El Instituto de Medicina Legal es el lugar en donde reposan los muertos hasta que se les realiza una autopsia o hasta que se decide qué hacer con ellos en caso de alguna reclamación o proceso judicial pendiente. El centro, inaugurado en diciembre de 2020, se sitúa en el llamado “dónut de Valdebebas”, muy cerca del Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal. De las 123 cámaras frigoríficas individuales que alberga, más de 30 están estropeadas desde hace unos dos meses, lo que ha generado “fuertes olores” y un riesgo de saturación en el servicio, según fuentes sindicales. Por su parte, desde la Comunidad de Madrid confirman que las piezas para reparar las cámaras llegarán sobre el 20 de febrero y niegan problemas de capacidad porque tienen “un colchón de unas 20 o 30 vacías”.
“Las cámaras no se han averiado todas de golpe, ha sido progresivo”, explica Felicidad López, delegada de Justicia en Comisiones Obreras Madrid. Según la información que obra en su poder, derivada de lo que transmiten algunos trabajadores del IML, las cámaras se han ido estropeando desde el pasado otoño sin que se haya puesto ningún remedio hasta ahora.
Asegura que debido al mal funcionamiento de estos frigoríficos, ha llegado a ocurrir que algún cadáver ha comenzado a entrar en un proceso de descomposición, algo que ha generado “fuertes olores a cadáver” de manera constante durante varias jornadas consecutivas, hasta que se ha trasladado a otro. De hecho, apuntan a que algún trabajador ha llegado “a vomitar” por esta causa.
“Si el cadáver se lleva más de 48 horas en una cámara sin refrigerar empieza a descomponerse”, explica López, quien señala otro problema derivado de este mal funcionamiento: la posibilidad de la falta de espacio. Señala la delegada que el jueves pasado cifraron en ocho el número de frigoríficos disponibles, un número que resulta inaceptable al sindicato por el riesgo que entraña al servicio, una cuestión que también preocupa a UGT.
A estos respectos, fuentes de la Consejería de Presidencia, Interior y Justicia, cuya cartera la ostenta Enrique López, niegan todos los temores. Es decir, niegan la existencia de cadáveres en descomposición albergados en cámaras averiadas durante más de 48 horas; niegan la existencia de fuertes olores de forma constante; y niegan el riesgo de falta de capacidad para nuevos cuerpos y el compromiso del servicio porque hay “unas 20 o 30” cámaras libres. Lo único que confirman es la avería de una treintena de cámaras, un 25 por ciento del total, aunque señalando que el próximo 20 de febrero llegarán las piezas necesarias para su reparación, en concreto, nuevas baterías.
Más discrepancias
Desde Comisiones Obreras insisten en que “no es normal” que se hayan averiado más de 30 cámaras frigoríficas apenas dos años después de la inauguración del Instituto de Medicina Legal. “Debe haber un problema muy serio para que unas 33 cámaras como mínimo se hayan estropeado en unos meses”, asegura. Sobre la dificultad que entraña su reparación, López es consciente de que estos dispositivos tienen características muy especiales que impiden repararlas “de un día para otro”. Aquí, critica la tardanza de la Administración en actuar para resolver los problemas y tilda de insuficiente la fecha dada por la Consejería, la del 20 de febrero, ya que es conocedora de la situación desde el principio.
"Trabajadores han llegado a vomitar"
En esta misma línea se sitúan UGT. Áberto Cabezas, delegado de Justicia, entiende al igual que su homóloga que es una situación poco aceptable, aunque con matices. Por un lado, lamenta que en el IML de la Comunidad de Madrid, un centro de referencia a nivel europeo, se haya llegado a tener esta treintena de cámaras estropeadas. “No puedes tener 30 cámaras averiadas durante dos meses”, cuenta Cabezas, quien entiende que debería haberse hecho un esfuerzo para agilizar la reparación del 25 por ciento de la capacidad del centro.
Sin embargo, a diferencia de Comisiones Obreras, en UGT no han registrado a través de los trabajadores con los que mantiene contacto un problema relativo a los fuertes olores ni a un riesgo real de quedarse sin espacio para nuevos cadáveres. “No hemos recibido ninguna queja específica sobre estos problemas”, asegura. En cuanto a la posibilidad de que algún cuerpo haya podido comenzar a descomponerse en alguna de esas cámaras averiadas, tal y como afirman desde el otro sindicato, Cabezas ni niega ni confirma porque asegura no tener datos.
"No se ha comprometido el servicio"
Otro problema que denuncia Comisiones Obreras es la inoperatividad de una de las cámaras colectivas. Estos son espacios de grandes dimensiones, similares a las cámaras de una carnicería del tamaño de una habitación. En el IML existen dos de este tipo, sin embargo, según la delegada López una de ellas se encuentra inservible por la falta de ciertos materiales accesorios como rodillos. “Es como si no existiera porque no se pueden utilizar, no se pueden desplazar las bandejas”, describe.
Sobre este punto, también discrepa la Consejería de Presidencia, Interior y Justicia ya que aseguran que ambas cámaras colectivas se encuentran en perfecto funcionamiento y que el mantenimiento es diario.
Repercusión política y parlamentaria
La situación ha llegado a oídos de varios grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid, en concreto, para todos los grupos de la oposición excepto Vox. Este diario se ha puesto en contacto con Más Madrid para conocer si tienen pensado realizar alguna acción política o parlamentaria ante la situación. El diputado Hugo Martínez Abarca es la persona encargada de Justicia en la formación. “Vamos a pedir una visita para verlo con nuestros propios ojos”, asegura, mientras avanza que van a registrar preguntas para la próxima sesión de la Comisión de Justicia en el Parlamento regional, en 10 días.
“El Gobierno podría salir hoy mismo a explicar qué medidas va a tomar, debería ser él el que de motu proprio organizar una visita tanto de los grupos como de los sindicatos para mostrar la situación en el IML”, explica. Como valoración general, este diputado tiene claro que este centro está ubicado en un lugar muy “delicado” ya que es el único edificio funcional del fallido, polémico y envuelto en investigación judicial Ciudad de la Justicia.
Por su parte, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha sido el único cargo que se ha pronunciado al respecto de forma pública. Según sus palabras, “la prestación del servicio no se ha comprometido en ningún momento” debido al tipo de mantenimiento riguroso y exigente, además de que se ha mantenido informado en todo momento al Comité de Seguridad y Salud, órgano que no ha dictaminado ningún riesgo laboral. Sobre la media de uso, el vicepresidente la ha cifrado entre las “60 y 80”, por lo que a pesar de la avería de una treintena, siempre habrá un “colchón” de entre “20 o 30” cámaras libres.
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