Anticorrupción ha pedido una prórroga para continuar investigando sobre el caso del ático de Estepona de Ignacio González. Alegan que aún están pendientes de realizarse pruebas periciales.
La Fiscalía Anticorrupción en Málaga ha solicitado a la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona (Málaga) que prorrogue la declaración de complejidad de la causa en la que se investiga el ático que el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y su mujer tenían arrendado en Estepona (Málaga) y que, posteriormente, pasó a ser suyo.
Esto supone tener 18 meses más para seguir la investigación. Así lo han asegurado fuentes fiscales, quienes han señalado que los motivos argumentados por Anticorrupción para pedir esta prórroga son que en la actualidad se mantiene prácticamente la misma situación que cuando se declaró compleja la causa, en marzo del pasado año.
En ese momento, la Fiscalía argumentó que se encontraban aún pendientes de llevar a cabo pruebas periciales y la práctica de comisiones rogatorias al Reino Unido y Estados Unidos, entre otras. A esto, la jueza instructora añadió que estaban pendientes la tasación del inmueble, así como oficios remitidos a entidades bancarias.
En esta causa se investigan los presuntos delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y cohecho. Las pesquisas van dirigidas a determinar cómo, cuándo y por qué llegó el inmueble a González y su mujer, que primero lo alquilaron en 2008 y posteriormente lo adquirieron en diciembre de 2012 por 770.000 euros.
Recientemente, la instructora ha acordado pedir un certificado de vida laboral del matrimonio desde 2008 y ha reiterado la petición de más información a entidades bancarias sobre determinadas cuentas corrientes que estarían vinculadas a los pagos de gastos relacionados con el ático, como por ejemplo las cuotas de la comunidad del mismo.
Asimismo, la jueza ha reiterado al gabinete de peritación adscrito al juzgado la petición de una valoración del inmueble en 2008 y en 2012; es decir, cuando fue adquirido por la sociedad Coast Investors y cuando lo compró el matrimonio.
González pide que no se alargue la causa
La defensa del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y de su mujer Lourdes Cavero sostiene que "ninguna de las innumerables diligencias practicadas hasta la fecha" en el caso en el que se investiga el ático "ha arrojado el menor indicio que revista trascendencia penal", por lo que pide que "no se prorrogue" más la causa.
Así lo señala en el escrito presentado en el Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona en el que se opone a la prórroga de la complejidad de la causa y en el que se aporta una serie de documentación relacionada con el caso, en concreto con el alquiler del piso.
En dicho documento se indica que a su parecer no se detectan indicios penales "tras cuatro años y medio de instrucción" y después de la práctica "de decenas de diligencias, muchas de ellas superfluas por completo e inútiles" para el objeto de la causa.
Tras ese tiempo, señala, la conclusión del informe de la UDEF "no puede resultar más esclarecedora: no se puede determinar que los fondos con los que se adquirió la propiedad en 2008 tengan un origen ilícito".
Los abogados de González apuntan que los fondos de la compra del inmueble por parte del matrimonio "tienen un origen lícito conocido e incontrovertido", como es el finiquito de la mujer y un préstamo hipotecario.
Asimismo, la defensa del expresidente de la Comunidad de Madrid rechaza lo que apuntaban los investigadores de una posible "simulación" en el alquiler del piso, asegurando que este arrendamiento "fue real y se pagó la renta de todos los trimestres, desde julio de 2008 hasta diciembre de 2012". En este sentido, se adjuntan justificantes y comprobantes de transferencias realizadas a favor de Coast Investors, como complemento de la remitida por esta sociedad.
La defensa de González reitera que las "decenas de diligencias" practicadas "no han arrojado indicio delictivo alguno" y entiende que estos trámites "están dilatando innecesaria e indebidamente" el caso "con quebranto del derecho fundamental de nuestros mandantes a un proceso con todas las garantías y sin dilaciones".
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