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Unidas Podemos - IU presenta un plan de rescate social para hacer frente a la crisis
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(Foto: Chema. Barroso)

Unidas Podemos - IU presenta un plan de rescate social para hacer frente a la crisis

miércoles 10 de junio de 2020, 13:43h

El Grupo Parlamentario Unidas Podemos – Izquierda Unida Madrid en Pie, representado por Isa Serra y Sol Sánchez, ha presentado este miércoles a los medios de comunicación a través de una rueda de prensa telemática su Plan de Rescate Social frente a la crisis, un documento con más de 100 medidas diseñadas para “proteger a las personas, garantizar los derechos sociales y cuidar a la Comunidad de Madrid”.

“La crisis sanitaria del Covid-19 se ha convertido también en una crisis económica y social que requiere un sobre-esfuerzo por parte de las instituciones y poderes públicos para proteger los derechos de la ciudadanía madrileña”, ha dicho Serra a los medios de comunicación, a quienes ha señalado que el Plan de Rescate Social es una estrategia “para un momento concreto” con medidas “a corto y a largo plazo” que se espera que puedan permanecer una vez superadas las crisis sanitaria, económica y social. Asimismo, todas las medidas serán registradas paulatinamente en forma de leyes en la Asamblea de Madrid, ha dicho Serra, quien cree que el conjunto de propuestas no serán consideradas por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

Un ejemplo sería “el refuerzo y mantenimiento de este en el ámbito de lo público, ya no solo en la Sanidad, también en la Educación, la Justicia y en el resto de servicios públicos” de la Comunidad de Madrid, la cual ha insistido que es “la más rica, pero también la más desigualdad, algo que se ha dejado al descubierto tras el paso de la crisis del Covid-19”, ha lanzado Serra. “Las medidas de este documento se extraen de las enseñanzas que nos ha dejado esta crisis”, en especial en las áreas de sanidad, cuidado de los más mayores, derechos de la infancia y la adolescencia, ayuda a las familias monoparentales, renta garantizada, educación pública, feminismo, economía y justicia fiscal, vivienda, transición ecológica, cultura y transporte público y sostenible.

En primer lugar, el Plan se centra en el ámbito sanitario: “el modelo neoliberal que ha impuesto la derecha madrileña en las últimas décadas con permanentes recortes en la sanidad pública en favor del modelo privado, así como la precarización de derechos laborales en el ámbito sanitario, nos deja un panorama de casi 3.000 camas cerradas y 3.200 trabajadores y trabajadoras menos que hace diez años”. Para enfrentar esta situación, Unidas Podemos – IU proponen el blindaje de la Sanidad Pública, 100 por ciento pública, de calidad y con garantía de acceso universal.

Para ello, entre otras medidas, proponen ampliar la inversión en Sanidad, blindar su titularidad pública en el Estatuto de la Comunidad de Madrid o aplicar las disposiciones legales necesarias para establecer mecanismos de compra centralizada de todos los medicamentos y productos sanitarios. Del mismo modo, consideran necesaria la creación de una Ley de Atención Primaria que permita ampliar el presupuesto que se destina a esta o elaborar un plan de Recursos Humanos que aborde las plazas sin cubrir que se consideran de difícil cobertura, redimensione los cupos en base a un indicador que introduzca criterios de complejidad clínica y variables socioeconómicas.

Unidas Podemos – IU aboga por garantizar a los profesionales sanitarios unas condiciones laborales dignas, acabar con las listas de espera y crear un Plan de Salud que refuerce la máxima que la Organización Mundial de la Salud (OMS) define de la salud: “Un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades y que la salud mental es parte integral de la salud”. Así, propone la creación del Observatorio Regional de la Salud que salvaguarde el sistema sanitario público, diseñar y desarrollar un sistema de vigilancia epidemiológica para las enfermedades y problemas de salud mental y poner en práctica una estrategia de promoción y prevención en el campo de la salud mental que recoja el cambio de los modelos sociales de género que producen vulnerabilidad en la salud de las mujeres.

Residencias, infancia y familias monoparentales

“Sin querer entrar ahora en la polémica política de lo ocurrido en las residencias de ancianos, es necesario que se revise el modelo de residencias de la Comunidad de Madrid”, ha dicho Serra, que ha señalado que al ser el 95 por ciento de estas privadas se ha favorecido a que grandes fondos de inversión extranjeros, muchas de ellos con sedes en paraísos fiscales, hagan negocio con la salud y los cuidados de los más mayores. “La situación de las residencias ha sido denunciada reiteradamente por las asociaciones de familiares, que piden un modelo público, el aumento de los ratios de personal, la eliminación de la precariedad entre las trabajadoras, el aumento de la formación, la reforma y adaptación de los centros y un mayor control por parte de la administración de lo que pasa en los centros de mayores”, se indica en el documento.

