Los grupos municipales de Ahora Madrid y PSOE han sacado adelante en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid una proposición conjunta en la que piden al Estado capacidad para que el Consistorio tenga capacidad de poner límites a la escalada "disparatada" de los precios del alquiler y una moratoria de la misma por un periodo de un año mientras se estudia la situación antes de que sea "irreversible". PP y Cs han votado en contra.
El delegado del Área de Desarrollo Urbano Sostenible ha defendido este miércoles la necesidad de medidas estructurales para que los ayuntamientos y las comunidades puedan controlar el precio de la vivienda; entre ellas, el apoyo a la construcción de viviendas de alquiler y el establecimiento de un índice de precios.
Según José Manuel Calvo, la subida de precios "necesita un parón para evaluar el escenario y llevar a cabo medidas efectivas". "No podemos permitir que se sigan disparando los precios porque para cuando tengamos las leyes para controlar eso la situación puede ser irreversible", ha añadido el edil de Ahora Madrid.
"Efectos inflacionistas"
En una proposición conjunta, el PSOE ha pedido al Estado una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 ya que se limitó la prórroga obligatoria de los contratos de alquiler de cinco a tres años. La prórroga tácita se vio reducida de tres a un año e incluso permite resolver con el inquilino tras solo un año de contrato. Una situación que, según dicha formación, provoca "efectos inflacionistas en el mercado del alquiler que ya se están dejando sentir".
La portavoz socialista en materia urbanística ha recordado la subida "significativa" del precio de la vivienda entre 2014 y 2017 mientras los salarios apenas han aumentado en ese periodo. En esa línea, Mercedes González ha apuntado que alrededor del 40 por ciento de los asalariados no pueden acceder a una vivienda en propiedad, pero tampoco pueden optar al alquiler privado.
La proposición conjunta de Ahora Madrid y PSOE ha conseguido que el Pleno inste a a la Comunidad a que elabore un plan regional de vivienda 2018-2021, sobre la base de un gran acuerdo por la vivienda protegida con todos los agentes públicos y privados. Para ello sería necesario elaborar un programa de suelo para producir viviendas protegidas para que en el próximo cuatrienio cubran el 60 por ciento de la demanda de nuevos hogares.
Otra de las medidas aprobadas es la promoción de un parque público de viviendas en alquiler con rentas de arrendamiento en torno a los 300 euros para alcanzar el 10 por ciento del parque inmobiliario de la región. Además plantean un plan de rehabilitación para acabar en ocho años con las más de 160.000 infraviviendas de la Comunidad y para sacar al mercado las 263.000 viviendas desocupadas que calculan que existen en la región.
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