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El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la nulidad del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que la UTE Parques Singulares interpuso para despedir a trabajadores de Madrid Río, que despedía a 86 trabajadores y convertía 45 contratos indefinidos en fijos-discontinuos.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado este martes abrir causa contra la exalcaldesa de Valencia y senadora del PP, Rita Barberá, por la comisión de un presunto delito de blanqueo de capitales en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, en el marco de la Operación Taula derivada del caso Imelsa. Se acoge así el criterio del Ministerio Público, que el pasado mes de julio solicitó por escrito al alto tribunal que designara un magistrado instructor del asunto.

El administrador de la gestora de cooperativas PSG de Getafe, David Moreno, ha ingresado en la cárcel para cumplir siete años y seis meses de prisión a los que fue condenado en febrero de 2015 por la Audiencia Provincial de Madrid por estafar a 1.800 cooperativistas de viviendas en los desarrollos de barrios de Los Molinos y Buenavista de Getafe.

El exmagistrado Baltasar Garzón y los abogados Manuel Ollé y Eduardo Ranz han solicitado al Tribunal Supremo a través de una demanda que el Valle de los Caídos se convierta en un Espacio de Memoria de las Víctimas y, por ello, se trasladen los cuerpos de los generales Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera.

El Tribunal Supremo ha avalado la campaña publicitaria que hizo la asociación Hazte Oír durante las elecciones autonómicas de 2015 contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, -entonces candidata del PP- por su posición sobre el aborto, al entender que se trata de una manifestación del ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión y la participación política.

El gabinete jurídico de UGT pretende denunciar al Ayuntamiento de Madrid por la "indefinición" del Consistorio respecto al marco legal en el que se sitúan los Agentes de Movilidad. Esto se produce a raíz de una sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo en la que se afirma que los Agentes de Movilidad de Canarias no son Agentes de Autoridad, sino agentes subordinados a la Policía Municipal.

El Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid ha citado a declarar como investigados al presidente y consejero delegado de AENA, José Manuel Vargas Gómez y al anterior presidente de AENA, Juan Ignacio Lema Devesa, el próximo 4 de julio por presuntos delitos de desobediencia y contra el medio ambiente. Así consta en una providencia en la que la juez María del Sagrado fija las comparecencias en el marco de la querella que investiga diversos desacatos judiciales en relación a los sobrevuelos de aviones en esta urbanización madrileña, situada a 16 kilómetros del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) recuperará provisiones por 446,3 millones de euros en este ejercicio, tras recibir una sentencia del Tribunal Supremo favorable a los intereses de la compañía, en relación con la expropiación de varias fincas en el marco del proyecto de expansión del Aeropuerto de Madrid-Barajas.

El Tribunal Supremo ha declarado efectivo el derecho de los trabajadores del extinto Servicio Regional de Bienestar Social (SRBS) y actual Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) al disfrute de cinco días de asuntos propios de 2014, siendo jornadas retribuidas incluyéndose en el cómputo de la jornada anual.

El Tribunal Supremo ha condenado a 89 años de cárcel a Ángel Suárez Flores, 'Casper', por delitos de torturas, amenazas, lesiones, tráfico de drogas, detención ilegal y tenencia ilícita de armas como líder de una organización criminal dedicada a robar cargamento de droga a otros 'narcos' con métodos extremadamente violentos.

El Tribunal Supremo ha condenado a los exalcaldes socialistas Pedro Torrejón y Joaquín Tejeiro a un año de prisión y a una multa de nueve meses con cuota diaria de 15 euros en el marco del 'caso Ciempozuelos'. Los exalcaldes fueron absueltos por la Audiencia Provincial pero la Sala de lo Penal ha estimado el recurso de casación interpuesto por el fiscal (al que se adhirió el PSOE). Los delitos de los que se les acusaba son, entre otros, blanqueo de capitales, negociaciones prohibidas, prevaricación y tráfico de ingluencias.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 4 de Madrid ha validado el plan de pagos del Ayuntamiento de San Martín de la Vega para hacer frente a la sentencia de 2015 que condenó a la corporación a devolver 5,5 millones de euros al Parque Warner y podrá fraccionar el abono de esa cantidad hasta 2027.

Los dos policías de Getafe condenados por homicidio a 3 años y 9 meses de prisión han presentado ante el Tribunal Supremo la petición de indulto al Ministerio de Justicia, así como la suspensión de su ingreso en prisión hasta que se resuelva.

El Tribunal Supremo ha condenado a Izquierda Unida federal e IU de la Comunidad de Madrid a pagar una indemnización de 10.000 euros por vulneración del derecho al honor y la intimidad de Miguel Ángel Pedrosa Ruiz, rival político de esta formación en Colmenar Viejo, y que fue calificado en una web de la coalición de izquierdas de ser un estafador, chorizo o sinvergüenza.

El Tribunal Supremo ha rechazado la querella presentada por el partido político Contrapoder contra Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, al que acusaba de prevaricar por haber ordenado el ingreso en la cárcel de Raúl García y Alfonso Lázaro, los dos titiriteros que permanecieron cinco días en prisión preventiva por enaltecimiento del terrorismo e incitación al odio en relación con una obra que interpretaron en los Carnavales de Madrid.

Los habitantes de Ciudad Santo Domingo (Algete) se han quejado este martes de que la sentencia del Tribunal Supremo de 2008, por la cual se pide cesar los vuelos sobre la zona, sigue sin cumplirse.

El Supremo confirma la pena de 11 años de cárcel al acusado, que prendió fuego al inmueble situado en la calle López de Haro de Madrid con tres botellas de campingaz.

La Sala III del Tribunal Supremo (TS) ha confirmado que los propietarios del suelo de la zona donde se proyecta la Operación Chamartín deben costear el soterramiento de la vía férrea incluido en el Plan de Prolongación de la Castellana, pero no la nueva línea de Metro que se prevé en dicho Plan.