El Gobierno municipal movió ficha el viernes con un guiño a Vox que este lunes se ha confirmado infructuoso. Al menos, por ahora. José Luis Martínez-Almeida cedió a su exigencia de aplicar una moratoria para que los vehículos ligeros de mercancías tipo B puedan seguir circulando por la Zona de Bajas Emisiones Distrito Centro durante todo 2023, pero Javier Ortega Smith se mantiene en su casilla del 'no' a los Presupuestos. Aunque le reconoce al alcalde el "acierto" en esta medida, dobla su apuesta y le advierte de que "hasta que no permita que todos los coches sin etiqueta puedan entrar en Madrid nuestro 'no' lo tienen ya". El regidor, que ha vuelto a personalizar en el portavoz de Vox el bloqueo a las cuentas, lo ha acusado de actuar "a lema limpio" obviando las limitaciones legales para atender su petición.
"Ortega Smith reclama volver atrás en medidas ya en vigor cuando la Ley de Cambio Climático del Gobierno de la nación impide que se puedan adoptar medidas regresivas", ha remarcado el líder del Partido Popular esta mañana. Vox desoye sus argumentos y se enroca en que con la moratoria a camiones y furgonetas de menos de 3.500 kilos "demuestra que es legal y posible" la suspensión de las multas en las ZBE. Sin embargo, la normativa nacional no permite anular políticas de sostenibilidad ya activas, como las propias zonas de bajas emisiones de Centro, Plaza Elíptica o la M-30.
Vox entiende este movimiento de PP y Cs como un gesto electoral y no como una cesión a sus exigencias. "Van oliendo las elecciones e intentan llegar con parches que no les hagan tan descargado ese engaño y traición -de no derogar Madrid Central-", ha manifestado Ortega Smith. Tampoco gustan en Vox las formas y han afeado al Gobierno local que rechazara esta propuesta cuando ellos la elevaron al Pleno y de apropiarse de ella a su conveniencia. "Quieren ponerse la medalla a ellos mismos", se quejan. Así, pese a la victoria que les han concedido, los de Santiago Abascal no claudican. "El alcalde tiene que seguir en esta línea. No ha hecho más que empezar", afirman con inconformismo.
La incongruencia llega al corroborar Javier Ortega Smith que no han presentado ninguna enmienda al proyecto presupuestario. Ni total ni parcial. Ni un 'pero' han puesto a la hoja de ruta de Almeida y Villacís para 2023. "Han renunciado a que los votantes de Vox puedan tener algún tipo de utilidad y de influencia en el Ayuntamiento", ha señalado el primer edil que, ya en clave electoral, ha cuestionado "¿qué utilidad puede tener votar a una persona cuyo único discurso es 'no, no, no y no'" en alusión al ya ratificado como candidato de la extrema derecha en Madrid capital.
El portavoz de Vox se ha escudado en que la enmienda a la totalidad "lo es en sí mismo -su rechazo- porque nosotros no vamos a apoyar unos Presupuestos que incluyen más de 400 millones recaudados a base del latrocinio de las multas y que llevan implícitamente la mentira de la Agenda 2030". Su posición no cambia, ni favores mediante. "Madrid Central no ayuda al medio ambiente; solo a recaudar millones y no nos sentamos a negociar con el alcalde hasta que tenga a bien acordarse de tantos madrileños y trabajadores que vienen a Madrid -con vehículos A y B-".
Con todo, Martínez-Almeida no solo responsabiliza a Vox de la prórroga presupuestaria hacia la que se encamina el Consistorio. "Los grupos de la oposición han decidido que los madrileños les pagan el sueldo por decir 'no' y ni siquiera sentarse a negociar", les ha reprendido. La vicealcaldesa, Begoña Villacís, aún no da las cuentas por perdidas y tiende la mano a los partidos. "Estamos dispuestos a hablar y ceder", ha remarcado este lunes sin admitir que entre esas cesiones se encuentra la moratoria a los transportistas. "No atiende a un partido político, sino a una realidad social que hemos escuchado: los comerciantes tienen problemas para cambiar sus vehículos ahora mismo porque muchos no están llegando y estamos pasando una situación económica muy adversa", se ha justificado.
Tres enmiendas a la totalidad de la izquierda
Vox no transige, pero el resto de formaciones tampoco y, a diferencia de ellos, las formaciones de izquierda sí han presentado tres enmiendas a la totalidad a los Presupuestos. Más Madrid ha añadido 192 enmiendas parciales y PSOE 175. El principal partido de la oposición habla de un proyecto "imposible de aprobar" y alegan como motivos "que dejan la ciudad como está, sin una gran ni pequeña transformación, que demuestran la pésima gestión económica del Gobierno al encontrarse unas cuentas saneadas con un ahorro de 1.000 millones y dejarlo en seis a pesar de transferencias extra del Estado y de Europa y que, en caso de aprobarse, se hará a costa de la salud de los madrileños -refiriéndose a la moratoria a los camiones-".
