El Ayuntamiento reconoce que no podrá rebajar el precio del alquiler a corto plazo

En esta legislatura se tomarán medidas para aumentar la vivienda pública en Madrid capital, pero no se podrá rebajar el precio del alquiler en un corto plazo de tiempo. Así lo ha reconocido el delegado del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano, Mariano Fernández (Ciudadanos), en la Comisión del ramo celebrada este miércoles en el Ayuntamiento de Madrid.

Preguntado por el concejal de Más Madrid José Manuel Calvo sobre los planes del Ejecutivo municipal para paliar el creciente aumento del precio de la vivienda, que se agrava con la reducción de salarios y el incremento de la demanda de alquileres, el responsable del área de Urbanismo constató que la actual Corporación no cuenta con un proyecto que permita incrementar la oferta -y, por tanto- reducir el precio- a corto plazo.

En cambio, manifestó que sus objetivos son cambiar y modernizar el Urbanismo en Madrid, así como plantear soluciones a la problemática habitacional a medio y largo plazo. Así, Fernández adelantó que el Ayuntamiento peleará por desbloquear las necesarias licencias de construcción, por aumentar el suelo finalista municipal y por construir "vivienda pública de verdad". "Son medidas que, en su conjunto, darán su fruto", aseguró.

"Compromiso con la vivienda pública"

Asimismo, recordó el compromiso del actual alcalde, José Manuel Martínez-Almeida con la "vivienda pública", así como su propuesta de implantar un "cheque vivienda" que ayude -con 150 euros al mes- a los jóvenes a independizarse.

También defendió las palabras de su jefa, la vicealcaldesa, Begoña Villacís, al anunciar el "desbloqueo" del Desarrollo del Sureste y la "puesta en carga" de los suelos de la zona que permitirá la construcción de hasta 50.000 viviendas.

"Como pronto estarán construidas en 8 o 9 años y, teniendo en cuenta el precio del metro cuadrado de las viviendas protegidas -1.900 euros- su precio oscilará entre 220 y 280.000 euros", criticó Calvo. Fernández le desmitintió: "La compra de vivienda pública oscilará entre 150 y 180.000 euros, haga bien los cálculos", espetó.

La EMVS y los fondos buitre

Otro de los puntos críticos de la sesión de esta mañana lo provocaron las críticas de la oposición al Gobierno por la sentencia que prohíbe a los fondos buitre revender los 1.860 pisos de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) que la exalcaldesa Ana Botella vendió a dichas entidades. "Son muchos millones perdidos y un patrimonio que ya no va a volver. ¿Qué va a hacer el Ayuntamiento? Va a retirarse de las causas o va a afrontar la defensa de lo público?", preguntó la concejala socialista Merecedes González.

El concejal de Vivienda, Álvaro González, tiró de 'y tú más' para recordar casos similares protagonizados por el PSOE en otros lugares de España. "Tiene que aprender de las 2.900 razones, tantas como viviendas que quiso vender Patxi López en 2011 y que lo paró el PP y PNV en el Parlamento Vasco", junto a la actuación de la ahora ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en Andalucía sobre la "venta de 70 edificios públicos por 300 millones a fondos buitre".

La socialista respondió con ironía y, tras anunciarle que le pedirá una comparecencia en septiembre, le espetó: "Le aviso con tiempo para que pueda estudiar lo que ha hecho el PSOE en España y en Europa", zanjó.

El responsable municipal de Vivienda, por su parte, incidió en el compromiso de Almeida con la vivienda pública con su promesa de "poner 15.000 viviendas a disposición" y el citado cheque vivienda. Además, prometió colaborar con el juzgado en cuestión y pidió al PSOE, cuando toque, "el mismo respeto por la Justicia" que el que mantiene el actual equipo de Gobierno municipal. Aun así, prefirió cruzarse de brazos al respecto: "El Ayuntamiento no va a hacer ninguna otra actuación porque el auto no lo requiere", zanjó el edil popular.

Decálogo de objetivos

En cuanto a las novedades previstas para esta legislatura, Fernández adelantó un "decálogo" con las "líneas estratégicas" del equipo de Gobierno. ¿Las principales? Además de la citada construcción de vivienda pública, se comprometió a revisar -como pidió Cs durante toda la legislatura pasada- el Plan General de Ordenación Urbana, así como el Catálogo de Edificios Protegidos.

Todo ello "paso a paso" y siguiendo "un plan estratégico lógico". Para ello prometió "simplicar la normativa" con el fin de ofrecer "la seguridad jurídica necesaria" pero, a su vez, "agilizar los plazos de las licencias". Su intención, dijo, es llevar a cabo "una intensa labor de desbloqueo".

Otra de las medidas estrella de la actual Corporación municipal es la de planificar la ciudad desde una "nueva concepción" de la misma. Se trata de considerar Madrid como una Ciudad Metropolitana. "Madrid es mucho más que su término municipal, es el nexo de toda la región", valoró Fernández, que apeló a una mejor colaboración de Consistorio y Comunidad para que la capital tenga peso "en una futura Ley de Suelo y en una futura Ley de Vivienda".

Hasta que eso llegue, la Capital intentará dar "sentido a todo el ciclo de vida de los edificios" para proteger el Patrimonio local con "nuevas reglas y conceptos" y trabajará por una "regeneración urbana" en la que se incluyen "nuevos aprovechamientos del suelo, sin olividar la eficiencia energética -de los edificios- y una peatonalización sensata de los ámbitos históricos de la periferia".