La lucha de la Asociacion de Vecinos de Orcasitas terminó con los asentamientos chabolistas de este barrio de Usera a finales de los años 70. Sus moradores habitaron 1.517 viviendas públicas dotadas con los servicios básicos de los que carecían. Desde entonces conviven con el amianto -cuyo uso industrial está prohibido en España en la actualidad-. "No es un tema puntual ni secundario, vivimos con un veneno encima de nuestras cabezas", explica Félix López, portavoz de la organización.
Cuando las familias se mudaron a los nuevos bloques desconocían el peligro de la uralita e incluso algunos residentes "han hecho agujeros en ella sin ningún tipo de protección", comenta el representante vecinal. Él mismo relata a Madridiario cómo en su hospital de referencia, el 12 de Octubre, "saben que la probabilidad de sufrir cáncer en la Meseta de Orcasitas es hasta cuatro veces superior a la media regional".
Con el paso del tiempo fueron conscientes de la gravedad de su situación. Tras años de presión, López asegura que el Gobierno central destinó "una partida de 8,6 millones de euros a la Comunidad de Madrid para un Plan de Rehabilitación del barrio". Sin embargo, y a pesar del "carácter finalista" de la ayuda, "ese dinero nunca llegó, ha desaparecido". Es por ello que consideran al Ejecutivo regional "moralmente responsable" de solucionar el problema de este espacio Ivima.
El Ayuntamiento, al rescate
El pasado 11 de abril, la Asociación de Vecinos de Orcasitas se reunió con José Manuel Calvo, delegado del Área de Desarrollo Urbano Sostenible de la Alcaldía madrileña. Fuentes de dicho área confirman a este medio que subvencionarán la retirada del amianto en una operación enmarcada en el Plan MAD-RE. En concreto, destinarán un "70 por ciento a fondo perdido", al que se suma "un 5 por ciento más si se juntan más de cinco comunidades de vecinos". La colaboración alcanzará el 90 por ciento "en caso de que los propietarios que la soliciten formen parte de familias especialmente vulnerables".
El presupuesto sobre la mesa para acometer las obras oscila entre los 70 y los 90.000 euros por edificio. "Hay torres en las que vivimos más de 30 personas, pero en otros bloques solo seis", indica. La dificultad de estos últimos para hacer frente al pago, incluso con la aportación consistorial, ha propiciado un llamamiento a la implicación directa del Gobierno autonómico. Este ya ha respondido y el martes se citará con los afectados.
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