A la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le "espanta la Ley de Memoria Histórica". Así lo ha sostenido este jueves en el primer Pleno de la legislatura en la Asamblea. La popular ha mostrado su disconformidad con "tener que remover heridas o abrirlas", en relación a una pregunta de Vox sobre la exhumación de Franco.
La dirigente madrileña ha criticado que haya sido el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, el culpable de que se este hablando sobre este tema "con tal de hacerse más de Podemos que el propio Pablo Iglesias" y lejos de "promover la unidad de los españoles o resolver los problemas", recoge Europa Press.
Ayuso considera que el objetivo del líder socialista es "ir contra la Transición, la Corona, la bandera y la Constitución porque simbolizan fortaleza, instituciones y convivencia". "¿Luego que será lo siguiente?, ¿Que ardan parroquias cómo en el 36?", se ha preguntado.
En cuanto a las competencias de la Comunidad para intentar paralizar la exhumación, la presidenta ha remarcado que desde el Gobierno regional se van a limitar a "ejercer sus competencias y cumplir siempre con la ley", les guste o no les guste. En este sentido, ha explicado que el reglamento de la sanidad mortuoria establece que están exentas de autorización sanitaria las exhumaciones de restos cadavéricos una vez transcurridos cinco años tras su fallecimiento.
Más tarde, el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, ha indicado que "por supuesto" defiende la Ley de Memoria Histórica, como lo hace con el resto de normativas que están en vigor, así como su aplicación en la región y en el resto del país.
"Es una certeza" que "en el año 36 ardieron las iglesias" pero ha remarcado que también es una realidad que el Gobierno regional va a "hacer todo lo posible para que no vuelvan a arder en 2019 como consecuencia de que haya alguien que quiera imponer su ideología sobre otras".
En este punto, el político de Cs ha criticado que siempre que se llegue a una campaña electoral salga "el tema de Franco y de sus huesos". "Me parece que es un tema recurrente por parte de la izquierda, que además divide a la sociedad, la enfrenta y que es un debate desde mi punto estéril. Me preocupan mucho más las pensiones, la dependencia, la accesibilidad, la educación...", ha sentenciado.
Vox pide un posicionamiento claro
Por su parte, la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, ha asegurado que desde el Ejecutivo autonómico tienen en su mano posicionarse contra la decisión del PSOE, avalada por el Tribunal Supremo, de sacar los restos del exdictador. Otra cosa "es que no lo quieran hacer", ha apostillado.
"No vamos a hacer nosotros los defensores de las competencias de las comunidades autónomas pero sí de lealtad y libertad. Este asunto trasciende más allá de las comunidades porque es elegir posicionarse con Sánchez, ser cómplices, o estar en frente", ha dicho.
Se trata, a su parecer, de "un ataque al orden constitucional". Para Monasterio, el PP y Ciudadanos "con su silencio frente a la Ley de Memoria Histórica" lo que hace es "romper con el legado de la Transición".
"Si quieren estar con Sánchez, si van a permitir este ataque a la libertad de todos los españoles, vayan ustedes en coalición. Los españoles agradecerán que digan con quién van a estar a partir del 10 de noviembre", ha remarcado.
Asimismo, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado que la sentencia del Tribunal Supremo abre la puerta a que otro gobierno hiciera lo mismo con la Pasionaria y que "eso no es lo que los españoles quieren".
"Si mañana llega un gobierno del otro lado y quiere desenterrar a la Pasionaria o a Carrillo podría hacerlo y eso no es lo que los españoles quieren. Hay que dejar a los muertos en paz, mirar hacia adelante, olvidarnos de una Guerra Civil que fue sangrienta y cruenta", ha comentado.
Espinosa de los Monteros ha criticado la sentencia porque recoge el criterio, a su juicio, de que los gobiernos pueden "desenterrar a los muertos cuando quieran sin consultar a la familia", lo que en su opinión sienta un "precedente peligroso" y crea inseguridad jurídica.