen un inconveniente para el desarrollo económico". De esta manera, la Comunidad de Madrid creará "un marco regulatorio eficiente que simplifique la legislación existente, elimine las regulaciones innecesarias, establezca procedimientos más ágiles y minimice las cargas administrativas".
Esta iniciativa legislativa pretende renovar y reinterpretar los objetivos originales de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, desde el ámbito competencial de la Comunidad de Madrid, haciéndolo compatible con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
Reducción del tiempo de tramitación de las disposiciones normativas
Por otro lado, Aguado ha señalado además que la Comunidad de Madrid reducirá a casi la mitad el tiempo de la tramitación de sus disposiciones normativas gracias al Decreto que ultima la Consejería de Presidencia y cuyo proyecto ha sido validado este miércoles por el Consejo de Gobierno con su envío a la Comisión Jurídica Asesora.
Esta nueva normativa autonómica permitirá "establecer un procedimiento propio para la elaboración y la aprobación de disposiciones de carácter general", según ha informado el vicepresidente, Ignacio Aguado, en rueda de prensa. El texto del Decreto supondrá agilizar la tramitación de las normas al pasar de una media de 125 hábiles a unos 70 debido, fundamentalmente, a la reducción de los plazos de emisión de informes, la simultaneidad de algunos de ellos, la supresión de trámites innecesarios o duplicados y a la normalización de documentos, tal y como ha detallado posteriormente el Ejecutivo regional.
Igualmente, establecerá un procedimiento de urgencia que baja los plazos a la mitad y un procedimiento simplificado para el caso de las disposiciones normativas de carácter organizativo. En ambos casos se aligera la tramitación y se aminoran dichos plazos. "El procedimiento para la elaboración y aprobación de normas no se encuentra regulado actualmente de una manera completa y sistemática en la Comunidad de Madrid, por lo que se ha de recurrir con carácter supletorio al ordenamiento estatal, sin perjuicio de algunas especialidades dispersas en el ordenamiento autonómico", han explicado desde el Ejecutivo regional.
El Decreto conllevará también establecer un Plan Normativo plurianual, en lugar de un Plan Anual como hasta ahora, lo que mejorará la planificación normativa del Gobierno regional. Con el fin de ajustar su contenido a las necesidades y circunstancias del momento, se contempla la posibilidad de introducir con carácter anual las modificaciones que resultaran necesarias.
El Decreto da carácter permanente a la Comisión Interdepartamental para la reducción de Cargas Administrativas y Simplificación Normativa de la Comunidad de Madrid, creada en el marco del Plan de Reactivación frente a la Covid-19, involucrándola especialmente en "las labores de planificación y evaluación normativa". Asimismo, introduce la denominada huella normativa que es el conjunto de documentos y contenidos que deberán publicarse en el Portal de Transparencia en relación con el procedimiento de elaboración de normas, permitiendo el conocimiento de los expedientes de los proyectos normativos.
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