Ayuso blindará los bajos impuestos de Madrid

Isabel Díaz Ayuso cumplirá mañana una de las promesas que realizó en su discurso de investidura: blindar la supresión y la bajada de los impuestos de Madrid. Durante su intervención en la presentación del libro Liberalismo a la madrileña, la presidenta de la Comunidad ha asegurado que mañana el Consejo de Gobierno aprobará la Ley de Autonomía Financiera para "asegurar las competencias fiscales que tenemos recogidas en la Constitución y que nos permiten seguir siendo libres y mejores".

Con esta Ley, el Gobierno madrileño pretende evitar que otras normas superiores que puedan ser aprobadas en el Congreso de los Diputados no interfieran en las competencias autonómicas en materia fiscal de Madrid. En concreto, uno de los escenarios que Díaz Ayuso pretende evitar es que el Gobierno de España y distintas fuerzas parlamentarias nacionales puedan imponer una mayor tributación a los contribuyentes madrileños en los impuestos de Sucesiones y Patrimonio.

Según fuentes de la Consejería de Empleo y Hacienda, la “armonización” fiscal al alza le costaría al bolsillo de los madrileños un total de 5.900 millones de euros, es decir, una media de 2.270 euros más por familia al año. De este modo, una herencia media en Madrid pasaría de pagar 22 euros a 2.200 euros, esto es cien veces más, en el caso de que se equiparase el impuesto de Sucesiones tal y como pretende el Ministerio de Hacienda.

Los contribuyentes madrileños se han ahorrado de media 16.500 euros en el pago de impuestos desde 2004, fecha en la que empezaron las sucesivas rebajas de impuestos de los distintos Gobiernos en la Comunidad. Esta política de impuestos bajos ha supuesto que la región sea la CCAA más competitiva a nivel fiscal, aportando el 68% del total de los recursos del Fondo de Garantía del que se nutren los Servicios Públicos de todas las Administraciones regionales españolas.

Autonomía constitucional

Para defender esta autonomía fiscal, la Comunidad de Madrid destaca dos artículos de la Constitución: el 156 y el 157. El primero recoge que las Comunidades Autónomas “gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles”.

En cuanto al segundo, habla de los recursos con los que cuentan las comunidades, tales como “los impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado; recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado además de sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales”.

De cara a proteger la independencia autonómica en la gestión de los tributos que tiene cedidos, esta Ley pretende reforzar la vigencia y defensa de los principios constitucionales de la autonomía financiera de la Comunidad de Madrid como presupuesto necesario para el ejercicio de la autonomía política.

Lo quiere hacer en su doble vertiente: la autonomía fiscal, tanto para la determinación de los tributos propios como en el ejercicio de las competencias constitucionalmente atribuidas sobre los tributos cedidos del Estado; y la autonomía en el gasto, en cuanto a la cuantificación y distribución del mismo para el cumplimiento de sus objetivos, sin condicionamientos ni injerencias indebidas.