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Ayuntamiento de Getafe
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Getafe adjudicará 45 viviendas a familias desahuciadas

Por MDO/E.P.
martes 21 de enero de 2014, 17:48h
La Junta de Gobierno local de Getafe ha aprobado este martes el inicio del proceso para adjudicar, a familias desahuciadas o en emergencia social, 45 viviendas situadas en la avenida de las Ciudades, que eran pisos tutelados para mayores y el IVIMA cambió su uso en noviembre pasado tras llevar abandonados desde que se construyeron hace cinco años.
La adjudicación se realizará en base a la Ordenanza Reguladora del Procedimiento de Adjudicación de Viviendas municipales para emergencia social del Ayuntamiento de Getafe, y será la Delegación de Servicios Sociales quien comunicará a los vecinos seleccionados, en base a los baremos de la ordenanza, la documentación necesaria que deben aportar para formalizar la adjudicación.

Las familias beneficiarias podrán entregar los documentos solicitados en un plazo de diez días desde la notificación, y el alojamiento en estas viviendas tendrá un carácter temporal que permita su rotación.

De forma general, la puesta a disposición de las viviendas conllevará un canon mensual del 30% de los ingresos mensuales familiares, incluyéndose en dicha cuantía los gastos de la comunidad de vecinos.

No obstante, los Servicios Sociales municipales podrán fijar un canon inferior a dicho porcentaje, incluso la gratuidad de la vivienda, cuando las circunstancias socioeconómicas no permitan hacer frente a dicho pago sin menoscabo de las necesidades básicas de la familia.

Según el Ayuntamiento, Getafe es el primer municipio que pone a disposición de familias en situación de desahucio y emergencia social un edificio de 45 viviendas, que "habían estado paralizadas por el anterior Gobierno socialista, pero el alcalde Juan Soler mantuvo reuniones con el IVIMA para solucionar la situación y dar un uso a las viviendas en respuesta a la situación de crisis actual y a las necesidades de los vecinos".

El alcalde de Getafe, Juan Soler, y la directora del IVIMA, Ana Gomendio, firmaron el pasado 25 de noviembre un convenio para cambiar el uso de las viviendas, que formaban parte de un proyecto de pisos tutelados para mayores que se inició en 2002, aunque posteriormente el Gobierno del entonces alcalde Pedro Castro y la Comunidad de Madrid no se pusieron de acuerdo sobre el pago de la obra, lo que provocó retrasos para la puesta en marcha de las viviendas tras finalizarse su construcción en 2008.

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