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La Asociación pide que se cite como testigo al ex ministro de Interior Alonso

La Asociación 11-M pide 6 años a los mandos policiales por el "caso ácido bórico"

Por MDO/Efe
jueves 30 de noviembre de 2006, 00:00h
La Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, que preside Ángeles Domínguez, pedirá seis años de prisión para cada uno de los cuatro mandos policiales imputados por la juez de Madrid Gema Gallego en el llamado "caso del ácido bórico", según ha informado esta asociación.
En el escrito de acusación presentado este jueves se ha solicitado esta pena para Francisco Ramírez, jefe de la Sección de Análisis Químicos de la Policía Científica; Pedro Luis Mélida, secretario general de este departamento; Miguel Ángel Santano, comisario general de la Policía Científica; y José Andradas Herranz, Jefe de la Unidad Central de Análisis de esta Comisaría General.

La asociación pide también que en el juicio se cite como testigos al ex ministro del Interior José Antonio Alonso y a su sucesor, Alfredo Pérez Rubalcaba, "con el fin de aclarar las circunstancias que rodearon a unos hechos de la máxima gravedad objetiva".

El pasado día 10, la juez Gallego concluyó la instrucción del "caso del ácido bórico" con la decisión de llevar a juicio, por delitos de falsedad documental y/o de falso testimonio y encubrimiento, a los cuatro mandos policiales de los tres peritos que elaboraron un informe sobre dicha sustancia en el que relacionaba a ETA con los atentados del 11-M.

En el auto, la juez relataba que el 14 de marzo de 2005 entró en la Comisaría General de la Policía Científica un oficio que solicitaba que se realizase "estudio, análisis e informe" de unas muestras de una sustancia -ácido bórico- intervenida en el domicilio de uno de los procesados por los atentados del 11 de marzo, Hassan El Haski.

Dicho informe fue elaborado por los peritos Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique, quienes incluyeron unas "observaciones" en las que se relacionaba el ácido bórico encontrado en la casa de El Haski con el hallazgo de esta sustancia en otros lugares, en un piso franco de un comando etarra en Salamanca en 2001 y en la vivienda de un "antisistema" en Madrid en 1999.

La juez ha señalado que los cuatro imputados consideraron que era un "inconveniente" que estas observaciones constaran en el informe pericial y por ello, añadía la magistrada, Ramírez, "que seguía las indicaciones de sus superiores", requirió a los tres peritos que las suprimieran.

Añadía que "como tales peritos no quisieron hacerlo, Ramírez, con conocimiento y anuencia de los otros imputados, modificó el informe realizado por los otros peritos, de manera que, para que no constara en el informe ninguna de tales observaciones, alteró el objeto de la petición solicitada por el Oficio de la Comisaría requirente, sustituyendo lo que se había pedido por 'Análisis de muestras'".

Según la juez, Ramírez "suprimió que los peritos 9, 11 y 155 'se hicieron cargo de lo recibido' atribuyéndose él mismo la recepción de las muestras y la práctica de las técnicas analíticas, eliminando la mención de los peritos autores del informe, así como tres de las técnicas que habían practicado aquellos, suprimiendo íntegramente las 'observaciones' del informe".

Una vez firmado, Andradas remitió el informe de Ramírez al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que investigaba la causa abierta por los atentados de Casablanca (Marruecos) de mayo de 2003, en la que Hassan El Haski también estaba imputado.

Antes de concluir la instrucción del caso, la juez había anulado la imputación por falsedad que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón hizo a los tres peritos que elaboraron el primer informe.
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