Ayuso abre la puerta a revocar el contrato de comidas en la residencia Francisco de Vitoria

Comida y agua en mal estado, falta de personal, ratios inabarcables para los trabajadores, "trabas" a las inspecciones sanitarias municipales e incluso fugas de residentes. Ese es el “precario” escenario que denuncian, desde hace ya varias semanas, usuarios, familiares y los propios trabajadores de la residencia de ancianos Francisco de Vitoria, en Alcalá de Henares.

El último episodio en sus reivindicaciones tuvo lugar el pasado jueves, coincidiendo con la celebración del penúltimo pleno de la legislatura en la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Invitados por el grupo parlamentario de Unidas Podemos, varios familiares y trabajadores del centro, junto al concejal de Izquierda Unida en el municipio, David Cobo, y el coordinador local de Podemos, Julián Martínez, acudieron a la sesión de control del Pleno, donde se debatía la cuestión, para trasladar sus demandas a los representantes y exigir una solución inmediata para sus mayores.

Finalizada la sesión, una de estas familiares, Julia Martínez, abordó a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, en los pasillos de la Cámara. Tras una conversación cordial de diez minutos, tal y como avanzan desde la Cadena SER, Ayuso se habría comprometido a revisar el contrato de comidas de la residencia para, “si se dan las condiciones”, revocarlo. “No soy ninguna loca, como dicen desde la dirección del centro. Mi mamá ha perdido ya cerca de 20 kilos desde que ingresó. ¿Si le ponen comida podrida a los ancianitos, qué le echarán en el puré a mi mamá?, ha relatado este mismo martes a Madridiario.

Acto seguido, el equipo de la regidora habría tomado los datos de los familiares presentes para reunirse con ellos y abordar la cuestión en mayor profundidad. Es esta una importante novedad en el conflicto, y es que, hasta la fecha, la versión gubernamental había pasado por la negación del problema. Aunque todavía no ha recibido contacto alguno por parte del Ejecutivo, Martínez prefiere "ser positiva" porque "cuando le expliqué a la presidenta cómo estaban los abuelitos, la residencia y que no todo es color de rosa, me escuchó".

A las declaraciones en off de la presidenta, se suman ahora las de la consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa, quien dice permanecer “muy vigilante” con respecto a la alimentación que se ofrece en las residencias de mayores, pese a que el precio del menú diario asciende a tan solo 4,60 euros. En cuanto a la polémica en la Francisco de Vitoria, Dancausa reconoce que se han producido incumplimientos y afirma que, con vistas al futuro, se tomarán las decisiones necesarias para garantizar la calidad de los menús: “En este momento nos centramos en controlar la calidad de la alimentación. Hemos impuesto una serie de penalizaciones a la empresa proveedora porque no estaban cumpliendo con lo acordado”. Aunque en este momento sí se está cumpliendo, ha matizado, “tomaremos las medidas oportunas para garantizar que la comida sea de la máxima calidad”.

Más allá de la cuestión nutricional, los familiares denuncian que la baja calidad del agua ha traído consigo casos de legionelosis, una infección respiratoria similar a la neumonía y que es causada por la bacteria Legionella. En paralelo, la "abismal" falta de personal, con tan solo dos auxiliares por módulo, provoca que "los trabajadores no puedan atender las necesidades de todos los residentes", llegando incluso a producirse "fugas". Por todo ello, urgen medidas que contribuyan a paliar la situación y convocan una manifestacion el próximo sábado, día 25, a las doce del mediodía, frente a las puertas de la residencia.

Unidas Podemos, con los familiares

En referencia a la campaña de la Comunidad ‘Mi residencia es mi casa’, la líder y portavoz de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, se sirvió de la sesión plenaria para exigir al Ejecutivo mejores servicios en las residencias de la región. “¿Usted en su casa puede abrir el grifo y beber con normalidad? ¿Usted en su casa disfruta de comer alimentos frescos, en buen estado, o, por el contrario, de comida podrida?”, preguntó la diputada al tiempo que mostraba una coliflor en mal estado a la bancada popular. “Es lo que ustedes están dando a nuestros mayores”, aseveró.

Apenas unos días antes, Jacinto se había reunido con los familiares y trabajadores de la Francisco de Vitoria para brindarles el apoyo de su partido. “Es indecente que el Partido Popular esté ofreciendo este tipo de comida a las personas mayores de nuestra región y lo haga, además, en las residencias públicas. Estoy convencida de que la señora Ayuso no se lo daría a ningún familiar ni a ningún amigo”, espetó ante la prensa.

Más episodios de tensión

El mayor episodio de tensión, no obstante, se alcanzó a principios de mes, cuando el Ayuntamiento de Alcalá acusó a la dirección del centro, dependiente de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), de tratar de impedir una inspección sanitaria municipal, hasta el punto de ser necesaria la mediación de la Policía Local para que la inspectora y los técnicos pudiesen finalmente acceder a las instalaciones en torno a hora y media después de personarse en el lugar.

Ante tales acusaciones, la Comunidad de Madrid ha dado una versión muy diferente de lo ocurrido. Fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social explicaron entonces que, con el fin de preservar la protección de los residentes, "lo primero que se ha hecho ha sido consultar con la Dirección General de Salud Pública", quien se encarga de realizar los controles periódicos en las residencias de titularidad y gestión pública, sobre la posibilidad de que estos inspectores municipales accediesen a la residencia. Una vez recibido el visto bueno, aseguraron las mismas fuentes, los técnicos pudieron realizar esta labor "con normalidad".

Sin embargo, las explicaciones del Ejecutivo regional no convencieron del todo al alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez, ni a su concejala de Salud, Blanca Ibarra. Ambos pusieron el foco en las “trabas” que, a su juicio, tuvieron que sortear los responsables del Ayuntamiento para realizar su trabajo y lamentaron que la demora “puede distorsionar la eficacia de la inspección, ya que la sorpresa es parte fundamental para conocer el verdadero estado de las cosas en cualquier establecimiento inspeccionado". Esta actitud "de resistencia a la autoridad sanitaria", zanjaron, es "impropia entre administraciones y bordea la legalidad".