Sanidad pide que no se objete al euro por receta

El Ministerio de Sanidad, Facua, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, el Defensor del Paciente, asambleas del 15-M, el sindicato Manos Limpias... son muchos los organismos que ponen pegas a la nueva tasa en la Comunidad de Madrid, pero la que más parece doler a la Consejería es la de la asociación de consumidores Facua, cuyo portavoz hizo este miércoles un llamamiento a la objeción mediante el no abono del euro al considerarlo "inaceptable".

Este motivo ha llevado a la viceconsejera de Asistencia Sanitaria, Patricia Flores, a enviar una carta pidiendo una rectificación a la asociación de consumidores, recordando que tiene "unas funciones sociales que cumplir asignadas por la propia Constitución", como "suministrar y velar por que se suministre una información veraz" a los ciudadanos. Por ello, ha mostrado su "sorpresa" al ver como hacía un llamamiento a incumplir una obligación tributaria. La viceconsejera asegura que la norma trata de conseguir que los ciudadanos hagan un uso más racional de los medicamentos, no de perseguir un fin recaudatorio.

Guía para no pagar
Por otro lado, varias asambleas del 15-M han hecho circular por las redes sociales una "guía" para no pagar el euro por receta en varios pasos. En primer lugar, piden que se acuda a la farmacia con el DNI y su fotocopia, la receta y la tarjeta sanitaria. Después, que se informe al farmacéutico que no se tiene intención de pagar la tasa. En este momento debe facilitar un formulario y una vez el paciente firme puede recibir sus medicamentos. El documento advierte que es posible recibir una sanción por falta administrativa, en cuyo caso habría que abonar un 20 por ciento más de la cantidad demandada, es decir, 1,20 euros.

Un farmacéutico cuyo establecimiento se ubica en la calle de Recoletos (distrito de Salamanca) ha comentado a Madridiario que, de momento, no ha recibido ninguna petición para objetar al pago del euro "aunque todo el mundo se queja".

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (ADSP) presentó una reclamación ante el Defensor del Pueblo y la Fiscalía General del Estado que solicita la paralización de la tasa amparándose en la "ausencia de competencias" que la Comunidad de Madrid tiene en este asunto. El sindicato Manos Limpias incluso ha denunciado al presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y al consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, por un presunto delito de prevaricación, pues la tasa, a su juicio, invade las competencias del Estado.

¿Tasa anticonstitucional?
Sobre la polémica en cuanto a si la Comunidad tiene competencias en este asunto o no, el titular de Sanidad en Madrid ha insistido, durante una entrevista en Telecinco, que la decisión de implantar esta nueva tasa "entra dentro de las competencias del Gobierno regional" y ha vuelto a puntualizar que la relación con la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, es "muy buena" aunque "no se hayan puesto de acuerdo" sobre esta medida. Además, ha recordado que la Comunidad prevé obtener unos ingresos de 83 millones de euros.

Sin embargo, el Gobierno de Rajoy recurrirá ante el Tribunal Constitucional el euro por receta, al igual que hizo en el caso de Cataluña, por entender que esta tasa vulnera el derecho de igualdad de los españoles en la adquisición de productos farmacéuticos. La documentación está en manos de la Abogacía del Estado, que en el plazo de una semana elaborará el informe pertinente, han informado fuentes del departamento que dirige Cristóbal Montoro. Lasquetty mantendrá la aplicación de la tasa pues, a su juicio, si hubiera que esperar a todas las decisiones del Tribunal Constitucional, "sería muy difícil gobernar".

Devolución de 2,3 millones
Por otro lado, la Consejería ha informado este jueves a través de un comunicado que se han devuelto por transferencia bancaria 2,3 millones de euros a aquellos pensionistas que en los meses de julio y agosto superaron el límite fijado por la ley en la compra de sus medicamentos en las farmacias. A partir del 1 de julio, con la entrada en vigor del Real Decreto-ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, donde se estableció el 'copago' de medicamentos, con un tope máximo mensual que oscila entre los 8 y los 60 euros en función de su nivel de renta. Durante los meses de julio y agosto, algunos pensionistas superaron dicho límite y pagaron de más.

Por otro lado, la Comunidad ha abonado también casi 7.900 euros a las cuentas corrientes de aquellos usuarios que habían pagado de más por discrepancias con la aportación que les correspondía según su nivel de renta, dando respuesta así a 217 solicitudes de reintegro. Junto a estas, se encuentran en proceso de tramitación otras 150 solicitudes de reembolso por el mismo motivo, por una cantidad aproximada de 5.000 euros, que serán abonadas en próximas fechas. La Comunidad calcula que desde julio, cuando entró en vigor el nuevo sistema de aportación en el pago de medicamentos, Madrid ha ahorrado más de cien millones de euros.