Dos partidos, un Gobierno y 155 puntos marcan la realidad de la región

El primer Gobierno de coalición –entre el Partido Popular y Ciudadanos- de la historia de la Comunidad de Madrid cumple hoy 100 días.

La mandataria regional, Isabel Díaz Ayuso, asumió la Presidencia el pasado 19 de agosto convirtiéndose a sus 40 años en la mujer más joven en presidir la Comunidad de Madrid. Lo hizo gracias a la suma de los votos obtenidos por el partido de su actual vicepresidente, Ignacio Aguado, y el apoyo del Grupo Parlamentario Vox. Así, a finales de este verano se iniciaba la andadura del actual Gobierno con la repartición de consejerías -siete dirigidas por los populares y seis por los de la formación naranja- y la elección de los nuevos encargados de dichas carteras.

Entre los consejeros, algunos afianzados nombres de partido, como los populares Enrique Ossorio (Educación y Juventud), Javier Fernández-Lasquetty (Hacienda y Función Pública), Enrique Ruiz Escudero (Sanidad), María Eugenia Carballedo (Presidencia), David Pérez (Vivienda y Administración Local) o Paloma Martín (Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad), a quienes se les ha unido Enrique López López (Justicia, Interior y Víctimas), exmagistrado de la Audiencia Nacional.

Continúa en el Gobierno, aunque con un color distinto, el expresidente Ángel Garrido, actual consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras. Quien sustituyera a Cristina Cifuentes en el cargo tras su dimisión, pasó a formar parte de la candidatura de Ignacio Aguado –también consejero de Deportes, Transparencia y Portavocía- a la Asamblea de Madrid. Junto a ellos, varios miembros de Ciudadanos encabezan algunas de las principales consejerías, como Marta Rivera de la Cruz (Cultura y Turismo), Manuel Giménez Rasero (Economía, Empleo y Competitividad), Alberto Reyero (Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad), Eduardo Sicilia (Ciencia, Universidades e Innovación).

La foto de familia, aquella realizada en la Real Casa de Correos de la madrileña Puerta del Sol el mismo día de la toma de posesión de los cargos, agrupa en torno a una misma mesa a dos fuerzas de –por entonces- gran peso político a nivel nacional, y por ende rivales entre sí. El reto principal por ambas partes: entenderse y sacar adelante un programa de Gobierno de 155 puntos para la IX Legislatura.

Sin haber llegado la sangre al río, el primer trimestre de esta carrera no ha estado exento de obstáculos, y ya han sido algunos los roces provocados en la lucha de gigantes. Una batalla que, sin embargo, cuenta con una oposición posiblemente más inesperada de lo que cabía pensar: el Grupo parlamentario Vox, encabezado por Rocío Monasterio. Quien mostrara gentileza y apoyo durante la investidura, dejó “tirada” a la presidenta regional al alinearse con el resto de partidos respecto al caso Avalmadrid.

Este último ha sido, de hecho, el mayor obstáculo para la estabilidad del Ejecutivo hasta el momento. El apoyo de Ciudadanos y Vox para la creación de una Comisión de Investigación en la Asamblea de Madrid sobre la empresa –impulsada por PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos- fue asumido como un ataque político contra la presidenta por parte de sus propios aliados, alimentando los rumores que señalaban aquello de “dos gobiernos en uno”. Negado en reiteradas ocasiones por ambas partes, las aguas parecen haberse templado esta semana con el archivo de la denuncia interpuesta por Más País contra la presidenta por parte de la Fiscalía Anticorrupción.

“La izquierda madrileña ha tratado de romper mi honor y el de mi familia”, sentenciaba la mandataria regional, quien además instaba a Ciudadanos y a Vox a mantenerse “unidos y fuertes” frente a los partidos de izquierda. “Lo que tenemos que hacer es defendernos y ser ese muro de contención de las políticas socialistas”, aseguraba la mandataria. Escasos minutos antes, su número dos defendía que los que querían hacer del caso Avalmadrid una "causa personal o una guerra" contra la presidenta “se equivocaban". "La Justicia nos ha dado la razón", sostenía Aguado unos meses después de aquel “le pese a quien le pese y caiga quien caiga”.

Más allá de las posibles riñas internas, el Gobierno PP-Ciudadanos en la Comunidad de Madrid ha llevado a cabo el anuncio de varias medidas de relevancia, algunas de ellas propuestas de campaña. Especial hincapié se ha hecho en lo referente a la rebaja fiscal prometida por la popular en periodo electoral y que hasta el momento se ha materializado en tres deducciones del IRPF que afectan a 30.000 madrileños y tienen un impacto de 16,4 millones de euros.

En materia de Transporte, la gratuidad del abono de transportes para personas mayores de 65 años, sin embargo, no tiene fecha prevista por el momento, aunque se sabe que la rebaja del precio será paulatina durante la legislatura: el abono se reducirá tres euros anualmente (un 25 por ciento) hasta ser gratis en 2023. Por su parte, la apertura de Metro de Madrid durante las 24 horas los fines de semana –propuesta electoral de Ciudadanos- tampoco se completará hasta 2023 y será realizada en tres fases, anunciaba Aguado.

Desde la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas se ha puesto el foco en tratar de paliar uno de los principales problemas de la sociedad madrileña: el incremento de las tasas de ludopatía, en especial entre los jóvenes, por la proliferación de las casas de apuestas y locales de juego. Por el momento, el Gobierno ha optado por suspender la concesión de licencias para abrir este tipo de establecimientos hasta que se apruebe la nueva reglamentación. Esta, indicaba el consejero Enrique López, está previsto que combine la visión liberal del partido en torno a la actividad económica y la conformación de medidas de prevención de este tipo de enfermedades.

Esta misma cartera, además, anunciaba hace unas semanas el inicio de los trámites para la eliminación de aforamientos –que supondría la reforma del estatuto de Autonomía y, por ende, requerirá de una mayoría favorable en la Asamblea-, la creación de la figura del defensor del denunciante de la corrupción y la regulación de las sociedades cooperativas a través de una ley de emprendimiento.

Otro de los temas que han marcado la agenda del Gobierno regional hasta el momento ha sido la Educación concertada, incluyendo entre las noticias relacionadas la dimisión de directora general de Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio, Concepción Canoyra, tras la publicación de una información por el diario ABC que indicaba que había plagiado, presuntamente, parte de su tesis. El Ejecutivo de Ayuso se ha posicionado a favor de “dejar elegir a los padres” el tipo de Educación que quieren para sus hijos, aunque se han desmarcado de la posición de Vox con su propuesta del Pin Parental.

Asimismo, el consejero de Hacienda y Función Pública, Javier Fernández-Lasquetty, anunciaba la paralización de la elaboración de unos Presupuestos de cara a 2020 por la falta de Gobierno en España, indicando que se esperará hasta que la situación política se estabilice.

En cualquier caso, en el mes de octubre la Comunidad presentaba un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra el Gobierno central por los 377 millones de euros que les debe el Ejecutivo del IVA correspondiente a diciembre de 2017. Unas semanas más tarde, el Ministerio de Hacienda trasladaba al Ejecutivo de Ayuso que abonará, antes de que finalice el año, la subvención que le corresponde al Consorcio Regional de Transportes -que asciende a 127 millones según el Gobierno regional-.

A grandes rasgos, los 100 primeros días del Gobierno de coalición podrían enmarcarse dentro de la toma de conciencia de la nueva realidad política que el fin del bipartidismo en la región y en toda España ha marcado en los últimos años. La era de los acuerdos, los apoyos y los devenires ha llegado a Madrid, y no quedará otra que acostumbrarse a ello.