Tras el informe favorable de la Fiscalía de Madrid, un magistrado del Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid ha suspendido el desalojo de una familia en Villaverde hasta que la Administración les provea de otra vivienda.
El Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid ha acordado suspender de forma temporal el desalojo de una familia con dos hijos de Villaverde hasta que la Administración les provea de una vivienda alternativa.
Así lo ha dictado el magistrado en una providencia en la que se acuerda la suspensión sin fecha tras el informe favorable de la Fiscalía de Madrid. La abogada ha señalado que la familia está ya en conversaciones tanto con el Ayuntamiento de Madrid como con la Comunidad de Madrid.
La paralización se acuerda a raíz de la medida cautelar solicitada el pasado 8 de marzo por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC). En una resolución, el Comité reclamó suspender cautelarmente el desalojo de esta familia, que estaba previsto para el pasado 9 de marzo por el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid.
Según el Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), una cooperativa de abogados que elevó el caso hasta la ONU, la familia viene ocupando desde hace varios años una vivienda vacía propiedad de un banco y había solicitado en numerosas ocasiones una vivienda social a las Administraciones Públicas de la región, tanto Comunidad de Madrid como Ayuntamiento.
Hasta la fecha, ninguna de ellas habría atendido su petición. Por su parte, aseguran que el banco ha rechazado regularizar su situación mediante la concesión de un alquiler social.
Dictamen contra España
Este mismo Comité dictaminó en julio de 2017 que un desahucio contra una familia madrileña formada por un hombre español y una mujer argelina con hijos menores, de 1 y 3 años, en 2013 constituyó una violación de su derecho a una vivienda adecuada.
De la misma forma, instó al Gobierno a tomar las medidas necesarias para ayudar a esta familia a obtener una vivienda, a otorgarle una compensación económica por la violación de sus derechos y a formular un plan integral para garantizar el acceso a una vivienda adecuada para personas con bajos recursos.
En su dictamen, el Comité determinó que, aunque la orden judicial de desahucio era legal, las autoridades no habían tomado todas las medidas necesarias para proporcionar a la familia una vivienda alternativa.
La pareja dejó de percibir en el año 2012 el subsidio de desempleo y no pudo pagar la renta mensual de alquiler. El 3 de octubre de 2013 fueron desalojados y el Samur Social dio albergue temporal a la familia, donde permanecieron diez días hasta que las autoridades les invitaron a abandonarlo.
Después de ese período, durmieron en el automóvil durante cuatro días hasta que pudieron trasladarse al lugar de un conocido que les ofreció alojamiento durante varias semanas.
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