Cuatro personas despachaban los libros de texto en la Librería Vizcaya de Alcorcón hasta 2018. Jorge López y su mujer, propietarios de este negocio familiar, no podían afrontar solos la campaña de 'vuelta al cole' y contrataban dos trabajadores extra de junio a noviembre para atender decenas de pedidos de un material didáctico que ahora apenas compran. El Plan Accede les 'robó' la clientela y sus ventas se han reducido "un 40 o 50 por ciento".
No constituyen un caso aislado, sino una muestra dentro de un gremio que agoniza desde que la Comunidad de Madrid aprobó la Ley de Gratuidad de Libros de Texto. El colectivo se muestra a favor de esta medida, pero no del sistema articulado para eximir a las familias del pago del material escolar. Cada centro educativo asume la adquisición centralizada de los libros y solo pueden elegir un único proveedor. Una fórmula que "solo favorece a las grandes cadenas", según José María Gil, presidente de la Asociación de Pequeñas Librerías.
"La Consejería de Educación alardea de este acuerdo marco y cree que las librerías nos estamos haciendo ricos, pero yo esta semana he rechazado suministrar a cuatro colegios porque no tengo margen comercial", apunta Gil. Sí abasteció estos días a otro centro con un pedido de libros de texto por valor de 5.000 euros. Obtuvo un beneficio de 52,75 euros. En cifras similares se mueve Jorge López. De un encargo de 20.000 euros ha ganado 300. "No me negué porque no quería que el centro dejara de trabajar con nosotros", reconoce. No obstante, tuvo que entregar cada unidad forrada y etiquetada y comprometerse a recoger libros para llevar a la planta de reciclaje, prestaciones que canjea por puntos para aumentar sus probabilidades de que le adjudiquen contratos.
José María Gil, por su parte, ha optado por no ofrecer estos servicios que los grandes distribuidores sí pueden permitirse. "Si se los forras, se los pones por lotes y se los etiquetas se lo das todo hecho gratis", advierte. Sí se acoge a otra de las opciones para sumar puntos: aplicar descuentos del 10 por ciento a los centros educativos. Con esto se asegura encargos, aunque algunos le reportan pérdidas porque este precio rebajado no alcanza para cubrir costes. "Muchas veces me toca poner de mi bolsillo", admite resignado. "No sé si puede ser legar vender bajo pérdida", se pregunta López.
La alternativa: el cheque libro
Por su parte, la Consejería de Educación que dirige Enrique Ossorio defiende el Plan Accede, dotado en el presente año escolar con cerca de 32 millones de euros y del que se benefician 410.000 alumnos. En el curso 2019/2020 se contabilizaron un total de 183 establecimientos adjudicatarios, de los cuales "únicamente un 4 por ciento eran grandes editoriales", según cifras del Gobierno autonómico.
Sin embargo, el hecho de que el 66 por ciento de los libreros adjudicatarios sean autónomos no se traduce en ganancias para los comercios de barrio. Jorge García reprocha a la Consejería que haya fijado un importe por libro "por debajo de su valor real". Se suma a esto el incremento de los precios por parte de las editoriales de "entre un 3 y un 5 por ciento", indican desde la Asociación de Pequeñas Librerías, mientras la Comunidad no actualiza la cuantía establecida por ejemplar en 2018.
Además, desde la puesta en marcha del Plan Accede las familias pueden eludir sus visitas a las librerías y así tampoco compran literatura ni productos de papelería. Este complejo panorama aboca a los puntos de venta de libros de texto al cierre. Hasta 60 cesaron su actividad en Madrid en 2019 y 129 más hicieron lo propio en 2020. Este 2021 el gremio calcula que bajarán la persiana unas 90. Los que resisten lo hacen "pasando vergüenza por no poder surtir a colegios que trabajan con nosotros incluso desde hace 15 años", cuenta Jorge López. Los que no han conseguido ser licitadores quedán aún en peores condiciones, sostiene la asociación.
Como solución apuntan al cheque libro, un modelo por el que apuestan otras comunidades autónomas como Andalucía o Comunidad Valenciana. Esta ayuda económica se entregaría a las familias para que decidan con libertad donde comprar el material didáctico. La Asociación de Pequeñas Librerías ha tratado de negociar esta vía con la Consejería de Educación, pero Enrique Ossorio "se cierra en banda" a reunirse con ellos, denuncian. Por ello, algunos libreros como Jorge López reclaman una reunión directa con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. "Se ha comprometido a ayudar al pequeño comercio, que no se olvide de nosotros", reclama.
Educación, satisfecha con el Plan Accede
La Consejería de Educación no coincide con la evaluación que hacen los libreros del Plan Accede. Fuentes del departamento que encabeza Ossorio trasladan a Madridiario que "en líneas generales, es un programa satisfactorio donde crecen año a año los beneficiarios". Aseguran, además, que estudian todas las sugerencias que les llegan e informan que la Comisión de Seguimiento del Plan, en la que debe analizarse el funcionamiento de esta, se convocará "próximamente".
Mismo compromiso asumieron -y anunciaron- el pasado mes de febrero, cuando el colectivo presionó para reunirse con el Gobierno regional y explorar la opción del cheque libro como alternativa al programa actual. Los libreros querían trabajar "con previsión de cara al próximo curso", pero ese momento ha llegado y la Comunidad de Madrid aún no los ha recibido. Educación evita poner fecha concreta al encuentro y condiciona este a completar el informe preceptivo "que se está elaborando y que se facilitará a los asistentes días antes para su evaluación".
La Comisión la presidirá el propio Enrique Ossorio y están citados a la misma los directores generales de Primaria, Secundaria, Becas y Ayudas, los directores de las cinco áreas territoriale y el presidente del Consejo Escolar. También acudirán representantes de la Inspección Educativa, de los directores de los centros de Educación Infantil y Primaria, Secundaria, de centros privados concertados, de asociación de Madres y Padres de Alumnos de centros públicos y de privados concertados, de la asociación de libreros de la Comunidad de Madrid y de la Asociación Nacional de Editores de Libros y material de Enseñanza (Anele).
Desde la Consejería afirman que "se escucharán las propuestas de todos los componentes que sirvan para mejorar aspectos relacionados con el desarrollo del Plan". Los propietarios de librerías de barrio esperan que dichas mejoras lleguen a tiempo para no alcanzar la desorbitada cifra de 300 establecimientos condenados al cierre por el Plan Accede.