La Justicia empoderó este miércoles a los vecinos de Arganzuela, concediendo la anulación de la licencia a la cocina fantasma junto al CEIP Miguel de Unamuno. La Asociación de Madres y Padres de Alumnos del centro había presentado un recurso contra esta dark kitchen cuyas chimenas apuntan al patio del colegio. El Ayuntamiento de Madrid puede recurrir la sentencia y, de hecho, está "estudiando" si procede hacerlo, mientras los afectados y la oposición presionan para que se cumpla el mandato judicial. Este jueves, el delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, ha defendido la decisión del Consistorio de conceder la autorización de actividad a la multicocina: "Contaba con todos los informes favorables", ha subrayado.
El auto, revisado por Europa Press, recoge la consideración del juez de que resulta "indudable" que este negocio de preparación de comida a domicilio produce "perjuicios a los vecinos". En concreto, se refiere a molestias derivadas del ruido provocado por los vehículos que se encargan del delivery, una cuestión que el proyecto "no ha valorado". Se detiene además el magistrado en el humo que emiten las 12 cocinas industriales que operan en el recinto. Su proximidad al centro educativo, sostiene, "hace extremar el deber de la vigilancia municipal", dando así un toque de atención al Consistorio. "Todo ello exige un estudio exhaustivo por la Administración y la adopción, en su caso, de medidas correctoras necesarias", demanda el fallo.
El concejal de Desarrollo Urbano, a quien compete la aprobación de las licencias para este tipo de actividades, ha justificado la concesión a la multicocina de la calle Alejandro Ferrant, 8, en que varios informes "indican que no era necesario el informe de evaluación ambiental". Mariano Fuentes ha explicado que los servicios jurídicos del área están "viendo las implicaciones" de esta sentencia y analizando en paralelo "la repercusión" que pueda tener sobre el resto de permisos otorgados para cocinas industriales en la ciudad: 15 más.
La izquierda pide que se cumpla la sentencia
Las familias de los escolares que estudian en el Miguel de Unamuno celebraron ayer que la Justicia les diera la razón y pidieron, vía Twitter, al alcalde que acate el fallo y no lo recurra. "Está en manos del Ayuntamiento. El momento de dejar de poner en peligro a nuestras hijas e hijos es ahora", inciden. Los grupos de la izquierda en Cibeles han salido en su defensa.
"Nos unimos a la campaña de los padres del colegio para pedir que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, no recurra porque incumplen sus propias normas urbanísticas concediendo la apertura de este tipo de cocinas en zonas residenciales. No se puede seguir implantando una actividad económica que genera molestias, olores, impacto en la movilidad, en residuos y en contaminación acústica y atmosférica", ha indicado el concejal del PSOE Pedro Barrero. Por su parte, José Manuel Calvo, edil del Grupo Mixto, ha manifestado que espera que esta decisión judicial redunde en que Almeida y Villacís excluyan esas zonas de cocinas y establezcan una categoría propia con unas medidas muy restrictivas. "Poner coto, regular y restringir", ha reclamado.
Más Madrid, por su parte, ha cargado contra la "carta de legalidad que dio el Ayuntamiento a una actividad que ya estaba provocando enormes molestias a los vecinos de la zonas, a las madres, padres y niños, y jugó por los intereses de unos pocos contra los intereses de la mayoría". Así, tras las sentencia, su portavoz, Rita Maestre ha dado la enhorabuena a toda la comunidad educativa del Miguel de Unamuno por esta victoria que llega después de "más de un año peleando por una cuestión que debería ser de sentido común, que sus hijos jueguen en un patio que no esté rodeado de humos, con motos y bicis en la salida en unas condiciones muy peligrosas".
La respuesta de Mariano Fuentes a sus reclamaciones no ha tardado. El delegado ha pedido "responsabilidad" a la oposición, afeándo a los partidos sus quejas sobre un problema "al que en ningún caso han propuesto soluciones en forma de alegaciones". Se refiere así a las aportaciones que podrían haber presentado al cambio en la normativa del Plan General de Ordenación Urbana, que establecerá nuevas limitaciones a las cocinas fantasma, autorizando solo aquellas ubicadas en zonas residenciales que superen una superficie máxima de 350 metros cuadrados y obligando a que la zona de carga y descarga se habilite dentro del local.
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