La iniciativa aprobada en el Pleno Municipal de este martes modifica el reglamento orgánico del Foro para que, como consecuencia de la creación de la Oficina Antifraude, su director, una vez electo, pueda comparecer ante los concejales. Esta modificación del reglamento del Pleno se llevará a cabo con los votos a favor de Ahora Madrid y PSOE y los votos en contra del Partido Popular y Ciudadanos.
Durante las intervenciones de estos últimos, la concejala naranja, Cristina Saavedra, apeló a la importancia de las Comisiones como escenario único para la declaración de personas ajenas al Pleno: "¿No son las Comisiones suficientemente importantes? El director de la oficina antifraude se relacionará con los grupos políticos a través de la Comisión, que es como está establecido", ha asegurado.
Por su parte, Percival Manglano, concejal del grupo popular, acusó tanto a Ahora Madrid como al PSOE de que este puesto sería una designación por acuerdo político entre los dos grupos. "Esta modiciación vulnera la legalidad vigente. Es evidente que el director ya está elegido", dijo.
Soledad Causapié les acusó de tomarse "a coña" la corrupción. El tercer teniente de Alcalde, Mauricio Valiente, defendía también la comparacencia y expresaba su "compromiso" de "poner en pie un mecanismo que sirva para luchar contra el fraude y la corrupción". "La persona que nos propogan ustedes será tenido en cuenta", aseguró Valiente.
La proposición se aprobó tras ser rechazadas las enmiendas a la totalidad y parciales propuestas por el Partido Popular.
La Oficina Antifraude
Carmena anunció el pasado 2016 que el futuro director de la Oficina contra el Fraude y la Corrupción superará la legislatura, con mandatos de cinco años. Este organismo dependerá del Pleno y se le dotará de una estructura de funcionamiento a través de la comisión de Transparencia, por la que tendrá que pasar el director mediante una entrevista previa, además de obtener el apoyo de las tres quintas partes del Pleno en primera votación o de mayoría simple en segunda.
La Oficina se hará cargo de denuncias y noticias sobre supuestos casos de fraude o aprovechamiento de patrimonio que pueda resultar censurable. La segunda gran función de la Oficina será el análisis de los motivos que han degenerado en causas de corrupción, como la tardanza y la oscuridad en la Administración.
El director estará respaldado por un consejo asesor integrado por cinco vocales procedentes de la sociedad civil. Los plazos para investigar se fijan en seis meses, ampliables a tres más. Si se detectan posibles ilícitos penales se remitirán a las autoridades competentes. Los trabajos no serán compatibles con investigaciones judiciales en marcha.
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