El Ayuntamiento de Madrid ratificará este jueves en Junta de Gobierno su decisión de instar al Gobierno central a declarar la ciudad como zona catastrófica tras los cuantiosos daños ocasionados por la borrasca Filomena. El regidor, José Luis Martínez-Almeida, entiende que "concurren los requisitos jurídicos y los supuestos de hecho" para hacerlo. Los alcaldes y portavoces del Partido Popular en otros municipios de la región afectados por el temporal también presentarán una moción en sus consistorios para reclamar esta ayuda estatal, así como varios ayuntamientos gobernados por el PSOE.
Aunque la evaluación de las pérdidas ocasionadas por la histórica nevada no se ha concretado aún, Almeida estima que "la factura ascencerá a varios cientos de millones de euros". Tras la valoración inicial, se calcula que más de 150.000 árboles ubicados en viales y zonas verdes se han visto dañados, sin contabilizar los de grandes parques como la Casa de Campo o la Dehesa de la Villa. Además, hasta 33 instalaciones deportivas de la ciudad presentan cubiertas hundidas y otros desperfectos.
El portavoz nacional del PP ha incidido en que la intensidad "desconocida" en la ciudad de la nevada "desbordó" las previsiones originando el "colapso" de la urbe en los últimos días pese a los "esfuerzos extraordinarios" del Consistorio, que ha desplegado un dispositivo de más de 7.000 personas para garantizar la movilidad. En consecuencia, el alcalde ha apelado a la "sensibilidad" del Gobierno a la hora de estudiar su instancia.
Tal como ha argumentado Almeida, su petición para que Madrid sea designada como zona de afectada gravemente por una emergecia de protección civil -denominación oficial de la zona catastrófica- se sustenta sobre tres cuestiones. Por un lado, para "agilizar las reclamaciones y adelantar el cobro de las indemnizaciones que le corresponden a aquellos madrileños que han sufrido daños personales y materiales". En segundo lugar, para paliar los perjuicios ocasionados a la hostelería y al pequeño y mediano comercio y, por último, para compensar los "gastos asumidos por el Ayuntamiento por los tremendos daños en infraestructuras de titularidad municipal y de la revisión en 60 días de todo el arbolado de la ciudad".
La Junta de Gobierno de @MADRID presentará mañana la petición para declarar #Madrid como zona afectada gravemente por una emergencia. Se han constatado graves daños que ascienden a cientos de millones de euros producidos por el temporal de nieve #Filomena.
Por su parte, la vicealcaldesa, Begoña Villacís, ha hecho hincapié en que "es el momento de reconocer la entidad de la nevada y cómo afecta a la vida de muchas empresas, trabajadores y servicios públicos". De hecho, según el balance emitido por Hostelería Madrid, solo en este sector se han generado pérdidas que ascienden a 70 millones de euros. "El Gobierno tiene que arropar a los alcaldes porque esta situación sobrevenida se une a la situación catastrófica que ya llevan encima muchísimos establecimientos, comerciantes, por culpa de la pandemia y el parón económico", argumentó este miércoles la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La mandataria regional ya manifestó en días anteriores que la ayuda requerida al Estado "no es un capricho", alegando además que la declaración de zona catastrófica en la capital no debería suponer un problema para un Gobierno "manirroto que gasta enloquecidamente en otras cuestiones". Así, aseguró que la Administración autonómica apoyará a todos los municipios que reclamen este 'rescate'.
Municipios gobernados por el PSOE pedirán la declaración
El PP de Madrid ya ha confirmado que los alcaldes de sus siglas y los portavoces 'populares' en términos municipales que han sufrido con virulencia el impacto de Filomena presentarán una moción en los Plenos para exigir el decreto de zona catastrófica. Ya habían expresado su intención de hacerlo Alcobendas, Villaviciosa de Odón, Aranjuez, Las Rozas o Colmenar Viejo, este último para paliar las "pérdidas millonarias y muy difíciles de reparar en el sector primario", donde hasta 14 instalaciones ganaderas llevan desde el inicio de la nevada aisladas.
Asimimo, ayuntamientos del PSOE como el de Fuenlabrada también planean hacer lo propio. Su regidor, Javier Ayala, ha comunicado que todos los grupos políticos -Socialista, Ciudadanos, PP, Vox y Unidas Podemos- han acordado en Junta de Portavoces un texto conjunto para solicitar la declaración en el Pleno de este jueves. En Alcorcón también lo valoran después de comprobar que en torno al 30 por ciento del arbolado se ha visto damnificado. "Va a costar muchísimo dinero poner en marcha todo el programa que hay que hacer", ha trasladado la alcaldesa, Natalia de Andrés.
