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Ayuntamiento de Leganés.
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Ayuntamiento de Leganés. (Foto: Gustavo San Miguel)

El PSOE pide la dimisión de un edil de Leganés por cobrar de una empresa pese a estar liberado

sábado 22 de octubre de 2016, 12:40h
El PSOE de Leganés, que gobierna la localidad, ha pedido la dimisión del concejal de la agrupación vecinal ULEG Antonio Almagro por mantener su trabajo a jornada completa en una empresa privada mientras cobra del Consistorio como liberado al 80 por ciento. La formación de la oposición considera que el error lo ha cometido el propio Ayuntamiento y cree que es una "cortina de humo" para tapar los "últimos escándalos" que le atribuyen al regidor, Santiago Llorente, como gastar 500 euros en un "banquete nocturno".
La difícil aritmética plenaria de Leganés marca toda convivencia política en el municipio. El cuádruple empate que dejó las elecciones continúa haciendo y deshaciendo alianzas y encontronazos. El último punto de este partido de tenis a cuatro bandas lo han protagonizado el PSOE, que gobierna solo con el apoyo de IUCM, y ULEG, el partido que maniobró para intentar una moción de censura contra el regidor Santiago Llorente.

Los socialistas aseguran que el Ayuntamiento acaba de recibir un informe de la Tesorería General de la Seguridad Social en el que avisa de la "situación irregular" del concejal de ULEG, Antonio Almagro. Según fuentes del partido, el edil habría sobrepasado "el tope máximo de cotización" ya que "percibe 40.000 euros al año por estar liberado un 80 por ciento cuando la realidad es que trabaja a jornada completa en una empresa privada".

Por este motivo, los socialistas quieren que el edil "devuelva el dinero" que ha cobrado de las arcas municipales y dimita de sus funciones.

Almagro ya fue concejal de la oposición en la pasada legislatura bajo el Gobierno del PP, aunque durante esos cuatro años el edil de ULEG ejercía como concejal sin liberación, cobrando 16.000 euros anuales por asistencia a pleno, situación que compatibilizaba con su empleo en la empresa privada.

Una "cortina de humo"

Sin embargo, Almagro no va a dimitir. El portavoz de ULEG, Carlos Delgado, ha señalado a Madridiario que el Ayuntamiento era conocedor de esta situación, aprobada en pleno, y que el requerimiento de la Seguridad Social, de hecho, no ha sido transmitido al interesado, sino a su empresa y al Consistorio.

Para Delgado, esta información es una "filtración interesada" que busca tejer una "cortina de humo" de los socialistas para tapar "escándalos" denunciados contra Llorente. Según el portavoz, el primer edil "quemó" recientemente 500 euros "de los vecinos" en "un banquete nocturno a base de cachopos y chupitos", una denuncia que ha contado "con el silencio del PP", al que considera su aliado de "cortijo".

La división de Leganemos

El vaivén político no acaba aquí. Leganemos ha vuelto a ser noticia esta semana. Los cuatro exconcejales de la candidatura de unidad popular que pasaron este jueves al Grupo de No Adscritos en el Ayuntamiento tras su expulsión han confirmado este viernes en rueda de prensa que no entregarán sus actas y que iniciarán acciones legales, informa Europa Press.

La edil Mercedés Condés ha confirmado que los cuatro mantendrán el acta. "Sólo hemos perdido el privilegio de tener un sueldo mensual, pero vamos a seguir trabajando porque llevamos años en la calle", ha declarado en rueda de prensa.

De igual forma, la concejala Rocío Cruz ha justificado el mantenimiento de las credenciales porque la expulsión y su paso al Grupo de No Adscritos "es ilegal".

Medidas legales

Además, han adelantado que sus abogados trabajan ya en la adopción de medidas legales por su paso 'forzado' al Grupo de No Adscritos.

Así, los ediles no descartan que estas medidas se traduzcan en una "querella criminal" contra Llorente, ya que -a su entender- este era conocedor de las presuntas irregularidades del proceso de expulsión en Leganemos.

En este sentido, la edil Beatriz Alonso ha insinuado que el regidor podría haber incurrido en algún delito por "haber dado trámite a una maniobra con apariencia de ilegalidad", algo que valora en estos momentos el "equipo jurídico" de los No Adscritos. "Esto es una cacicada", ha apostillado Alonso, tras explicar que en el fondo reside la intención "de dejar sin recursos a cuatro concejales que llevan una voz muy crítica contra el Gobierno local".
"No ha habido proceso garantista, ni expediente disciplinario: han vestido una decisión política que ya estaba tomado", ha añadido al respecto Cruz.
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