La Comunidad licitará un nuevo contrato de alimentación para las residencias de mayores

Apenas un día y medio después de que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, asegurase que el acuerdo alcanzado el pasado mes de septiembre para suministrar alimentos a las residencias y centros de día de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) sería prorrogado de forma "temporal y técnica" a la espera de hallar la fórmula que permitiese ofrecer el mejor servicio posible a los residentes, fuentes de la consejería de Familia, Juventud y Política Social trabajan ya en la licitación de un nuevo contrato que ponga fin a la polémica.

Según ha podido saber Madridiario, el nuevo convenio contará con un presupuesto de 26 millones de euros anuales, frente a los actuales 20,8, lo que supone un incremento del 25 por ciento. No obstante, hasta su entrada en vigor en enero de 2024, se mantendrá vigente el plan actual, reforzando, eso sí, los controles de calidad.

Al margen de las quejas por parte de familiares, usuarios y trabajadores en cuanto a la calidad del servicio, el aumento presupuestario, tal y como explican desde el área que dirige Concepción Dancausa, se fundamenta en la necesidad de dar respuesta a la subida del coste de los alimentos registrada en los últimos meses: "El actual contrato (...) se calculó con los precios de 2021 que ahora es necesario actualizar con un nuevo contrato que permita compensar el incremento de los costes laborales y la inesperada subida del IPC".

Más allá de los términos económicos también se verán modificados los criterios de adjudicación. Con el objetivo de "primar la calidad frente al precio ofertado por los licitadores" y "seguir manteniendo y mejorando la calidad del servicio de comidas que se presta a los usuarios de estos centros", el nuevo marco reduce del 70 al 50 por ciento el peso atribuido a la oferta más baja en el momento de la asignación.

Como medidas de control adicional, una vez el contrato sea adjudicado, se llevarán a cabo visitas semanales a los almacenes de los distintos proveedores, además de dos controles analíticos mensuales para garantizar la correcta ejecución del suministro. En paralelo, se endurecerán las sanciones por incumplimiento de las condiciones acordadas.

Un total de 83 recursos, entre los que se figuran residencias, centros de día, centros para personas con discapacidad intelectual, comedores sociales y centros de protección de menores, se verán beneficiados por el nuevo acuerdo. En suma, estos centros atienden a más de 9.600 usuarios.

¿Fin del "calvario" de residentes y familiares?

"Es una gran noticia, pero ahora hay que ver que, al subir los precios de los menús, cuál será el valor nutricional", apunta Julia Martínez, hija de una de las residentes tras conocer que se realizará un nuevo convenio. "Es un pasito después de la presión que hemos metido", añade.

Esta decisión llega dervivada del "calvario" expuesto en múltiples ocasiones por los familiares de los usuarios en residencias como la Francisco de Vitoria de Alcalá de Henares, foco de la polémica en las últimas semanas a raíz del servicio de comida y agua en mal estado. "Mi madre ha perdido ya cerca de 20 kilos desde que ingresó. Si le ponen comida podrida a los ancianitos, ¿qué le echarán en el puré a mi mamá?", explicaba a este digital Martínez, que llegó incluso a reclamar soluciones en un cara a cara con la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso.

Pero Julia Martínez no quiere celebrar todavía la decisión. Le preocupa que, aunque el precio del menú suba, el valor nutricional de la comida que se sirva a los usuarios de la residencia siga siendo el mismo. "¿Fin del calvario? No hasta que no se vean resultados y vamos a seguir en la lucha. Aparte de la comida, hay muchas precariedades más en la residencia", destaca.

De la mano de Martínez, así como de otros afectados, la cuestión ha sido también objeto de debate en la Asamblea de la Comunidad de Madrid. En concreto, a través de la portavoz de Unidas Podemos y candidata a la presidencia, Alejandra Jacinto, quien mostró ante la bancada popular una coliflor podrida para denunciar las fallas del servicio e incluso llegó a elevar el asunto ante la Fiscalía de Alcalá. Al apoyo de la plataforma morada se ha sumado en las últimas el del líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato.

Otro de los actores clave en la resolución final ha sido el propio Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Tras un importante episodio de tensión, la institución no dudó en acusar públicamente a la dirección del centro de obstaculizar una inspección sanitaria municipal, hasta el punto de ser necesaria la mediación de la Policía Local para que la responsable y los técnicos pudiesen finalmente acceder a las instalaciones.