Concluía entonces que de hacerse bien, podría suponer un ahorro de más de 8.000 millones de euros, según los cálculos del Gobierno y
proponía que esa cantidad se reinvirtiera en temas sociales urgentes.
Entendía y entiendo, pese a la oposición manifestada por casi 2000 alcaldes y concejales, que la crisis nos obliga a racionalizar el gasto, optimizando recursos. Y hoy escribo de nuevo, porque me sorprende que siga la pelea.
Sin ánimo de polemizar, ¿o quizá sí?, ¿quién diría que no a duplicidades y excentricidades municipales -que las hay- si al tiempo además se redistribuyeran esos ocho mil millones de euros ahorrados en asuntos sociales? Alguien explica mal esta ley. ¡Insisto! Aunque moleste.
Si (
No(
