El Informe Anual del Defensor del Pueblo, presentado este martes en el Congreso de los Diputados y en el Senado, recoge tres de las quejas más destacadas de los madrileños: las zonas de bajas emisiones (ZBE), las viviendas de uso turístico y el servicio de Cercanías.
En un documento anexo, Ángel Gabilondo, al frente de la institución, detalla las acciones llevadas a cabo durante el año 2024 en el que continuó con sus acciones respecto al retraso en la creación de las zonas de bajas emisiones (ZBE) y envió sugerencias para su implementación a los ayuntamientos de Aranjuez, Arganda del Rey, Majadahonda, Tres Cantos y Valdemoro. A mediados de febrero de este año, los trámites para su aplicación aún no habían comenzado en Arganda del Rey y Valdemoro.
Uno de los servicios que genera más quejas a nivel nacional es el de Cercanías, tal como se indica en el informe. Esto se debe, principalmente, a los aumentos en los tiempos de espera y a la congestión tanto de trenes como de andenes. La mayor parte de las reclamaciones proviene de los núcleos de Cercanías Madrid y Barcelona, que en conjunto manejan casi un millón de pasajeros al día.
El volumen de cancelaciones de trenes se destaca como el primer indicador relevante en el análisis de los datos de Renfe sobre Cercanías Madrid. Hasta el 31 de agosto de 2024, se habían programado un total de 271.050 circulaciones, de las cuales 4.402 fueron suprimidas, lo que representa un 1,62% de los trenes programados que no llegaron a realizarse.
La puntualidad se presenta como el segundo indicador. En relación al año 2024, y basándose en datos del período de enero a agosto, el mes de febrero mostró el nivel más bajo de puntualidad, alcanzando un 93,90%. Por otro lado, junio registró la mejor cifra con un 98,34%.
El Defensor del Pueblo espera la culminación en los próximos meses de los procesos que se encuentran en marcha, especialmente la renovación de la estación de Chamartín en Madrid. Se espera que esto "pueda poner fin a las insuficiencias y disfunciones" que han afectado, en diferentes grados, a los usuarios de los servicios de cercanías y que "puedan recuperarse los índices de puntualidad y calidad que merece la ciudadanía".
Viviendas turísticas
El informe indica que, a pesar de la falta de las autorizaciones necesarias en muchas viviendas de uso turístico, "continúan en explotación". Por otro lado, las administraciones competentes "acumulan retrasos" tanto en la realización de inspecciones como en la implementación de medidas destinadas a detener la actividad ilegal.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha informado recientemente que en Madrid se habían identificado más de 15.200 pisos turísticos ilegales. El Defensor del Pueblo remitió una recomendación a la Comunidad de Madrid con el objetivo de acelerar la tramitación de los procedimientos sancionadores y prevenir la prescripción de las infracciones.
Bono alquiler joven
El bono alquiler joven, la ayuda económica destinada a los menores de 35 años que cumplen ciertos requisitos para afrontar el pago del alquiler de un piso, es otro aspecto relacionado con la vivienda que destaca el Defensor del Pueblo en la región.
El retraso en la resolución de estas ayudas, que superó un año, llevó a Gabilondo a formular recordatorios de deberes legales a las consejerías competentes en diversas autonomías, incluida Madrid. Se les instó a que dictasen y notificasen la concesión del bono alquiler joven, así como a que ajustaran su actuación administrativa a los principios de eficacia, economía y celeridad.
Falta de suministro en la Cañada Real
Un apartado específico del informe se ha centrado en la carencia de suministro eléctrico en la Cañada Real. El defensor del Pueblo presentó un informe sobre esta situación ante el Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa. Este organismo ha señalado que el Estado español ha estado vulnerando hasta diez derechos consagrados en la Carta Social Europea durante más de cuatro años y considera que no ha cumplido con su deber de proteger y mejorar las condiciones de vida en la Cañada Real, especialmente para los habitantes más vulnerables.
El Defensor del Pueblo, por lo tanto, vuelve a hacer hincapié en sus recomendaciones dirigidas a los poderes públicos, instando a que se restablezca el suministro eléctrico mientras se implementan las medidas necesarias para llevar a cabo el realojo de aquellas personas que están involucradas en dichos procedimientos.
Impuesto de Sucesiones
En relación al Impuesto de Sucesiones, se han recibido quejas por parte del Defensor del Pueblo sobre la obligación de dar a ciudadanos información y asistencia tributaria. Un ejemplo de esto es la restricción impuesta por la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid, que limita las citas únicamente a la elaboración de ciertas autoliquidaciones, excluyendo aquellas correspondientes al Impuesto de Sucesiones.
El total de expediente abiertos en la Comunidad de Madrid el año pasado asciende a 8.045. Las áreas que han acumulado mayor número de quejas son Justicia con 1.003, Asilo con 696, Empleo y Seguridad Social con 654, y Educación con 554. De todo el país, el Defensor del Pueblo ha recibido un total de 34.402 quejas de los ciudadanos.
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