La Comunidad también creará una oficina antidesahucios

La oficina antidesahucios de la Comunidad todavía está en fase de diseño, pero ya se recoge el compromiso en el anterproyecto de los presupuestos de la Comunidad de Madrid. De esta manera, sigue la estela del Gobierno de Manuela Carmena, que puso en marcha una Oficina de la Intermediación Hipotecaria en julio.

Atrás quedaron los tiempos en los que Cristina Cifuentes vinculaba a la PAH con grupos "filoetarras" y les acusaba de llevar una "una estrategia política radical". La Comunidad, ahora presidida por Cifuentes, y la PAH Madrid han acordado reunirse una vez al mes para gestionar las políticas antidesahucios que ha puesto en marcha la Comunidad. Entre ellas, la creación de una oficina para intermediadar en estos casos.

Mercedes Lobera, portavoz de la PAH Madrid, ha explicado a este digital que procuraránmejorar la oficina de la Comunidad después de analizar el funcionamiento de la oficina del Ayuntamiento. Así, piden que también incluya a las personas con contratos de alquiler afectadas por desahucios, algo que está replanteando ahora el Ayuntamiento. Además, solicitan que se ofrezca a los afectados una segunda oportunidad, con la posibilidad de la dación en pago retroactiva e, incluso, quitas, en vez de recurir en "la mayoría de las ocasiones" a la reestructuración de la deuda, porque no permite salir del problema a los afectados. Por este movito, la PAH insta a las Administraciones a utilizar el diálogo que han abierto con las entidades bancarias para ir más allá de las reestructuraciones de deuda y conseguir daciones en pago, algo que, según recuerdan, ellos consiguen en ocasiones para las personas a las que apoyan.

La plataforma ha celebrado que Cifuentes se haya reunido con ellos para trabajar en estas políticas, después de años de incomunicación con los anteriores Gobiernos regionales. "Hasta el momento las instituciones madrileñas habían sido las más duras y cerradas al diálogo". La presidenta también ha puesto en marcha otras medidas, como un parque de viviendas de emergencia social, cambios en los procesos de adjudicación de viviendas para las personas con mayores necesidades y contactos con entidades bancarias y la Sareb. También estudia la posibilidad de construir solo vivienda pública en alquiler.

Cifuentes también se ha comprometido, como ya hizo Carmena, a no desahuciar a inquilinos de las viviendas públicas de alquiler, negociando con ellos mejores precios. Así, en el anteproyecto de presupuestos también se recoge una previsión de 7.500 reducciones de alquiler que permitirán a las familias ahorrarse hata un 95 por ciento del importe de su contratos según sus necesidades económicas.