Afectados de los pisos vendidos a un fondo buitre piden amparo para no quedarse en la calle

Este es el caso de Chus, que fue adjudicataria de un piso de la EMVS en el PAU de Carabanchel por 10 años en principio con opción a compra. Tiene una casa de 60 metros cuadrados por la que paga 480 euros de alquiler. En julio se le acaba el contrato y los nuevos propietarios del edificio le piden un 10% más el primer año, un 15% más acumulado el segundo y un 15% más acumulado el tercero.

A ello hay que sumarle una subida del un subida del 45 por ciento de los gastos de la comunidad, "sin que ninguno de los servicios comunes haya mejorado". "Con nuestros sueldos de mileurista no lo podemos afrontar. Nos han cambiado totalmente las condiciones porque quieren que nos vayamos", ha señalado a Europa Press la perjudicada.

Otros vecinos han agotado el plazo y se han ido y bajo otros pesa una orden de desahucio. Con el cambio de Gobierno municipal muchos pensaron que podían revertir su situación, pero pasados los meses están "desilusionados".

"Todo han sido buenas palabras pero ningún hecho concreto. El otro día dijo Marta Higueras que la única solución era okupar. Me parece irresponsable decir esas cosas. ¿Va a estar la teniente de alcalde aquí amparándome cuando vengan a echarme?", se pregunta Chus.

Para estos afectados, la solución pasaría por que el Consistorio obligue al fondo de inversión a firmar un convenio para garantizar las condiciones iniciales del arrendamiento, "tal y como prometió Ana Botella y que nunca se cumplieron". O por que el Consistorio asuma la parte suplementaria que con el nuevo contrato les obliga a firmar el fondo. "Realmente no es dinero, es cuestión de voluntad política", ha apuntado Chus.

Precisamente esta semana la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid ha detectado irregulares en la venta de estas VPO, en un informe que no es definitivo y que está a la espera de alegaciones. Pero estos afectados creen que una posible impugnación de esta venta por parte del Ayuntamiento tampoco sería una solución porque el proceso judicial, ya que tal y como ha reconocido el Consistorio, se alargaría sobremanera durante años.

Eso sí, esperan que con el informe de la Cámara de Cuentas se pueda reabrir la vía judicial en la Audiencia Nacional, ya que la querella interpuesta se sobreseyó en instancias anteriores. Y quizá recurran a vender calendarios de desnudos artísticos, como hicieron el año pasado, para asumir los costes judiciales.

Confianza en el Ayuntamiento

Por su parte, la presidenta de la Plataforma de Afectados por la Venta de la Vivienda Pública a la Empresa Municipal de la Vivienda, Arancha Mejías, ha calificado de "esperanzador" el informe provisional de la Cámara de Cuentas regional porque "son datos una institución que establece qué ha habido detrás de la venta de pisos sociales a fondos de inversión".

Respecto a las medidas que el Ayuntamiento de Madrid ha dicho que empleará para evitar "desahucios masivos", Mejías ha reconocido no saber qué guión seguirá el Consistorio, pero que sabe que "está trabajando en ello para dar una solución más justa".

Sólo en el PAU de Carabanchel hay aproximadamente 300 familias afectadas por esta situación. El Consistorio vendió en total 1.800 viviendas al fondo de inversión Fidere (filial española de Blackstone) por 128,5 millones de euros.