El Ayuntamiento de Alcorcón ha presentado un recurso contra el Protocolo para episodios de alta contaminación por dióxido de nitrógeno del Consistorio madrileño, en vigor desde febrero y que incluye cierres al tráfico en el centro en el peor de los escenarios, al entender que vulnera el derecho de sus vecinos a moverse libremente.
La iniciativa del Gobierno alcorconero confirma la advertencia lanzada por el regidor, el popular David Pérez, en contra de esa iniciativa sacada adelante por el equipo de Manuela Carmena el pasado mes de enero.
Fuentes municipales han indicado a Madridiario que este recurso se presentó después de que entrara en funcionamiento el protocolo, dando el salto a los juzgados desde el terreno de las declaraciones políticas.
Por el momento, en Alcorcón se muestran confiados en que esta impugnación prospere, que ya ha sido admitida. "Tenemos la sensación de que el Gobierno del Ayuntamiento de Madrid es consciente de que tiene base", ha confirmado a este periódico el propio Pérez, quien asegura que el cierre de esos accesos, crearía "un problema serio y grande a las puertas de Madrid".
Alcorcón se apoya en un informe elaborado por la asesoría jurídica del Consistorio, que dice que se podría estar vulnerando la Constitución, concretamente en lo referido al derecho fundamental a la libre circulación por el territorio nacional recogido en el artículo 19. “Son decenas de miles los ciudadanos que diariamente tienen que acceder a la capital desde distintos puntos de la región, especialmente del sur de la Comunidad", detalla. Alcorcón está conectado a la capital a través de la A-5, que cruza la M-40 y desemboca en la M-30, una de las vías que más afectadas se verían por las restricciones al tráfico que podrían imponerse en los peores escenarios contemplados ante altos niveles de polución.
"He presentado esa denuncia para defender a mi ciudad del previsible colapso al que le quieren someterla con esas decisiones. No estoy dispuesto a que eso ocurra sin los informes ni las reuniones o el estudio mínimo", resume.
Por su parte, fuentes del Ayuntamiento de Madrid contraponen a este periódico que no tienen constancia todavía de este recurso ni en los servicios jurídicos consistoriales ni en el área de Medio Ambiente o Movilidad.
Colaboración institucional
El regidor reclama, en todo caso, "colaboración institucional" con la ciudad "vecina". "Si vas a tomar medidas que afectan a la circulación, tienen que hablar las policías municipales, los expertos de movilidad, hay que preparar dispositivos y no actuar a golpe de improvisiación ni de imposición", reitera.
Por el momento, Pérez se encuentra solo en esta iniciativa entre sus homólogos del sur de la región. "El resto de ayuntamientos no han dado el paso de salir en defensa de sus vecinos, independientemente del partido que gobierne", afirma. "Getafe, Leganés, Fuenlabrada o Móstoles pueden verse perjudicados por las decisiones de la gran ciudad: yo no voy a permitir que me avasallen ni que consideren que los vecinos de Madrid capital son más importantes", añade.
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