Empieza la cuenta atrás para la aprobación del
Plan Reside del Ayuntamiento de Madrid. El próximo 21 de mayo se celebrará el
pleno extraordinario, pero antes, este miércoles, tendrá lugar la comisión pertinente de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad.
El Plan Reside busca, entre otras cuestiones, poner coto a la vivienda de uso turístico (VUT) concentrando su actividad en el corazón de la ciudad en edificios destinados para este uso con un tope de 15 años y vinculado a su rehabilitación en el centro histórico.
Como parte de las medidas incentivadoras, el Gobierno municipal autorizará la conversión de edificios de uso terciario en la almendra central en viviendas, con la posibilidad de aumentar la edificabilidad actual. Al mismo tiempo, se endurecen las restricciones para las viviendas turísticas: no se permitirá su implantación dispersa en comunidades de propietarios, incluso en las plantas baja y primera. En lo que respecta al comercio, se prohíbe transformar locales comerciales en alojamientos turísticos, aunque podrán reconvertirse en viviendas siempre que no se ubiquen en ejes comerciales.
Fuera de la almendra central, se permitirá la implantación de viviendas de uso turístico en distintas plantas dentro de comunidades de propietarios, siempre que cuenten con un acceso independiente. De este modo, las VUT podrán establecerse según las condiciones del plan de 2019 —ya sea en edificios completos o como viviendas dispersas—, aunque con una novedad relevante: en los edificios de uso residencial, estas viviendas deberán disponer obligatoriamente de un acceso independiente.
Para los residentes de Tetuán, excluir al distrito de esta regulación "es un error que puede intensificar las desigualdades y perpetuar problemas que ya afectan a la zona, como el incremento del precio de los alquileres y la pérdida del comercio local". Demandas que fueron atentidas en el Pleno del distrito del mes de enero, donde el grupo municipal del Partido Popular y Más Madrid votaron a favor de trasladar al área de Urbanismo la propuesta vecinal de adherirse a la prohibición de viviendas de uso turístico del Plan Reside. “Estamos dispuestos a estudiar junto a los vecinos de Tetuán todas las medidas que eviten que pueda haber una proliferación de viviendas de uso turístico, aunque insistimos que la normativa que estamos tramitando no debe producir esa proliferación, sino también una reducción, apuntaba entonces el regidor.
"No nos han contestado a la alegacion que hemos hecho. Tuvimos una reunión con la concejal y tenia intencion de trasladar nuestra propuesta al Pleno de la junta, pero no nos pudo dar mas información. Esperemos que al final consideren nuestras alegaciones", exponen el portavoz de la Asociación vecinal Cuatro Caminos-Tetuán.
Críticas desde la oposicion
Medidas que
no son suficientes para los partidos de la oposicion. Desde Más Madrid creen que el Plan Reside, al que han rebautizado como Plan Expulsa, es una "cortina de humo para tapar la incompetencia y a nula voluntad de proteger los barrios de Madrid". Además, la formacion liderada por Rita Maestre denuncia que se trata de una artimaña" para "poner una alfombra roja a la especulación". “Lo hemos constatado y denunciado mil veces. El Plan Expulsa de Almeida dice una cosa y hace la contraria", apunta Lucía Lois, concejala de Más Madrid, a este digital.
Según su análisis, el plan promete la mejora del parque residencial en el centro de la ciudad, la protección del pequeño comercio y la conservación del patrimonio, pero la realidad que esconde es muy distinta. Entre sus principales críticas, Más Madrid denuncia que el plan “sirve en bandeja el centro de la ciudad a los fondos de inversión y a las grandes operadoras turísticas”, mientras que convierte el resto de Madrid en “territorio libre para los superanfitriones de Airbnb”, lo que pone en riesgo el tejido comercial de barrio.
"Para cualquiera sería impensable que en Madrid funcionaran 15.000 clínicas dentales sin licencia, 15.000 gimnasios o 15.000 escuelas infantiles ilegales. En cambio, Almeida consiente que sí haya 15.000 pisos turísticos ilegales. Esto es lo que hemos puesto en conocimiento del Ministerio Público, la inacción del Gobierno municipal, que gobierna para los fondos buitre", exponen.
El pasado mes de abril, el grupo político Más Madrid presentó una denuncia ante la Fiscalía de Madrid con el objetivo de "terminar con la impunidad de los pisos turísticos ilegales" que proliferan en la capital. En su denuncia, que ha sido admitida a trámite, Más Madrid plantea dos posibles delitos relacionados con la situación: por un lado, el posible delito de prevaricación por parte del Ayuntamiento y la Agencia de Actividades, acusados de omitir sus deberes de inspección y de no cumplir con la legalidad en relación con los pisos turísticos ilegales, a pesar de tener conocimiento de esta obligación. Según el artículo 320 del Código Penal, “la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya omitido la realización de inspecciones de carácter obligatorio” podría incurrir en un delito de prevaricación.
