La conocida como reforma local, que persigue reordenar competencias para evitar duplicidades entre las administraciones autonómicas y locales y
mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios mediante la
introducción del denominado coste estándar, al que deberán ajustarse los
municipios, podría suponer un ahorro de más de 8.000 millones de euros,
según los cálculos del Gobierno.
El ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas, Cristóbal Montoro, ha explicado que la nueva orden
incluirá beneficios financieros para aquellos municipios que opten por
fusionarse. En la rueda de prensa posterior al
Consejo de Ministros, que ha dado el visto bueno al proyecto de ley de
racionalización y sostenibilidad de la administración local, en el que
el Ejecutivo lleva trabajando más de un año. Montoro ha explicado que el proyecto de ley incluye el concepto de
coste efectivo de los servicios, por el que todas las corporaciones
locales deberán hacer público el coste de los servicios que prestan y "a
partir de ello se tomarán decisiones de beneficio para el ciudadano de
forma que se acumule la prestación de estos servicios en el órgano
superior", que son las diputaciones provinciales.
Otra de las novedades que recoge el texto que este viernes ha
recibido el visto bueno del Gobierno, según ha apuntado el ministro, es
la inclusión de un procedimiento de "incentivo" a la fusión "voluntaria"
de municipios, que recibirán "mayor apoyo financiero" del Ejecutivo
para "evitar la dispersión administrativa que en ocasiones es muy
costosa".
La aprobación del proyecto de ley por parte del Gobierno llega
después de que el Consejo de Estado emitiera un informe que incluía
advertencias sobre una posible inconstitucionalidad por el recorte de la autonomía local y criticaba la regulación del coste estándar, el coste al que deberán ajustarse los municipios para prestar servicios.
Sin apoyos
Conforme han transcurrido los meses, el Ejecutivo ha ido perdiendo apoyos incluso en las propias filas 'populares',
en las que algunos alcaldes y concejales se han mostrado abiertamente en contra
con algunos de los aspectos principales de la reforma como por ejemplo,
el modo en que se redistribuyen las competencias con las comunidades y
las diputaciones, la posibilidad de que los municipios pequeños sean
intervenidos y pierdan sus atribuciones y el coste estándar. La oposición considera que esta nueva ley supondrá un mazazo al municipalismo con una consiguiente supresión de la representación democrática de los ayuntamientos. Además, ven el intento de privatizar servicios públicos. El Gobierno conoció un primer borrador en julio del año pasado y
el segundo, el pasado 15 de febrero, en el que se habían rebajado ya
algunas pretensiones iniciales como limitar el número de concejales y
las retribuciones de forma considerable.
El Ejecutivo ha perdido por otro lado la posibilidad de acuerdo con el PSOE,
que exige la retirada del borrador aprobado en febrero y comenzar de
nuevo las negociaciones para lograr un texto consensuado, la misma
postura que mantiene toda la oposición parlamentaria. Según admitió la propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el Ejecutivo reconoce que le está costando esfuerzo sacar adelante una reforma de este calado, ya que atañe a un asunto que lleva pendiente 30 años y que no se puede resolver en unos días.
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