Tras semanas de dilaciones y especulaciones, el Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado al fin este viernes y por decreto la modificación de la ley de memoria histórica que le autoriza a exhumar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, donde fue enterrado el 23 de noviembre de 1975. “Vamos tarde”, ha asumido ante la prensa reunida tras el Consejo de Ministros la vicepresidenta Carmen Calvo.
“No hay ni una sola razón de fondo para que la democracia española no se sienta digna con esta exhumación”, ha proclamado. Calvo ha querido vincular esta medida con la inminente celebración de las cuatro décadas que está a punto de cumplir la Constitución del 78. “No hay ni una sola democracia en el panorama internacional con la que nos queramos comparar que haya sostenido una situación como la que hemos sostenido durante 40 años”, ha abundado.
Aunque el Gobierno tiene ahora un plazo máximo de un año para sacar los restos del dictador, Calvo se ha mostrado confiada de que, aunque el trámite será "largo", no tendrán que agotarlo. La próxima semana, el Consejo de Ministros aprobará la incoación del proyecto y, en septiembre, el Congreso de los Diputados deberá convalidar el decreto en una votación que, en principio, ganará. Esto allanará el camino para que, a finales de año, según el Ejecutivo, se realice la exhumación. La vicepresidenta ha dejado eso sí para la negociación política cómo se "resignifica" el mausoleo.
El problema con la familia
Moncloa quiere que sean los herederos de Franco, contrarios a la propuesta, los que decidan qué hacer con el cuerpo y que lo comuniquen en 15 días. Si no lo hacen, el Ejecutivo se reserva la posibilidad de elegir una sepultura “digna y respetuosa” por su cuenta.
Este viernes, Francisco Martínez-Bordiú, nieto del dictador, ha afirmado que la Fundación Francisco Franco ha avisado formalmente al Gobierno de que puede incurrir en un delito de prevaricación por utilizar la fórmula del decreto ley.
"Lo único que ha hecho la Fundación ha sido advertir al Gobierno para que no pueda alegar buena fe, que están cometiendo un delito de prevaricación o pueden cometerlo porque no se justifica esta medida excepcional", ha explicado en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press. Calvo, por su parte, ha asegurado no tener constancia de tal misiva.
La ONU y la urgencia
En cualquier caso, el Gobierno ha querido insistir en el sentido "urgente" de la iniciativa. Por ello, Calvo ha incidido en el retraso histórico en sacar al dictador del Valle y ha recordado tanto la moción aprobada sin oposición en mayo de 2017 en la Cámara Baja como que la ONU ya ha pedido proceder en ese sentido.
"Quien no quiere ver la urgencia, no la ve. ¿Cuándo este país va a dejar de tener los restos mortales de un dictador para su enaltecimiento junto con las víctimas? No hay más vueltas", ha zanjado.
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