En Móstoles, PSOE y y Podemos ya han registrado la moción que elevarán al Pleno para solicitar la declaración al Gobierno de España. En un comunicado firmado por ambas formaciones también solicitan a la Comunidad de Madrid que habilite un Fondo Regional Extraordinario de ayudas a los municipios. Por su parte, en Parla también han anunciado que han comenzado a cuantificar los costes asociados al temporal para reclamar la declaración de zona catastrófica ante el Estado y "mitigar los daños en el menor tiempo posible".
🔴 El pleno del @AytoFuenlabrada solicitará mañana la declaración de zona catastrófica de la ciudad 🔺 Además, la declaración pide al Gobierno central y el de la Comunidad de Madrid colaboración para mitigar los efectos de la #BorrascaFilomena en el menor tiempo posible pic.twitter.com/EMWW6wOLOx
— Ayuntamiento de Fuenlabrada (@AytoFuenlabrada) January 13, 2021
Antes de que se produjera el reclamo de los consistorios socialistas, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, minusvaloró los destrozos causados por la borrasca en la capital. "No hay daños importantes a bienes", señaló el pasado domingo. Poco después se veía obligado a retractarse por su "mala interpretación" y, según fuentes del Gobierno consultadas por El País, el Ejecutivo "tiene la predisposición de declarar la emergencia" tanto en Madrid como en Castilla la Mancha. No obstante, siguen puntualizando que antes deben "hacerse una idea exacta de los perjuicios" ocasionados en espacios públicos y privados.
Desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, el Consejo de Ministros ha abordado en varias ocasiones el decreto de zona catastrófica, en un par de ocasiones con la Comunidad de Madrid como beneficiaria. Así, el 20 de septiembre de 2019 se aprobó un decreto-ley para declarar zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil tanto la zona afectada por el dramático incendio de Cadalso de los Vidrios y Cenicientos, acaecido en junio, como los pueblos inundados por la DANA en agosto.
ZONA CATASTRÓFICA
Requisitos para declararla
El artículo 23 de la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil marca el procedimiento para la declaración de una zona afectada gravemente por una emergecia de protección civil -denominación oficial de la zona catastrófica- y supedita esta a que "se hayan producido daños personales o materiales derivados de un siniestro que perturbe gravemente las condiciones de vida de la población en un área geográfica determinada o cuando se produzca la paralización, como consecuencia del mismo, de todos o algunos de los servicios públicos esenciales".
En el caso que nos ocupa, la tromba de nieve descargada por Filomena interrumpió la movilidad por carretera, obligó a suspender los vuelos en el aeropuerto de Barajas y a paralizar el Cercanías y los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes. También se suprimió el servicio de recogida de residuos durante varias jornadas y los centros educativos permanecerán cerrados hasta el próximo 18 de enero.
La movilización de la Unidad Militar de Emergencias ha resultado indispensable para despejar las vías principales, pero centenares de calles siguen cubiertas por una gruesa capa de hielo. Como ha indicado el consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, la borrasca "ha alterado la vida" de los madrileños y "ha afectado a servicios públicos", limitando la movilidad y provocando un "importante impacto económico".
¿Quién la pide y quién la concede?
La declaración de zona catastrófica la solicitan los ayuntamientos o comunidades autónomas afectadas por el siniestro en un plazo máximo de 15 días desde que este se desencadenara. Debe ser propuesta por los ministros de Hacienda e Interior y el Consejo de Ministros se erige como el órgano competente para aprobarla.
Además, la Ley de Protección Civil de 2015 contempla que el Gobierno central pueda actuar de oficio, es decir, sin esperar a que otra administración lo demande, si lo considera necesario. En las últimas horas, se ha especulado con la posibilidad de que Grande-Marlaska esté barajando optar por esta vía.
¿Qué ayudas recoge?
Según el decreto ley que lo regula, la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil implica que aquellos gastos que no sean cubiertos por las indemnizaciones de las compañías de seguros los satisfaga, en parte, el Estado. Así, la ley incluye las siguientes líneas de ayudas:
1) Ayudas económicas a particulares por daños en vivienda habitual y enseres de primera necesidad.
2) Compensación a Corporaciones Locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables.
3) Ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación personal o de bienes.
4) Ayudas destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.
5) Subvenciones por daños en infraestructuras municipales, red viaria provincial e insular.
6) Ayudas por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura marina.
7) Apertura de líneas de préstamo preferenciales subvencionadas por el Instituto de Crédito Oficial.
Al margen de estas, la normativa comprende otras medidas de tipo fiscal como exenciones sobre la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) o el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) que afecte a viviendas, establecimientos industriales, turísticos y mercantiles, explotaciones agrarias, ganaderas y forestales, locales de trabajo y similares, cuando hayan sido dañados y se acredite el realojamiento total o parcial de las personas o bienes ubicados en ellos. Asimismo, las empresas y trabajadores por cuenta propia podrán solicitar y obtener, previa justificación de los daños sufridos, una moratoria de hasta un año en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social.
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