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280.000 euros por no detectar síndrome de Down durante el embarazo

miércoles 28 de marzo de 2012, 00:00h
El Tribunal Supremo ha condenado al Sermas a indemnizar con 280.000 euros en el caso de una deficiente asistencia médica prestada a una mujer al no detectar síndrome de Down en el niño durante el embarazo.
Doña G. G. R. dio a luz por cesárea el 28 de marzo de 2006 en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares a dos varones, uno de ellos con Síndrome de Down.

El matrimonio formuló una reclamación previa de Responsabilidad Patrimonial ante el Servicio Madrileño de Salud ,con fecha 26 de marzo de 2007, alegando que pese a calificarse la gestación como de alto riesgo al ser embarazo gemelar, no se le realizó prueba Doppler, ni prueba de amniocentesis, por lo que el descubrimiento de que el niño padecía el citado Síndrome se produjo después del parto.

Además, a la madre no se le realizó la prueba de traslucencia durante el primer trimestre del embarazo, ni tampoco un screening bioquímico, que puede llegar a detectar el 80 por ciento de los casos de Síndrome de Down.

"El seguimiento del embarazo fue deficiente, omitiéndose las cautelas necesarias, no solo las generales en una gestación normal sino, las circunstancias personales dado que existían antecedentes de Síndrome de Down en las familias", han destacado.

La indemnización otorgada en su día por el TSJ Madrid Sección 8ª reconocía la mala praxis y tan sólo condenó al Sermas al pago de una indemnización -en concepto de daño moral-  de 80.000 euros  por deficiente asistencia médica prestada a Doña G. G. R.

El Supremo ha estimado el recurso de casación presentado por parte de la familia contra la anterior sentencia, ya que considera que "no es sólo indemnizable el daño moral consistente en privar a los padres de la posibilidad de decidir sobre la interrupción involuntaria del embarazo, sino también el mayor coste o el incremento que supone la crianza de un hijo afectado con síndrome de Down".

En su opinión, "inexcusablemente, tanto el daño moral como el patrimonial deben ir unidos si se pretende una reparación integral del daño". Por ello, en este caso, se mantiene la partida reconocida en la sentencia anterior de 80.000 euros y entendiendo el sobrecoste que genera su crianza y educación conforme a sus posibilidades, la indemnización de 200.000 euros.
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