Garantizar el derecho a opinar de los niños y protegerles de la violencia y la pobreza, objetivos del Pacto por la Infancia

"Garantizar al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio y el derecho a expresar libremente sus opiniones sobre los asuntos que le afectan" así como que "tales opiniones sean debidamente tenidas en cuenta". Este objetivo, fijado en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) que la ONU aprobó en 1989, es desde este lunes también el de todos los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid.

Los portavoces de la Comisión de Políticas Sociales y Familia de PP -Ana Camíns-, PSOE -Josefa Navarro-, Podemos -Raúl Camargo- y Ciudadanos -Alberto Reyero- han firmado un Pacto por la Infancia con la Federación de Asociaciones de Infancia y Juventud (INJUCAM) -presidida por José Antonio Rey-, la Plataforma de Organizaciones de Infancia de la Comunidad de Madrid -Ana Isabel Domínguez- y UNICEF Comité Madrid -Manuel López de Miguel-.

El objetivo es dejar cerrado el compromiso consensuado de los diputados que ocupen sus escaños en la próxima legislatura con la infancia y la adolescencia con el fin de "blindar" a largo plazo sus derechos "frente a los cambios políticos y las circunstancias económicas adversas". Todo para cumplir tanto con la CDN como con la Constitución o las normativas madrileñas sobre protección del menor que llevan sin renovarse desde 2003, con la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad.

Por ello, los partidos se han comprometido no sólo a mantener una "inversión sostenida y estable [...] exenta de sufrir reducciones derivadas de circunstancias variables (políticas y económicas)" sino también a garantizar que los niños y niñas sean "escuchados por la Asamblea de Madrid", a coordinar mejor los Servicios Sociales, la Sanidad, la Educación y la Protección de la Infancia, así como a las correspondientes consejerías para realizar informes de impacto en infancia sobre cualquier normativa que se lleve a cabo en el nuevo Gobierno autonómico. Además, con su firma han prometido "establecer mecanismos de obtención de datos" sobre Infancia, similar al ya existente en el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y que recoge datos sobre violencia contra la infancia, pero también sobre otros aspectos como el exceso de deberes escolares o la educación sexual, entre otros.

En cuanto al fomento de la participación de los menores en las políticas comunitarias, los grupos parlamentarios reconocen su condición de "sujeto de derechos" y adoptarán, en consecuencia, medidas como la creación de Comisiones de Participación Infantil en todos los municipios, la de un órgano de participación de la Comunidad con el fin de que trasladen sus opiniones a las instituciones autonómicas así como acreditarlo como órgano legítimo de consulta de las políticas de Infancia.

Otro de los objetivos fundamentales del Pacto por la Infancia es reducir la tasa de pobreza entre los menores. Un 27,5 por ciento de los menores se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social; el 10 por ciento vive en hogares con muy baja intensidad de trabajo y el 8,7 por ciento sufre de privación material severa. "La pobreza crónica afecta de manera permanente al desarrollo del potencial y perpetúa la transmisión intergeneracional de la pobreza, aumentando y fortaleciendo la desigualdad social", reza el documento.

Por ello, PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos se comprometen a "garantizar un mínimo ingreso por cada hijo menor de edad", "apoyar todas aquellas medidas encaminadas a fomentar la incorporación de las madres y los padres en situación de riesgo de pobreza en el mercado laboral, incluyendo el acceso a servicios de educación de 0 a 3 años", y a "garantizar que ninguna familia con niños a cargo pueda ser desahuciada sin habilitar previamente una solución habitacional para dicha familia", entre otras medidas.

En la misma línea, con respecto a la equidad -2 de cada 100 alumnos madrileños tienen necesidades específicas derivadas de una discapacidad, entre otros motivos de desigualdad-, los grupos parlamentarios se comprometen a fomentar la igualdad de oportunidades, apoyar a las familias, educar sobre los riesgos de las nuevas tecnologías y redes sociales, y reconocer a la infancia gitana como "colectivo prioritario" en las estrategias de inclusión o apoyar a las familias con necesidades especiales a garantizar el cuidado de los menores con discapacidad.

También a "reconocer a las familias monoparentales a nivel legal y administrativo de modo que puedan beneficiarse de una mayor protección social", velar por el interés superior de los menores especialmente en cuanto a los mecanismos de respuesta y protección de Menores Extranjeros No Acompañados (MENAs), refugiados o víctimas de trata.

Asimismo, se reforzará la protección de los niños y niñas "gays, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales frente a la violencia y la discriminación, desarrollando políticas destinadas a proteger su derecho a la identidad y a acabar con los estereotipos que perpetúan la marginación por su orientación sexual".

