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    18 de agosto de 2019

okupaciones

En Parla, el controvertido complejo de viviendas del número 15 de la calle Toledo está a punto de cumplir 50 días sin conexión eléctrica. Sus más de mil inquilinos, la mayoría de ellos okupas regularizados, necesitan un certificado que diga que la instalación está en buenas condiciones. El Ayuntamiento les ha prometido ahora que les ayudarán ante la compañía de la luz si lo consiguen. Sin embargo, el recelo hacia ese edificio por una parte de la sociedad parleña sigue cotizando al alza y hay voces que piden su desalojo y derribo.

Cerca de 1.200 personas, de las que medio millar son menores, llevan sin suministro eléctrico desde el pasado día 26. Son los residentes del complejo de viviendas de la calle Toledo 15 de Parla, un inmueble que se ha convertido en una colonia de excluidos sociales, la mayoría de origen magrebí aunque asentados en España desde hace años. La compañía de la luz les ha cerrado el grifo porque el contrato había expirado hacía meses. Ahora, los vecinos se vacían los bolsillos para crear un fondo y negocian con la eléctrica para firmar por primera vez un contrato a su nombre que les saque de la oscuridad.

Cerca de un millar de personas que residen en el complejo destinado a vivienda de protección oficial de la calle Toledo de Parla suman este viernes su quinto día sin luz. La compañía ha cortado por impago el suministro al inmueble, de cuya deuda se erige como propietaria la SAREB tras la quiebra de Bankia y la promotora que lo levantó. El Ayuntamiento teme por la seguridad y la salud de los vecinos. Para más polémica, sólo 25 familias viven ahí de forma legal, por lo que toda solución definitiva aparece muy al final del túnel.

La primera teniente de alcalde de Madrid, Marta Higueras, ha puntualizado que la oficina antidesahucios "no se cerrará", sino que "cambiará de nombre y de lugar" porque "ampliará sus competencias", entre las que se encuentra atender casos de okupaciones de viviendas.

Desde que se hiciera efectivo su nombramiento el pasado 15 de abril, el coordinador Provincial de Seguimiento de Viviendas Ocupadas, el inspector jefe de la Policía Nacional Sergio Gámez, ha recibido sólo en abril un total de 786 denuncias por parte de los ciudadanos, alertando de posibles usurpaciones en sus zonas de residencia, ha informado la Delegación del Gobierno en Madrid en una nota de prensa.

La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, ha anunciado este martes la creación de la figura de un coordinador policial especializado en la lucha contra las usurpaciones de viviendas de la Comunidad de Madrid "para que cada vez sean más efectivas".
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