El Consistorio denuncia presuntas irregularidades en un contrato de arrendamiento suscrito por Mercamadrid

"Hay indicios de claras irregularidades. El arrendamiento de un edificio que no se usa con unos términos tan gravosos para el Ayuntamiento y después del impago de un canon por adjudicación pública, parece mostrar un mal uso del dinero público", indicó el edil.

Tal y como relató Sánchez, el caso comenzó en junio de 2001, cuando Mercamadrid licitó los derechos de superficie de dos parcelas de su propiedad con la intención de construir un hotel y unas instalaciones de restauración. La adjudicataria resultó la empresa Konin 22, que traspasó sus derechos a la empresa Mercaocio 22, vinculada al promotor inmobiliario José Domingo Rodríguez Losada, promotor de El Algarrobico. Los cánones fijados eran de 97.604 euros anuales por los derechos de la parcela hotelera y 41.830 euros anuales por los de las instalaciones de restauración.

Hasta marzo de 2010, siempre según Sánchez, Mercaocio 22 explotó con normalidad dichas adjudicaciones. En ese momento, dejó de pagar el cánon. El Ayuntamiento solicitó mediante litigio judicial el pago de los 609.398 euros que se adeudaban. Mercaocio 22, por su lado, pidió ante el juez 8.000.535 euros en calidad de daños y perjuicios, ya que, según planteaba, el Gobierno municipal no le había dado las licencias correspondientes de funcionamiento. En este sentido, Sánchez aseguró que, tras las investigaciones realizadas por los funcionarios municipales, la adjudicataria contaba con todas las licencias pertinentes de actividad.

El 28 de noviembre de 2013, las partes llegaron a un acuerdo extrajudicial en el que se aceptó la retirada de sendos procedimientos judiciales. En dicho convenio, ambas partes firmaron un contrato blindado de subarriendo ante notario de dos de las salas (las de restauración; de 5.194,81 y 3.510,94 metros cuadrados, respectivamente) de Mercamadrid adjudicadas a Mercaocio a la propia Mercamadrid (dirigida entonces por la actual delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa) por 623.377 euros anuales hasta enero de 2032.

Sánchez considera que no se justifica dicho arrendamiento, que el informe jurídico que lo sustenta contiene falsedades, y que existe un perjuicio para el Ayuntamiento como propietario del 51 por ciento de las acciones de Mercamadrid. Exactamente, el coste del alquiler que tiene que pagar supone el 10 por ciento de los beneficios anuales de la compañía hasta entonces (unos 14 millones de euros).

Por ello, el Gobierno municipal va a entregar la documentación que obra en su poder a la Fiscalía para que estime si debe actuar de oficio en caso de hallar indicios de delito. El edil descartó la necesidad de hacer una comisión de investigación, a no ser que lo soliciten los grupos políticos, aunque planteó la necesidad de que se tomen responsabilidades políticas al respecto. No obstante, pondrán la situación en conocimiento del consejo de administración de la empresa para que estudie si es necesario pedir daños y perjuicios por este acuerdo lesivo para sus intereses.