Por ello, proponen la creación de una ley de residencias públicas y de calidad que impulse un cambio de modelo que tenga como elemento central la apuesta por potenciar el AMAS o una empresa pública de residencias creada al efecto; garantizando la medicalización de las mismas, el aumento de ratios y la exigencia legal de formación de las y los trabajadores, entre otras cosas. Del mismo modo, solicitan crear una empresa pública de dependencia a partir del AMAS o en colaboración con dicha agencia, que gestione las residencias públicas e incorpore como trabajadoras a las trabajadoras de asistencia a la dependencia, teleasistencia y similares servicios que en estos momentos están externalizados y se prestan por empresas privadas.

En lo referido a los derechos de la infancia y la adolescencia, Unidas Podemos – IU enfatiza en lo fundamental de la prevención y la protección ante situaciones de violencia contra la infancia, la pobreza infantil y la vulneración de derechos de cualquier índole, muchos de los cuales derivan de problemas sociales como la desigualdad económica o social, de asimetrías de poder y falta de políticas públicas activas en salud, deporte, ocio o educación. Por este motivo, proponen la creación de una ley de medidas urgentes educativas de apoyo, adaptación y compensación pos crisis que englobe el préstamos de libros escolares, el refuerzo de plantillas de equipos de orientación educativa y psicopedagógica, profesorado de apoyo y atención a la diversidad, la apertura del colegio en horario de tarde y la habilitación de espacios en los centros públicos para la conciliación, con profesorado atendiendo al alumnado en clases de refuerzo para compensar los meses perdidos, entre otras cosas.

“Un 10,6 por ciento de las familias monoparentales de Madrid sufren exclusión severa y un 16,1 por ciento exclusión moderada; y uno de cada dos hogares de este tipo (el 50 por ciento) están en riesgo de pobreza y exclusión”, dicta el documento, que añade que “el 43 por ciento de las mujeres con hogares monoparentales están en paro y un 17 por ciento tiene ocupación sin contrato”. Para el Grupo Parlamentario, se necesitan medidas de apoyo a la conciliación que les faciliten la reincorporación o, en su defecto, la búsqueda de empleo, como la creación de una línea de ayudas económicas, la regulación dentro de las empresas para priorizar a las familias monoparentales en los perfiles de teletrabajo o la incorporación prioritaria de estos menores a las clases presenciales, entre otras cosas. Asimismo, hacen hincapié en la necesidad de crear una ley que garantice la equiparación de las ayudas de estas familias a las ayudas que recibien las familias numerosas.

Renta garantizada y vivienda

Madrid es la Comunidad más rica y la cuarta más desigual, dice el documento, que señala que mientras se perdonan anualmente 4.500 millones de euros en impuestos a los más ricos, es la Comunidad que menos gasta per cápita en políticas sociales (educación, sanidad y servicios sociales). Por ese motivo, abogan por una declaración de “emergencia social” que implique la liberación presupuestaria de urgencia de partidas económicas para ampliar en un 50% el complemento para menores de la RMI. Del mismo modo, promover una ley de garantía contra la pobreza que revise la Renta Mínima de Inserción actual, pasando a llamarse Renta Mínima Suficiente, aumentando el presupuesto destinado a esta prestación de los 134 millones de euros a 450 millones, la mitad de lo que se perdona anualmente por el impuesto del patrimonio a las rentas más altas, para ampliar la prestación hasta los 600 euros base, para atender el elevado coste de la vida en la Comunidad de Madrid.

Del mismo modo, la formación señala que el acceso a una vivienda digna y adecuada constituye un derecho humano fundamental, pero en la actualidad el acceso a una vivienda digna sigue siendo un privilegio del que miles de personas son excluidas en nuestro país, siendo una situación límite en la región madrileña. Por ello, proponen la creación de una oficina de vivienda que actúe como mediadora anti-desahucios y que preste servicio de asesoramiento y gestión de ayudas al alquiler, la moratoria en el pago de los alquileres de las viviendas de propiedad pública y ayudas para el pago de hipotecas en los casos de necesidad; la puesta en marcha de un plan intensivo de rehabilitación y renovación del parque público de viviendas y la construcción y blindaje de un parque público de viviendas en régimen de alquiler para que la Comunidad de Madrid no se pueda desprender de él, entre otras medidas.

