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Mayores en plaza municipal
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Alcaldes de todos los partidos rechazan la reforma local

martes 15 de octubre de 2013, 07:30h

Los alcaldes de todos los partidos de la oposición, incluso muchos del PP, se oponen al proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que llega este jueves al Congreso de los Diputados, al considerar que vulnera la autonomía local y supondrá un ataque al Estado del bienestar. "Se va a abrir más la brecha entre las zonas rurales y la corona metropolitana", critica el alcalde de Buitrago de Lozoya.

Aunque ha sufrido modificaciones desde el primer borrador, la reforma local sigue sin gustar a los alcaldes, como dejaron ver este domingo en un acto conjunto celebrado en Madrid 2.000 alcaldes y concejales de todo el país y de todos los partidos, excepto los del PP. Aun así, algunos 'populares' sí se muestran contrarios, como los de la Sierra de Madrid o los gallegos, que han mostrado su rechazo. En el manifiesto que suscribieron critican que una ley de semejante calado vaya a salir adelante sin consenso y ya anuncian que recurrirán ante el Tribunal Constitucional en el caso de salir adelante. También manifiestan su preocupación por el futuro de la prestación de servicios básicos. El vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias y alcalde de Vigo, Abel Caballero (PSOE), aseguró este lunes que se trata del "mayor ataque al municipalismo que se ha hecho en la historia de este país".

"Servicios de atención domiciliaria, teleasistencia, menores, discapacidad, inclusión de inmigrantes, infancia, dependencia, mayores... dejarán de ser prestados desde el conocimiento que proporciona la cercanía, perderán su calidad y eventualmente podrían dejar de dar cobertura a muchos ciudadanos", se recoge en el manifiesto. Y es que educación, en cinco años, y servicios sociales, en uno, pasarán gradualmente a ser competencias exclusivas de las comunidades autónomas. La norma es muy farragosa y hay diferentes interpretaciones, pero según la explicación del Ministerio de Hacienda, una vez que entre en vigor la ley, algo previsto para el 1 de enero de 2014, serán las comunidades las que tengan que asumir esa competencia y podrían delegarla en los ayuntamientos, pero transfiriendo también el presupuesto, que se podrá reclamar por varias vías. En el caso de que los ayuntamientos hubiesen estado financiando esos servicios con aportaciones estatales, estas irán directamente a las comunidades. 

Esta es la explicación oficial, pero en la práctica los alcaldes se plantean situaciones como la de la escuela de música de Buitrago de Lozoya, uno de los principales municipios de la Sierra de Madrid, con unos 2.000 habitantes. La Comunidad les ha retirado la subvención que hasta ahora recibía y es el Ayuntamiento el único que la mantiene, con una partida de 70.000 euros. Al no poder ejercer la competencia de educación y si la Comunidad no le da el visto bueno, "el pueblo y la sierra se van a quedar sin escuela de música", denuncia su alcalde, Ángel García (PP), quien hace mención a la autonomía municipal y a que son los vecinos los que deciden en las urnas. El primer edil de Fuenlabrada, Manuel Robles, pone otro ejemplo. En la actualidad, es el municipio madrileño que más dinero destina a becas al estudio, después de que el Gobierno regional retirase su cheque libro. Con la nueva reforma, tendría que dejar de darlas aun teniendo las cuentas saneadas, según ha explicado su alcalde. O las escuelas infantiles dependientes de ayuntamientos como el de Rivas, según recuerda su primer edil, José Masa (IU), quien añade que la Comunidad ya ha avisado de que no tiene dinero para sufragar los gastos. La ley que prepara el ministerio solo permite a los ayuntamientos asumir competencias previstas en la ley o delegadas, y únicamente cuando esté garantizada que la prestación de los servicios obligatorios sea sostenible financieramente y no se incurra en duplicidad se podrán prestar otros servicios no obligatorios.