El derecho a la Educación será respetado por los poderes públicos siempre que velen para que todos los menores terminen los ciclos de Primaria y Secundaria -"que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad", reza el texto- así como a promover el desarrollo de la primera infancia con una enseñanza preescolar de calidad y "avanzando progresivamente hacia el establecimiento de una Educación universal y gratuita en el primer ciclo de Educación infantil". Es decir, se avanzará hasta la total gratuidad de todos los ciclos educativos desde que nace el niño hasta que cumple, como mínimo, los 16.

Pese a reconocer cierta "evolución positiva" en materia educativa, el texto del Pacto por la Infancia recuerda que "la Comunidad de Madrid se encuentra a la cola de la inversión pública por alumno en centros públicos y concertados" no universitarios. Además, "el 77,9 por ciento del alumnado con necesidades educativas especiales se encuentra integrado en centros educativos ordinarios, por debajo de la media nacional (83,2 por ciento) y "un 13,9 por ciento de chicos entre 18 y 24 años no siguen sus estudios después de la Educación obligatoria", enumeran como "indicadores especialmente preocupantes".

Para remediarlo, se buscará "un acuerdo social amplio que dé estabilidad al sistema educativo", prover el acceso de los niños y niñas de 0-3 años a la Educación, garantizar una Educación inclusiva en todos los niveles, superar el fracaso y el abandono escolar, favorecer la disminución de la ratio profesor/alumno o garantizar la "gratuidad efectiva de la educación obligatoria" así como los recursos de apoyo escolar, becas y, "en general, los que eliminen cualquier barrera que obstaculice la igualdad de condiciones" como los libros, el material educativo, el coste de las excursiones, el comedor o el transporte.

Con respecto a la salud, el principal problema a abordar es el del sobrepeso y la obesidad infantil, así como el del consumo de alcohol y la prevención en relaciones sexuales. "A pesar de estar por debajo de la media nacional (28,56%), en Madrid un 25,2% de los niños y niñas entre 2 y 17 años tienen sobrepeso", lamentan en el borrador del compromiso por la Infancia. Por ello, se adoptarán "las medidas necesarias que aborden la reducción de la obesidad infantil y los trastornos alimentarios desde un enfoque socio-educativo-sanitario".

Además, "un 63,10 por ciento de los chicos y chicas de 14 a 18 años que declara haber consumido alcohol durante los últimos 30 días", por lo que se prevén "políticas integrales que contribuyan a reducir el consumo de alcohol y drogas [...] involucrando a los adolescentes en la búsqueda de soluciones". Del mismo modo, "uno de cuatro chicos de entre 15 y 18 años no usó preservativo en su última relación sexual", por lo que se desarrollarán "programas de promoción de la salud sexual, reproductiva, emocional y afectiva desde un enfoque preventivo y de promoción de las relaciones de igualdad".

En cuanto a las nuevas tecnologías y los peligros de la redes sociales, los grupos parlamentarios fomentarán la "prevención de adicciones al juego y dependencias tecnológicas de los adolescentes" y, poniendo el foco en la salud mental (un 19,3 por ciento de menores de entre 11 y 18 años ha estado bajo de ánimo alguna vez por semana en los últimos seis meses), se potenciará "una política autonómica de salud mental infantil que garantice la prevención, detección y atención de las enfermedades mentales de niños, niñas y adolescentes".

Pero, si algo es importante en este Pacto unánime es la lucha contra la violencia contra la Infancia. "Los niños tienen que poder vivir en entornos libres de cualquier tipo de violencia", cita el borrador a la Convención de la ONU sobre los derechos del niño. Por ello, entre las medidas a adoptar, más allá de las elementales dotaciones de recursos a la protección, también se encuentra el "garantizar que los criterios del proyecto de intervención primen sobre la propuesta económica a la hora de decidir la concesión de la gestión de recursos de protección conveniados" o "garantizar la no utilización bajo ningún concepto de castigos que impliquen violencia emocional".

También se apoyará a las familias de acogida, se reconocerá -como ya ocurre con la violencia de género- a los hijos de las víctimas de trata como víctimas de trata, o se fortalecerán "los recursos destinados a la emancipación y la inclusión social de los jóvenes extutelados, garantizando que sean suficientes y adecuados a sus necesidades especiales".

Por último, los parlamentarios de todas las formaciones se han comprometido a racionalizar los deberes escolares y promover la participación infantil "en el diseño y desarrollo de las programaciones de actividades culturales, artísticas, deportivas y recreativas" con el fin de garantizar su "derecho al descanso, al esparcimiento, el juego, las actividades recreativas, la vida cultural y las artes".