Un tren descarrilado y cambios en la Zona de Bajas Emisiones marcan 2024 en transportes

Los grandes macroproyectos como el soterramiento de la A-5, la cubrición de la M-30 en Ventas, las obras en la red de Metro o las restricciones de tráfico y la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) han marcado algunos de los acontecimientos de este 2024 en materia de transportes y movilidad.

Como novedad, este año, la Comunidad de Madrid elaboraba un programa pionero para el reparto de mercancías desde la red disponible de Metro, un hecho insólito que incorporaba el suburbano madrileño al sector de la logística. El sistema contaba con jaulas específicamente diseñadas para trasportar cerca de 1.000 paquetes diarios, aprovechando las propias cocheras de Metro.

Este servicio aspiraba a disminuir el tráfico rodado y los atascos en Madrid, tanto en la capital como en los municipios aledaños del sur, reduciendo en paralelo las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera y mejorando tanto la circulación como la seguridad de los peatones en un contexto de un gran auge de las compras online y, por ende, de los vehículos de reparto.

Pero este no era el único proyecto piloto e innovador que la Comunidad de Madrid tiene preparado para la red de Metro. Con la intención de reducir los tiempos de espera, incrementar la capacidad de pasajeros y ahorrar energía, el Gobierno de la Comunidad ha anunciado su apuesta por el funcionamiento de trenes sin conductor con vistas al año 2030.

Los primeros trenes se instalarán en la Línea 6 de Metro a lo largo de 2027, según prevén desde la Comunidad. Estos convoy cuentan con seis coches, pasillos intercomunicados y serán 10 centímetros más anchos que los actuales, lo que permitirá aumentar la capacidad en un 17 por ciento al pasar de 1.200 pasajeros actuales a 1.385. Además, contarán con un cristal panorámico que permitirá a los pasajeros observar las vías y las estaciones, al no contar con una cabina para el conductor.

Estos proyectos demuestran que la red suburbana está en continua evolución y mejora, pero no siempre llueve a gusto de todos y sus obras de rehabilitación o ampliación también suponen un gran inconveniente a los madrileños. A veces, esas protestas llegan por parte de la administración pública, por ejemplo, el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid presentó un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia de Madrid (TSJM) contra la licitación de la 'Redacción del proyecto de construcción de una nueva estación en la Línea 9 de Metro en los desarrollos de Ahijones y Los Berrocales', donde reclamaban la paralización de la licitación y del proyecto.

Asociación de Familias del Alumnado del CEIP Perú y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) solicitaron amparo de la Comisión del Parlamento Europeo para evitar la vulneración de los derechos de la infancia, pues el centro escolar se encontraba a escasos metros del principal centro de operaciones para las obras de la Línea 11 de Metro.

Unas obras, las de la Línea 11, que no han estado exentas de polémica y que las protestas, tanto vecinales como de asociaciones ecologistas, consiguieron modificar para "minimizar el impacto ambiental" y "reducir la superficie ocupada y la afección de los árboles del entorno de las estaciones de Comillas, Madrid Río, Palos de la Frontera, Atocha y Conde de Casal". Una modificación que obligó al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha aumentar su inversión en 17.1 millones de euros.

En San Fernando de Henares, las obras de la Línea 7B de Metro, ha generado una gran controversia, ya que construcción ha provocado el derribo de varias viviendas. Para subsanar estas afecciones, la Comunidad llegó a ampliar su inversión en 3.2 millones de euros para los afectados.

En el mes de julio, la Comunidad iniciaba la adjudicación de las obras para la ampliación de la Línea 5 de Metro, unos trabajos que conectaran las estaciones de Alameda de Osuna con la del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas de la Línea 8.

Caos en Cercanías y descarrilamiento de un tren

Este 2024, de nuevo, ha estado marcado por las incidencias en la red de Cercanías. Uno de los incidentes más destacados tuvo lugar en el mes de mayo, cuando se produjo una avería en la señalización en las proximidades de Atocha que provocó retrasos y taponaba la circulación de las líneas C-2, C-7 y C-8.

Según algunos viajeros, cuando ya llevaban una hora en el interior del tren sin climatización, un pasajero de uno de los trenes afectados ha accionado el sistema de alarma para abrir las puertas y el resto de viajeros ha abandonado el convoy, llegando muchos de ellos caminando por las vías de la red de Cercanías hasta la estación de Atocha.

Esta incidencia obligó a Óscar Puente, ministros de Transportes y Movilidad Sostenible, ha pedir perdón a los usuarios de Cercanías, aunque defendía la idea de que las incidencias que se registran en la red de Metro de Madrid multiplicaban por 10 las que se producen en Cercanías.

