La situación económica continúa afectando al bolsillo de los consumidores y productores españoles. Pese a la reducción del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), el precio de los alimentos se ha encarecido un 15,4 por ciento en el último año, según datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Además, la tasa de inflación general se ha situado en un 5,9 por ciento, subiendo dos décimas más respecto al mismo mes del año pasado.
Ante la actual crisis de los precios de los alimentos, una veintena de organizaciones exigen al Gobierno de Pedro Sánchez una salida justa y sostenible frente a la presente situación. Federación de Consumidores y Usuarios (CECU), Amigos de la Tierra, Justicia Alimentaria, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Jornaleras de Huelva en Lucha y la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas), son algunas de las organizaciones que han solicitado en una carta conjunta que se cuente con ellas a la hora de desarrollar políticas sobre alimentación, condiciones de los trabajadoras agrarias y la lucha con la despoblación del medio rural.
"El Gobierno mira para otro lado"
“El objetivo es que se tenga en cuenta la cadena alimentaria de principio a fin", señala Eduardo Montero, responsable de alimentación en CECU. Además, explica que otro de los puntos a tener en cuenta es que “la Administración Pública, en el control de precios, se comprometa a un seguimiento del funcionamiento de la cadena alimentaria”. Todo ello para que “en todos los pasos vean donde están los elementos a mejorar para regular el control de precios” y promover una alimentación saludable y sostenible.
“Desde el punto de vista alimentario vemos cómo el Gobierno mira para otro lado”, apunta Javier Guzmán, director de Justicia Alimentaria. “Igual que otros sectores se han regulado, vemos como millones de familias no tienen derecho a una alimentación sana, sobre todo la población más vulnerable”, añade.
La prioridad de una alimentación saludable
El responsable de Soberanía Alimentaria de Amigos de la Tierra, Andrés Muñoz, apunta que en un contexto como el actual, “el sistema productivo no satisface el derecho a una alimentación saludable y sostenible”. “Hay mucha población que no tiene acceso a una alimentación que beneficie su salud”, dice. Por ello, “las organizaciones han intentado ponerse de acuerdo para intentar hacer una demanda común a la Administración y más en un contexto de emergencia tras la subida desorbitada de los productos”, explica Muñoz.
Una gran parte de la población se está viendo obligada a cambiar sus dietas y consumir productos poco saludables debido al precio de los alimentos. “Hay una serie de alimentos que no son accesibles para un gran número de personas”, índica Muñoz. Las familias no pueden permitirse los altos precios de los productos básicos y eso les lleva a tomar decisiones que pueden perjudicar su alimentación y por tanto, su salud. “Nos encontramos a unos niveles altísimos, más de un 15 por ciento, y esto está ahogando a las familias que están cambiando de dietas a productos más insanos. Los ciudadanos no pueden aguantar más”.
"Los ciudadanos no pueden aguantar más"
“Una de las cosas que reclamamos es que cuidar la alimentación no es un capricho sino un motivo vinculado a la salud”, afirma Montero. Por su parte, el director de Justicia Alimentaria hace una reflexión sobre la mala organización alimentaria en España e índica que “la mala alimentación es el principal problema que tenemos en el país”. “Necesitamos un nuevo contrato social que tenga como objetivo prioritario la alimentación de las personas”, comenta Guzmán.
Todo ello afecta también a los productores, que en ocasiones se ven obligados a vender sus productos por debajo del precio de coste. “Estos están teniendo más gastos que nunca y tienen que vender sus productos por debajo del precio de coste y sin embargo las empresas continúan aumentando sus beneficios”, dice el responsable de Soberanía Alimentaria de Amigos de la Tierra. Además, Muñoz señala que “los alimentos están dejando de ser un derecho y se están convirtiendo en una mercancía”.
Medidas a medio y largo plazo
Una parte importante del incremento del precio de los alimentos se está produciendo en alimentos básicos como los huevos, leche, pan, patatas, productos frescos, etc. Desde las organizaciones creen insuficiente la medida de la reducción del IVA. “Consideramos que son medidas a corto plazo”, manifiesta el responsable de alimentación en CECU.
Asimismo, el director de Justicia Alimentaria, sobre esta medida añade que “no ha servido y ha sido ineficaz. Pedimos una situación de emergencia alimentaria y necesitamos medidas de choque”, exige. Medidas que de momento están a la espera ya que no han recibido respuesta por parte del Gobierno.
"Necesitamos medidas de choque"
Tras el aumento del precio de los alimentos en los últimos meses, las organizaciones buscan medidas a medio y largo plazo que garanticen el acceso a una alimentación justa. “Desde las organizaciones lo que consideramos oportuno es que las medidas que se tomen aseguren una estabilidad del sistema”, índica Montero. También señala que las medidas deben estar enfocadas para los colectivos vulnerables como consumidores y agricultores. “Bonos de apoyo para consumos frescos, ayudas, reducción del IVA a productoras pequeñas para intentar avanzar a un sistema de producción y consumo más justo y sostenible”, explica.
“Esperamos que estas medidas que solicitamos lleguen a la población, al Gobierno, porque queremos abrir un debate sobre la alimentación como derecho”, explica el director de Justicia Alimentaria. “Necesitamos revisar este sistema alimentario que está fracasando”, dice.
Decálogo de medidas presentadas
“Una de las cosas que reclamamos es que cuidar la alimentación no es un capricho sino un motivo vinculado a la salud", explica el responsable de alimentación de CECU. Por su parte, el responsable de Soberanía Alimentaria de Amigos de la Tierra, subraya que “el objetivo de este documento es intentar abonar las demandas que suelen estar más aisladas”.
Las organizaciones han solicitado 10 medidas al gobierno para garantizar un modelo agroalimentario justo y sostenible y un mundo rural vivo. Sus puntos principales son:
1. Garantizar el derecho a la alimentación de toda la población, especialmente de los colectivos vulnerabilizados.
2. Un sistema alimentario que garantice precios justos para las personas productoras, consumidoras y trabajadoras.
3. Un modelo de producción de alimentos que respete los derechos laborales y sociales.
4. Un modelo de producción de alimentos basado en la agroecología.
5. Apostar por modelos ganaderos familiares y sostenibles y rechazo de la ganadería industrial.
6. Fomento desde las instituciones de alimentación agroecológica a través de la compra pública.
7. Defensa del territorio rural frente a la expansión de las macrogranjas, minería o macroproyectos de energía solar y eólica.
8. Entornos sociales, de producción y consumo inclusivos con perspectiva feminista.
9. Defensa de servicios públicos y de calidad en el medio rural.
10. Fomento de los entornos alimentarios sostenibles.
“Con este decálogo esperamos poder ser escuchados”, afirma Montero. Desde las organizaciones esperan que se tenga una perspectiva amplia sobre el tema y una respuesta este mes de febrero.
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