La Audiencia Provincial de Madrid ha exonerado de toda responsabilidad penal a la alcaldesa de Velilla de San Antonio, Antonia Alcázar Jiménez, y a otros tres cargos municipales que se enfrentaban a acusaciones de prevaricación urbanística y medioambiental por su actuación ante las denuncias por ruido vinculadas al restaurante y espacio para celebraciones El Casón de la Quinta de San Antonio.
La resolución judicial, adelantada por Europa Press, rechaza las tesis defendidas por la Fiscalía de Madrid y por la acusación particular, que consideraban que los responsables municipales habían actuado de forma arbitraria al gestionar las quejas vecinales relacionadas con bodas, actuaciones musicales y otras actividades desarrolladas en el establecimiento. En consecuencia, el tribunal acuerda la absolución de todos los encausados.
Según sostenían las acusaciones, durante años se produjeron molestias acústicas derivadas de eventos que se prolongaban hasta la madrugada. En el procedimiento quedó acreditado que entre 2019 y 2025 los residentes afectados presentaron numerosas denuncias y que agentes de la Policía Local realizaron inspecciones en las que reflejaron la presencia de música a alto volumen, actuaciones en directo y posibles incumplimientos horarios.
No obstante, los magistrados destacan que el Ayuntamiento sí adoptó medidas administrativas tras recibir las reclamaciones. Entre ellas, la apertura de distintos expedientes de control y sanción, algunos impulsados mediante decretos firmados por la propia regidora. Además, entre 2022 y 2023 se iniciaron procedimientos relacionados con presuntas infracciones en materia de horarios y contaminación acústica.
La sentencia también tiene en cuenta las limitaciones de personal que arrastraba el área municipal de Urbanismo. La documentación examinada durante el juicio refleja que este departamento tramitó más de 2.900 expedientes entre 2018 y 2025 con recursos humanos reducidos, una circunstancia que fue expuesta por técnicos y responsables municipales durante la vista oral.
Tras analizar las pruebas practicadas, la Audiencia concluye que no se ha demostrado que los acusados dictaran resoluciones injustas de forma consciente ni que existiera una voluntad deliberada de beneficiar a la empresa gestora del local. Pese a ello, el fallo reconoce que la actividad desarrollada en El Casón generó molestias a los vecinos y deja constancia de la existencia de diversas actuaciones administrativas encaminadas a supervisar el cumplimiento de la normativa sobre horarios y ruido.
Tras conocerse la sentencia, la alcaldesa ha señalado que "durante todos estos meses, han querido respetar el proceso judicial y sus tiempos, siempre desde la máxima prudencia confiando en todo momento en el trabajo de la justicia y en el desarrollo de las actuaciones judiciales".
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