Puente alegaba que algunas de las incidencias eran fruto de las obras de ampliación de las estaciones de Chamartín-Clara Campoamor y Atocha-Almudena Grandes, las cuales, estaban "tensionadas" o "al límite" en su capacidad.

No fue hasta este mes de octubre, cuando el 'caos' llegó a estas dos estaciones madrileñas. Por un lado, un tren - sin viajeros- descarriló en el tramo subterráneo que discurre entre Atocha y Chamartín, y por otro lado, un hombre saltó a las vías en la estación de Atocha provocando la suspensión de varios servicios.

El primer incidente ocasionó la cancelación de trenes de Alta Velocidad entre Madrid, Murcia y la Comunidad Valenciana. Renfe cifró en 13.700 personas afectadas por las cancelaciones y cambios de trenes tras el descarrilamiento del convoy.

Cambios en la normativa de los patinetes eléctricos

Los patinetes eléctricos aparecieron como una solución a la movilidad madrileña, pero los accidentes provocados por la explosión en sus baterías provocaron que la Comunidad de Madrid prohibiera su acceso a la red de transporte público de la región, con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios.

Esta medida entró en vigor con carácter transitorio el pasado mes de noviembre, tras explotar el 17 de octubre la batería de uno de estos dispositivos en el interior de un tren del suburbano en la estación de La Elipa, en la Línea 2 de Metro, sin causar daños personales.

De forma casi paralela, el Ayuntamiento de Madrid decidió retirar la vía pública todos los patinetes eléctricos autorizados a las tres empresas que habían sido concedidas, tras comprobar desde el Ejecutivo municipal que “no se está cumpliendo con las condiciones acordadas” con estas compañías.

Esta decisión no afectaba a los vehículos privados de estas características que podrán seguir circulando por la ciudad.

Sin embargo, esta medida se paralizó hasta que un juez decidiera sobre las medidas cautelares solicitadas por estas empresas. Eso sí, el Consistorio madrileño comunicó que continuaría multando a los vehículos mal estacionados.

Zona Bajas Emisiones

El 1 de enero de 2025, los vehículos sin etiqueta ambiental no podían acceder a la ciudad, tal y como marcaba la normativa. Sin embargo, a 20 días de finalizar el año, el Consistorio anunció un giro de guion, permitiendo el acceso a la capital de estos vehículos hasta el año 2026, estableciendo así una prórroga de 12 meses. El problema radicaba en que solo podían circular y no aparcar, no obstante, este inconveniente se solucionó y en la última Junta de Gobierno celebrada en el Palacio de Cibeles se anunció la moratoria para que los vehículos también fueran estacionados.

La Zona de Bajas Emisiones también ha tenido su polémica en lo judicial. En septiembre de 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló las modificaciones a la Ordenanza de Movilidad Sostenible que delimitaban estas zonas, argumentando una "manifiesta insuficiencia" en la memoria de impacto económico. El Ayuntamiento ha recurrido esta decisión y, mientras se resuelve, las restricciones al tráfico en las ZBE permanecen vigentes. Además, el consistorio trabaja en una nueva reforma de la ordenanza para mantener estas zonas, ya que su implementación es una obligación legal según la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética.

Soterramiento de la A-5 y de las M-30 en Ventas

El soterramiento de la A-5 en Madrid es una de las principales iniciativas urbanísticas del Ayuntamiento, destinada a mejorar la movilidad y la calidad de vida en el suroeste de la ciudad. Las obras comenzaron en octubre de 2024 y se prevé que finalicen a finales de 2026, con una duración estimada de 25 meses.

El proyecto implica la construcción de un túnel de 3,2 kilómetros que conectará la Avenida de Portugal con la Avenida del Padre Piquer, permitiendo desviar el tráfico de la superficie. Sobre este túnel se creará el Paseo Verde del Suroeste, una zona peatonal y ciclista que mejorará la conectividad entre los barrios de Lucero, Aluche, Las Águilas, Campamento y Casa de Campo, históricamente separados por la autovía.

Sobre el cubrimiento de la M-30 a la altura de Puente de Ventas se habló en un primer momento de que las obras arrancarían en los últimos meses de 2024, sin embargo, las informaciones más recientes señalan a que este proyecto se desarrollará en los primeros meses del semestre de 2025.

El soterramiento de la M-30 a la altura de Ventas permitirá unir el distrito de Salamanca y Ciudad Lineal, con un presupuesto que se sitúa en el entorno de los 60 millones de euros de presupuesto de licitación.