Podemos plantea la creación de una inmobiliaria pública para evitar que “Madrid se venda en Wallapop”

Con la vista puesta en los comicios autonómicos del próximo 28-M, los candidatos de las diferentes formaciones han comenzado ya a hacer públicos sus primeros compromisos electorales. La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid y candidata a la Presidencia de la Comunidad, Alejandra Jacinto, ha avanzado tras la Junta de Portavoces de este martes su intención de poner en marcha una inmobiliaria pública madrileña como contrapeso a la “jungla de ladrillo en la que se ha convertido la región” y que “garantice el derecho a la vivienda de todos los madrileños”.

"Tienen que existir entidades públicas que garanticen el derecho a la vivienda que sea capaz de competir con el oligopolio que representan inmobiliarias como fotocasa o redpiso. Una inmobiliaria que aporte garantías y ofrezca seguridad jurídica a inquilinos y las ayudas que necesitan los propietarios. Vamos a poner en orden la jungla y a frenar la especulación", ha anunciado.

El objetivo no es otro que transformar la actual Agencia de Vivienda Social y lograr que las 240.000 viviendas que permanecen vacías en la región salgan al mercado a precios asequibles. Para ello Podemos trataría de incentivar a los propietarios con distintos beneficios tributarios, tales como el pago del IBI a cargo de la administración pública, tres meses de garantías públicas que, de manera adicional a la fianza, pagaría la propia Comunidad o la exención a los impuestos autonómicos sobre la propiedad. Asimismo, podrían optar a una nueva línea de ayudas para la rehabilitación de la vivienda.

Los inquilinos, por su parte, dispondrían acceso una vivienda cuya renta no superase el 30 por ciento de la renta media del municipio o distrito donde se ubique. "El derecho a la vivienda es el principal problema que tienen los madrileños. Ayuso ha decidido poner Madrid en Wallapop y vender a pedazos la región, tratando de malvenderla a especuladores", ha lamentado la portavoz.

La entidad contaría con oficinas en todos los municipios y distritos de las grandes ciudades de la Comunidad, cada una gestionando los inmuebles de su demarcación. De esta forma, explican, posibilitaría la competecia directa con las inmobiliarias privadas.