Los defensores de la reforma local, como el alcalde de Torrejón, Pedro Rollán (PP), que es el representante de los ayuntamientos madrileños ante la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias, han argumentado que con esta ley "se cumple la reinvindicación histórica de los municipios de que cada competencia dependa de una Administración". Rollán ha recordado que hay municipios que destinan hasta un 25 por ciento de su presupuesto a competencias impropias. "No se puede pretender que la precaria situación económica de las comunidades sea solventada por la tan poco boyante situación de los ayuntamientos", indica.

Por su parte, la Comunidad de Madrid se ha mostrado en diversas ocasiones a favor de que cada competencia sea sostenida solo por una Administración e incluso había promovido un reparto con el Ayuntamiento de Madrid, pero también avisa de que "ninguna competencia" puede llegar a las comunidades "sin financiar".

El resultado de esto, no obstante, puede ser que los perjudicados acaben siendo los ciudadanos tras la retirada de los ayuntamientos de los servicios y la falta de capacidad de las comunidades para asumir todos estos servicios, más en un momento en el que todavía está pendiente el debate de la reforma de la financiación autonómica. "Va a repercutir en las políticas sociales, que van a ser arrancadas a los ayuntamientos. Es un ataque al Estado de bienestar", mantiene Manuel Robles, alcalde de Fuenlabrada. Se trata de una situación que podría afectar aún más a los municipios pequeños. "Se va a abrir más la brecha entre zonas rurales y corona metropolitana", denuncia el alcalde de Buitrago, quien asegura que este es el sentir en general de los municipios y alcaldes (casi todos del PP) de la Sierra madrileña. "La reforma está basada en la deuda de los ayuntamientos y no es más del 4 por ciento del total. Es una ley que se basa en el ahorro y esta es una forma inadecuada de analizar la situación", señala José Masa.

Además de por el reparto de competencias, la reforma local afectará también a los municipios de menos de 20.000 habitantes en otro aspecto. Podrían perder o verse obligados a buscar fórmulas para el mantenimiento de servicios como la recogida de basura o limpieza viaria, el asfaltado o el mantenimiento de parques si su coste se desvía de unos costes estándar o si no cumplen con la ley de estabilidad. Las posibilidades pasan por la privatización de la gestión (que a partir de ahora tendrá que estar justificada con informes que detallen el posible ahorro) o el traspaso de servicios a diputaciones, mancomunidades y comunidades. "En las zonas rurales no hay iniciativa privada. Y otra cosa es si Madrid sería más eficaz prestando este servicio", avanza Ángel González con la experiencia que le da ser alcalde en la Sierra. "7.000 ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes ven peligrar su propia supervivencia porque podrían quedarse prácticamente sin ninguna competencia", apuntó el alcalde de Vigo.

Mención aparte merecen las entidades locales menores, de las que en Madrid hay dos: Belvis del Jarama (Paracuellos) y Cortijo de San Isidro (Aranjuez), pero en todo el país hay más de 3.700. Estas pierden su carácter de administración local para pasar a quedar como organismos indefinidos, según denuncian desde la federación que las agrupa. Pero además se exponen a desaparecer definitivamente si el Ayuntamiento del que dependen tiene deuda y, en este caso, además su patrimonio pasaría a depender de él, por lo que se teme por el futuro de montes públicos que han sido mantenidas durante siglos por estas pequeñas entidades. También pueden ser borradas del mapa si no cumplen con la rendición de cuentas trimestral a la que ahora tendrán que enfrentarse. El secretario de la federación, Carlos González, asegura que su propuesta consiste en que si una entidad no cumple sea intervenida por una gestora hasta que se resuelva el problema. "Todo un pueblo no puede pagar la mala gestión de una persona", asegura en referencia a la amenaza de que puedan desaparecer.

La reforma local, que llega este jueves al Congreso, también recoge otras cuestiones como incentivos para municipios que se fusionen o fijar unos criterios comunes para los sueldos de alcaldes y concejales.

Más información:

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