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Vicepresidente de la región madrileña, Ignacio Aguado, compadece tras el Consejo de Gobierno por videollamada
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Vicepresidente de la región madrileña, Ignacio Aguado, compadece tras el Consejo de Gobierno por videollamada (Foto: Comunidad de Madrid)

Aprobado un gasto de 5,2 millones para material sanitario, entre otras medidas contra el coronavirus

miércoles 01 de abril de 2020, 16:01h

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, cuya reunión ha tenido lugar a través de una videoconferencia conjunta entre los consejeros y consejas, la presidenta Isabel Díaz Ayuso y el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, ha aprobado varias medidas enfocadas a paliar la crisis del coronavirus, así como otras de carácter más general.

En primer lugar, los miembros del Consejo de Gobierno han autorizado un gasto de 5,2 millones de euros para la adquisición de diverso material sanitario de protección y asistencia para hacer frente a la evolución del coronavirus. De ello -y del resto de medidas- ha informado el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, en un vídeo difundido a los medios de comunicación, tras la reunión de los miembros del Ejecutivo.

Es un nuevo gasto que se suma a los autorizados en semanas anteriores. El Consejo de Gobierno ya ha autorizado más de 47,3 millones de euros para la adquisición de distinto material sanitario. La semana pasada se dio luz verde a 23,8 millones de euros para respiradores mecánicos y otro tipo de equipamiento sanitario de alta tecnología. Estas adquisiciones forman parte del marco de la acción del Gobierno autonómico para proteger la seguridad y salud de los ciudadanos ante esta pandemia, y en cumplimiento de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Sanidad.

Al igual que se ha venido realizando en los últimas reuniones del Consejo, para la adquisición de este material, la Comunidad de Madrid, a través de la Viceconsejera de Asistencia Sanitaria, ha aprobado una declaración de emergencia que permita la adquisición de estos recursos por tramitación también de emergencia.

Reducción a mínimos del alquiler de la AVS

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha aprobado también la modificación del decreto 226/1998, de 30 de diciembre, por el que se regula la reducción del precio de la renta de las viviendas administradas por la Agencia de la Vivienda Social de Madrid (AVS). Así, las familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad debido a la pandemia del coronavirus podrán ver reducidas sus rentas de alquiler al mínimo, abonando 46,56 euros mensuales.

Según ha informado el vicepresidente, serán beneficiarios de esta reducción los inquilinos de las más de 23.200 viviendas de la AVS que se encuentren en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis sanitaria, por lo que la medida puede alcanzar a las 75.000 personas que viven en ellas. Podrán solicitarlo y acogerse a esta medida los trabajadores por cuenta ajena que han sido despedidos o se han visto afectados por un ERTE, así como a los autónomos que han sufrido una caída en sus ingresos de al menos el 40 por ciento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 del real decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo. Las reducciones de renta se concederán durante todo el periodo que dure el estado de alarma.

La reducción consistiría en que únicamente abonarían la renta mínima durante el periodo de alarma, sin perjuicio de que una vez finalizado este, puedan beneficiarse del régimen general de reducción de renta previsto en el decreto 226/1998 y desarrollado por la orden de 4 de febrero de 1999 si cumplen las condiciones previstas en la misma.

Las rentas mínimas se calcularían mediante la aplicación de unos porcentajes de minoración que varían en función de dos factores: ingresos y número de miembros de la unidad familiar. Estos porcentajes (de un 5 a un 95 por ciento) establecen una renta mínima sobre la que no cabe reducción, y que para el año 2020 se sitúa en 46,56 euros al mes en vivienda y 4,54 euros mensuales por la plaza de garaje. La Agencia de Vivienda Social estima que las familias posiblemente afectadas pueden llegar al 40 por ciento de sus inquilinos, es decir 5.428. La AVS recauda mensualmente unos 4 millones de euros por los alquileres.

Esta medida del Gobierno regional supondrá dejar de recaudar entre 200.000 y un millón de euros al mes que beneficiarán a damnificados. La Agencia de Vivienda Social dejó de recaudar en 2019 un total de 13,7 millones por las reducciones de renta aplicadas.

Ayudas a la atención de personas dependientes

Asimismo, el Consejo de Gobierno ha aprobado destinar de 4.002.932,38 euros a la atención de personas adultas con un elevado nivel de dependencia por esclerosis múltiple u otras enfermedades desmielinizantes, en el centro residencial y centro de día Alicia Koplowitz.

El centro cuenta con 158 plazas, de las que 96 son residenciales para la atención integral de las personas dependientes, 32 plazas de centro de día y 30 de atención ambulatoria, según ha informado el vicepresidente, Ignacio Aguado, en un vídeo difundido a los medios de comunicación. La titularidad del centro Alicia Koplowitz es de la Comunidad de Madrid, así como el inmueble, y está gestionado por la entidad Quavitae Servicios Asistenciales, S.A.U., con la que se ha renovado la cuarta prórroga del contrato de gestión, con una duración de un año, desde el 1 de mayo de 2020 hasta el 30 de abril de 2021.

De la misma manera, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a un nuevo decreto que tiene como finalidad agilizar los trámites para poder poner a disposición de los colectivos más vulnerables las subvenciones de los que puedan ser beneficiarios. Esta medida podrá aplicarse a líneas de ayuda para la consolidación del trabajo autónomo o para el fomento de la contratación de colectivos de trabajadores, entre otras, según ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

En este sentido, han remarcado que la crisis del coronavirus requiere "rápidas respuestas en todos los ámbitos, incluyendo la propia tramitación ordinaria de los procedimientos administrativos, medios necesarios para conseguir el objetivo final, que es la aportación de ayudas a la ciudadanía". El régimen de control interno sobre los procedimientos puede llevarse a cabo con carácter previo a la adopción de los actos administrativos o a posteriori, mediante técnicas de control financiero.

En la Comunidad de Madrid se ha venido aplicando el régimen de fiscalización previa en materia de subvenciones y ayudas con carácter general, pero en las circunstancias excepcionales, resulta necesario sustituir este control por uno posterior, para agilizar la tramitación de los expedientes de gasto. Esto será especialmente necesario en aquellas líneas de ayuda relacionadas con colectivos vulnerables o que pueden contribuir al impulso del empleo o la economía.

El Consejo de Gobierno tiene en cuenta también que como Administración ha debido adaptarse en pocas semanas a circunstancias que afectan a todos los ciudadanos, ya sea por el propio desarrollo de la enfermedad, por la necesidad de permanencia en el domicilio de su personal con medidas de teletrabajo, así como por el hecho de que por parte del Estado se van adoptando medidas de urgencia cuya ejecución corresponde a las comunidades autónomas.

De esta forma, la supervisión de los gastos en la materia se realizará a posteriori mediante control financiero. En cualquier caso, será la Intervención General, "unidad que actúa con plena independencia sobre los órganos controlados", la que decidirá los expedientes de gasto concretos a los que la medida resultará aplicable.

Además, el Consejo de Gobierno contempla que una vez restablecido el normal funcionamiento de los servicios públicos, la Intervención General de la Comunidad de Madrid acordará mediante resolución la finalización de la aplicación del control financiero permanente para las líneas de subvención o ayuda correspondiente, restableciéndose la aplicación de la función interventora previa.

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