Así se ha expresado su portavoz, Rita Maestre, quien ha desgranado sus propuestas para enmendar los Presupuestos. Plantear reservar 9 millones para garantizar la gratuidad del comedor escolar a a los menores de tres años, dar ayudas a los propietarios que alquilen pisos a menores de 35 años por un precio más bajo de la media del mercado y construir cinco escuelas infantiles en Arganzuela, Villaverde, Chamberí, Latina y Fuencarral. También incluyen el diseño de la red bus de alta velocidad "que conecte distritos de fuera de la almendra central" y piden el restablecimiento "inmediato" del suministro eléctrico en la Cañada Real y destinar un millón de euros a que los psicólogos del Ayuntamiento acudan a los institutos.
Su concejal de Hacienda, Miguel Montejo, ha calificado de "escandaloso" que las cuentas para el próximo ejercicio hayan reducido la inversión un 18 por ciento, así como que la partida dedicada a los distritos del sur y el este "aumente apenas un dos por ciento". "El gasto por habitante en Latina es de 44 euros menos por habitante que en Centro", ha indicado. Entre las "prioridades" de Más Madrid ha situado el "impulso a la economía social" con 4 millones que apartarían para ayudar a pequeñas y medianas empresas a instaurar la jornada laboral de 32 horas, la construcción de bibliotecas en Puerta del Ángel y San Pascual o la creación de tres nuevos centros 24 horas de atención a víctimas de violencia.
Mar Espinar, portavoz del PSOE, ha defendido su enmienda a la totalidad en la convicción de que los Presupuestos de PP y Cs "no corresponden a ningún modelo de ciudad ni tienen ningún tipo de ambición por mejorar Madrid". Pese a ello, se ha ofrecido a negociar que el texto recoja algunas de sus 175 enmiendas parciales a fin de que "se pueda subsanar la falta de ganas que ha tenido Almeida con la esperanza de poder reequilibrar un poquito esta ciudad y ayudar a las familias que más lo necesitan".
Tal como ha contado su edil de Hacienda, Enma López, han incluido enmiendas para derribar el scalextric de Vallecas "que ellos olvidaron" y también una alternativa para el Paseo de Santa María de la Cabeza. Los socialistas apuestan por movilizar 15 millones, ampliables a 300 utilizando el remanente de tesorería de este año, para ayudas al alquiler a las familias más vulnerables, dos millones más para rehabilitación en la Colonia Experimental de Villaverde y otros dos para iniciar 500 pisos para arrendar, ampliables con el remanente hasta 25 millones en cada actuación.
Pretenden además que no se rebaje el Impuesto sobre Bienes e Inmuebles (IBI) y que esos fondos se empleen en construir un equipamiento en cada distrito. Asignarían cinco millones de euros más para la mejora de la seguridad viale en los entornos escolares, abogan por construir 10 escuelas infantiles, plantean reformar mercados municipales y crear nuevos carriles y aparcamientos para bicicletas.
Recupera Madrid, por su parte, ha optado por registrar una enmienda a la totalidad y no aportar ninguna parcial. "No nos gusta un Presupuesto en el que no se reduce la deuda y baja la inversión", ha subrayado Luis Cueto. El concejal ha asegurado que "hicimos lo que teníamos que hacer" al ser los valedores de que las cuentas de 2022 se aprobaran, pero ha reconocido que se sienten "un poco engañados" porque parte de las medidas pactadas no se han ejecutado. "Pedimos que se cumplieran los acuerdos del año pasado, como los 600 millones que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, debe al Ayuntamiento por competencias impropias; que aceptaran poner en marcha fondo de emergencia habitacional de dos millones (no en marcha) y 34 millones de rebaja de IBI que no se ha hecho por torpeza, negligencia o mala fe", ha enumerado entre los compromisos sin cumplir.
Presupuestos a un lado, el edil carmenista ha arremetido contra el intento del Gobierno de "mercadear una rebaja parcial de Madrid Central", algo "intolerable" para el Grupo Mixto porque supone "jugar con la sanidad de los madrileños y arriesgarse a una multa de Bruselas". En consecuencia, ya avisan que "si se perpetua este intento de moratoria por la puerta de atrás" lo denunciarán ante el Ministerio de Medio Ambiente, en Bruselas y "posiblemente en los tribunales".
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