La Físcalía admitió a trámite la denuncia de Más Madrid
Por otro lado, la denuncia también apunta a las plataformas que publicitan y comercializan estos pisos ilegales, especialmente a Airbnb, por la posible comisión de un delito contra los consumidores. En virtud del artículo 28 del Código Penal, estas plataformas podrían ser castigadas con penas de prisión o multa por hacer alegaciones falsas o manifestar características inciertas sobre los servicios que ofrecen, generando un perjuicio significativo a los consumidores.
También el PSOE ha mostrado su rechazo al Plan Reside del alcalde Martínez-Almeida, señalando que no aborda adecuadamente los problemas derivados de la proliferación de las viviendas de uso turístico (VUT) en Madrid. En su crítica, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ha insistido en que las medidas propuestas por el gobierno municipal son "insuficientes y no resuelven el impacto negativo de estas viviendas en el mercado residencial". Según los socialistas, el plan solo traslada la presión de los pisos turísticos del centro hacia otros barrios de la ciudad sin ofrecer soluciones efectivas.
El grupo socialista ha propuesto, por tanto, una normativa urbanística única que regule de manera integral el uso de viviendas turísticas en todo el municipio, evitando la zonificación binaria que, según ellos, no tiene en cuenta las realidades urbanísticas de distritos como Tetuán, Carabanchel o Puente de Vallecas, donde la presión sobre los usos residenciales está creciendo exponencialmente.
Además, el PSOE ha criticado duramente la falta de medidas concretas para erradicar las viviendas turísticas ilegales, que según sus estimaciones suman alrededor de 15.000 en Madrid. Este fenómeno ha contribuido a la gentrificación y al desplazamiento de los vecinos tradicionales, sobre todo en zonas como Chamberí, Salamanca o el Centro. El grupo socialista exige un refuerzo en la Agencia de Actividades y la creación de una unidad específica para controlar y clausurar las VUT ilegales, así como sancionar a los propietarios y gestores que infringen la normativa vigente. También han señalado que el Plan Reside no aborda la emergencia habitacional de Madrid, proponiendo en su lugar una serie de medidas para limitar el cambio de uso en edificios residenciales y la creación de un parque de vivienda pública, junto con un control de los precios del alquiler mediante el sistema estatal de referencia.
Exigen un mayor refuerzo de la Agencia de Actividades
Por su parte, el Grupo Municipal de Vox también ha manifestado su rechazo al Plan Reside, aunque por motivos muy distintos a los esgrimidos por Más Madrid. La formación liderada por Javier Ortega Smith considera que el plan impulsado por el equipo de Gobierno de José Luis Martínez-Almeida presenta “graves deficiencias jurídicas, económicas y sociales”. Aunque reconocen el “intento de corregir errores previos en la regulación de las viviendas de uso turístico (VUT)”, desde Vox advierten que la propuesta “sigue siendo discriminatoria, intervencionista y lesiva para el derecho a la propiedad y la libertad económica”.
En este sentido, se oponen a que se imponga a los propietarios un modelo de “vivienda libre asequible en régimen de alquiler”, al que comparan con políticas de control de precios del Gobierno central. A juicio de Vox, la vivienda asequible debe ser una responsabilidad directa del Ayuntamiento, y no trasladarse al mercado privado.
El grupo municipal también rechaza que se condicione la transformación de dotaciones privadas, como antiguos colegios, hospitales o centros religiosos, a fórmulas de coliving o alquiler regulado, sin que exista participación vecinal o debate en el pleno. “La ciudad no puede despatrimonializarse bajo criterios urbanísticos opacos o dirigidos”, señalan a Madridiario. Otra de las preocupaciones expresadas por la formación es la limitación normativa para transformar locales comerciales en viviendas en los ejes de actividad comercial. Aunque reconocen la importancia de preservar el comercio de proximidad, consideran que estas restricciones no deberían mantenerse si el planeamiento urbanístico reconfigura en el futuro estas zonas.
En cuanto a las VUT, Vox defiende que su autorización en edificios residenciales debe contar con la unanimidad de la comunidad de propietarios, como forma de garantizar la convivencia y el derecho al descanso de los vecinos. Por último, el grupo denuncia la complejidad del texto normativo del Plan Reside, al que acusan de estar redactado de forma innecesariamente técnica y opaca, lo que a su juicio genera inseguridad jurídica y dificulta que los ciudadanos y pequeños propietarios puedan entender y aplicar la normativa. Reclaman una regulación "más clara, sencilla y accesible".
Vox asegura haber presentado alegaciones “claras y constructivas” al documento con el fin de lograr una normativa equilibrada, respetuosa con la propiedad privada y libre de “restricciones artificiales e ideológicas”.
Con la comisión de seguimiento que arranca este miércoles se da el primer paso para la aprobación del plan, a pesar de las críticas de la oposición .Dentro de una semana se celebrará el Pleno, donde, debido a la mayoría absoluta del Partido Popular, quedará aprobado. Tras su aprobación, la Comunidad de Madrid dispondrá de cuatro meses para su autorización.
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