El contrato, que se presupuestó en 242.000 euros, pretende que dar respuesta en el mes de septiembre sobre
cuál es la situación real de las instalaciones de Calle 30. Once meses después de la tragedia en un pozo de ventilación de la circunvalación, todavía se discuten las supuestas irregularidades técnicas en las que incurrió Emesa, encargada del mantenimiento de la infraestructura, que pudieron provocar el suceso.
La oposición en bloque pidió que se tomasen medidas contra Emesa. Sobre todo, después de que la compañía realizase informes donde culpabilizaba a los dos trabajadores finados del fatal desenlace, sin asumir ninguna responsabilidad de lo sucedido, a pesar de que
ningún sistema de control y protección funcionara. La concejala socialista portavoz en el Área de Medio Ambiente y Movilidad,
Ruth Porta, cuyo Grupo se ha personado como acusación popular, ha presentado una pregunta sobre si el Consistorio ha iniciado algún expediente sancionador al respecto por incumplimiento de contrato. "Está empezando a oler a que existe una clara connivencia entre el Ayuntamiento y Emesa, ya que
ni siquiera se ha anunciado la penalización al contrato que especifican los pliegos, ni ningún expediente de infracción".
Extinción del contrato
El Grupo Municipal
Izquierda Unida pidió que se extinga la relación contractual de la empresa, al considerar que existen
"graves irregularidades" en materia de seguridad, como ya denunciaron en 2009 al Defensor del Pueblo. La concejala de IU en el ramo,
Raquel López, explicó a
Madridiario que ha solicitado los estudios técnicos, los contratos y el informe policial del suceso a la comisión de Vigilancia de la Contratación para que se proceda a dicha extinción.
La titular del Juzgado de Instrucción número 212 de Madrid, Mercedes Gutiérrez Suárez,
archivó la causa penal al considerar que no existe relación de causa efecto entre el fallo del sistema antiincendios y los fallecimientos de Gregorio Camacho y Sergio Martínez por inhalación de humos. El PSOE recurrió dicha decisión, lo que, según el equipo de Gobierno municipal, bloquea el inicio de cualquier proceso administrativo hasta que la Audiencia Provincial se manifieste. Por otra parte, el Consistorio estudia si repercutir el coste de la nueva auditoría a Emesa.
Si (
No(