Feminismo y economía

Por otra parte, para Unidas Podemos – IU, en cualquier crisis, quienes más pagan las consecuencias son las mujeres puesto que las actividades esenciales para el sostenimiento de la vida, si carecen de las garantías institucionales, recaen sobre los hombros de las mujeres de manera gratuita e invisible. Por ello, solicitan una subversión del sistema a través de la creación de una bolsa de cuidados que permitirá que la CAM contrate a cuidadores profesionales que sirvan de apoyo en los hogares para el sostenimiento de la vida y los cuidados, tanto para crianza como para personas dependientes. Asimismo, proponen la apertura de centros de crisis en cada distrito o municipio para mujeres víctimas de violencia de género, la elaboración colectiva de las medidas contra la trata y la violencia de género incluyendo a las asociaciones feministas y a los municipios, así como dotar de más recursos y personal el teléfono 012 de la mujer y ampliar las ayudas de vivienda, RMI y conciliación a las mujeres víctimas de violencia de género.

Asimismo, sugieren poner en marcha una reforma fiscal que permita avanzar hacia la justicia fiscal. Destinar 3.146 millones a sanidad (53,3 por ciento), a educación (18,25 por ciento), políticas sociales (13,7 por ciento), transporte y vivienda (12,2 por ciento), empleo (1,75) y medioambiente (0,78%). Si se aplicase esa mayor recaudación directamente a incremento presupuestario en estos "ejes estratégicos", la subida media sería del 40,45 por ciento. En el marco económico, otras de las ayudas van encaminadas en la puesta en marcha de una línea de subvenciones dirigida a Pymes y autónomos, la creación de una oficina de vivienda que actúe como mediadora anti-desahucios y que preste servicio de asesoramiento y gestión de ayudas al alquiler, creación de una empresa de energía 100% pública sustentada en fuentes renovables, haciendo especial hincapié en el desarrollo de la energía solar.

Cultura, transporte y justicia

“El sector de la cultura es un pilar del Estado de derecho y eje fortalecedor de la democracia, además es depositario de buena parte de las opciones de aprendizaje, ocio y entretenimiento de la ciudadanía”, dice la formación, que señala que “la protección de la cultura tiene que ser una prioridad, más aún en tiempos de crisis”. Así, proponen la creación de un fondo de Garantía Cultural para que a través de Avalmadrid, se puedan gestionar créditos y ayudas que permitan la supervivencia de las PYMES del sector cultural y canalizar, a través de este fondo, la dotación de una prestación extraordinaria dirigida a los artistas intermitentes sin ingresos que les permita poder afrontar los meses más inmediatos, así como otras medidas.

La crisis del Covid-19 ha puesto a prueba la capacidad de las grandes ciudades y sus entornos a la hora de adaptarse para poder afrontar con éxito la nueva normalidad, sin renunciar a garantizar el derecho a la movilidad de la ciudadanía, señala el Plan de Unidas Podemos – IU, que añade que la reconstrucción va a tener que ir acompañada de una revisión garantista de los planes de movilidad que no pueden apostar por un insostenible uso del transporte privado. Así, sugieren intensificar las tareas de limpieza y desinfección de vehículos y estaciones, asegurar una adecuada oferta de transporte público, dimensionando la red actual (cobertura y frecuencias) de acuerdo con las necesidades reales de movilidad de la población y aumentar el número de carril-bus, especialmente en las principales carreteras de entrada/salida a la capital madrileña, o la aprobación de un billete intermodal que suponga considerar el mismo viaje desde el punto de salida hasta el destino, independientemente de que sean utilizados diferentes medios de transporte público.

Por último, Unidas Podemos – Izquierda Unida señala que la administración de Justicia en la Comunidad de Madrid arrastra graves problemas estructurales, con sedes obsoletas y desperdigadas, falta de medios materiales y personales, precariedad del turno de oficio, etc., e indica que tras la crisis del Covid-19 la Comunidad tiene que hacer frente al previsible aumento de la litigiosidad con una maquinaría que ya antes no estaba convenientemente preparada para cumplir con las expectativas y garantías a las que la ciudadanía tiene derecho. Así, proponen un aumento de la partida presupuestaria destinada a Justicia Gratuita, inversión en medios tecnológicos e informáticos en los juzgados, creación de juzgado de refuerzo en los partidos judiciales con mayor carga de trabajo o incrementar el número de trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid hasta cubrir las necesidades que tiene la justicia madrileña.

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