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Sede de la Asamblea General de la ONU.
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Sede de la Asamblea General de la ONU. (Foto: ONU)

La ONU pide paralizar el desahucio de una familia de Villaverde

martes 27 de marzo de 2018, 16:34h
La ONU ha instado a España a paralizar el desahucio de una familia de Villaverde. Los okupas, que viven en una casa propiedad de un banco desde hace años, han solicitado en numerosas ocasiones una vivienda social a las administraciones de la región.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC), ha instado a España a suspender cautelarmente el desalojo de una familia madrileña y sus dos hijas de 4 y 8 años de edad en el distrito madrileño de Villaverde.

Así lo ha solicitado el Comité en una resolución, donde reclama suspender cautelarmente el desalojo de esta familia, previsto para el pasado 9 de marzo por el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid, mientras estudia a fondo el caso. En su defecto, pide que se les otorgue una vivienda alternativa "adecuada".

Según informa el Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), una cooperativa de abogados que elevó el caso hasta la ONU, la familia viene ocupando desde hace varios años una vivienda vacía propiedad de un banco y había solicitado en numerosas ocasiones una vivienda social a las administraciones públicas de la región, tanto Comunidad de Madrid como Ayuntamiento.

Hasta la fecha, ninguna de ellas habría atendido su petición. Por su parte, aseguran que el banco ha rechazado regularizar su situación mediante la concesión de un alquiler social.

Dictamen contra España

Este mismo Comité dictaminó en julio de 2017 que un desahucio contra una familia madrileña formada por un hombre español y una mujer argelina con hijos menores, de 1 y 3 años, en 2013 constituyó una violación de su derecho a una vivienda adecuada.

De la misma forma, instó al Gobierno a tomar las medidas necesarias para ayudar a esta familia a obtener una vivienda, a otorgarle una compensación económica por la violación de sus derechos y a formular un plan integral para garantizar el acceso a una vivienda adecuada para personas con bajos recursos.

En su dictamen, el Comité determinó que, aunque la orden judicial de desahucio era legal, las autoridades no habían tomado todas las medidas necesarias para proporcionar a la familia una vivienda alternativa.
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