La vicesecretaria de Política Social y alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, ha asegurado este jueves que su propuesta sobre inmigrantes en situación irregular va dirigida a mujeres que "se pueden encontrar en una situación límite" y "quieren dar al niño en adopción". Según ha añadido, su partido quiere dar "protección y garantía" a esa madre que puede sentir "miedo" ante su decisión "libre y personal" de dar a su bebé en adopción.
El partido liderado por Pablo Casado contempla la puesta en marcha de una Ley de Apoyo a la Maternidad -si consigue llegar a La Moncloa- en la que se incluye que una mujer sin papeles en España no será expulsada del país durante el periodo de embarazo en el caso de que haya decidido dar a su bebé en adopción.
Según ha recordado el partido, esta propuesta ya está recogida en el Protocolo contra el Abandono de recién nacidos de la Comunidad de Madrid puesto en marcha en 2009 y el objetivo del PP es implementar esta normativa a nivel nacional.
La dirigente del PP ha recalcado que se garantiza la confidencialidad en los datos y en el procedimiento, de forma que ese paso no suponga en ningún caso el inicio de un expediente de expulsión para la madre.
Ante el hecho de que el PP haya incluido esta iniciativa en una ley de maternidad, trasladando la idea de dar al bebé a cambio de quedarse en España, Gamarra ha afirmado que ese norma que ha anunciado Casado incluirá medidas "en todos los ámbitos", como fiscalidad, empleo, educación, etc. Y en este punto, ha defendido que se aborde también la adopción en esos casos "limite".
Preguntada por si es necesario ese protocolo cuando la ley ya prevé que las mujeres embarazadas que dén a luz no pueden ser expulsadas al primar el interés del bebé, Gamarra ha dicho que "por supuesto" que no pueden ser expulsadas, pero ha insistido en que se trata de proteger a esas madres que pueden decidir "libremente" entregar en adopción a su hijo.
Además, la responsable de Política Social del PP ha criticado que los partidos de la oposición se estén dedicando a "fomentar fake news" sobre una propuesta de su partido que, a su entender, es "positiva".
Gamarra ha señalado previamente, en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que en Madrid, entre 30-40 niños son abandonados y se entregan en adopción con este protocolo que se aplica en la Comunidad de Madrid. "Lamentablemente, muchos todavía aparecen en contenedores, eso es lo indigno y cruel. ¿Prefieres no evitarlo?", se ha preguntado.
Una "barbaridad" que Casado no admite
Por su parte, Pablo Casado ha asegurado sentirse víctima de una "fake news". "El PP propone que las madres embarazadas que deciden entregar a su hijo en adopción, en vez de abandonarlo, tenga garantizada la confidencialidad, los mismos derechos si estuviera regularizada o no", ha señalado Casado en su intervención en la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid donde ha recogido el premio a 'Mejor comunicador'.
De este modo, Casado ha asegurado que se ha visto obligado a aclarar algo que el no dijo y que se basaba en que las mujeres inmigrantes sin papeles se "blindaban" si entregaban a su hijo en adopción, una aseveración que, según ha insistido, se trata de una "fake news" que por error se publicó en un medio de comunicación y que fue corregido posteriormente.
"Es una 'fake news', me siento víctima porque antes de político soy persona, me resulta de especial gravedad", ha lamentado Casado, quien ha reiterado: "Yo no he dicho nada, no hay nota de prensa y, sin embargo, hoy está en todas las tertulias y vemos a todos los partidos de la oposición intentando decir una barbaridad que yo jamás admitiría".
Una medida "brutal"
El secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Rafael Simancas, ha calificado la propuesta como "lo más insólito, brutal y cruel que hemos escuchado nunca", ha insistido Simancas, en declaraciones a los medios en el Congreso. A su juicio, "decirle a una inmigrante 'o me entregas a tu niño o te expulso del país', no se puede aceptar de ninguna de las maneras".
El diputado ha asegurado que cuando esté el PSOE en el Gobierno, no en el Parlamento, "va a luchar para que medidas así no salgan adelante". Según ha indicado, allí donde esté los socialistas "intentarán que no se lleve a cabo".
No decidir bajo presión
Médicos del Mundo ha expresado su temor a que "se aboque" a mujeres en situación irregular y de especial desprotección "a que decidan sobre el futuro de sus hijos bajo presión y sin que se les ofrezcan salidas humanitarias y fundadas en los derechos humanos que las asisten".
Desde Médicos del Mundo exigen al PP una aclaración "urgente respecto" a su propuesta. La organización pregunta al partido: "¿Qué derechos pretende defender? ¿Qué protección merecen para el PP las embarazadas en situación irregular que no desean dar a sus hijos en adopción?".
"A Médicos del Mundo le preocupa que para el PP sea legítima la posibilidad de que se inicien procesos de expulsión a personas en situación irregular durante cualquier procedimiento en el que deban entregar sus datos de identidad a administraciones públicas que no tienen funciones de extranjería", manifiesta la organización.
También le llama la atención de que el PP mencione a la comunidad autónoma de Madrid como "un ejemplo de administración que aplica una supuesta medida humanitaria para proteger a las mujeres embarazadas en situación irregular". "Precisamente es en la Comunidad de Madrid donde la Consejería de Sanidad ha dado instrucciones para excluir de la atención sanitaria a las mujeres embarazadas que no acrediten llevar más de 90 días en España. Como consecuencia de esta medida, la asociación ha tenido constancia de varias denegaciones de atención a mujeres embarazadas, algunas de ellas en avanzado estado de gestación", destaca Médicos del Mundo.
Una propuesta "estigmatizadora"
Entidades de apoyo a migrantes han tachado de "intolerable" y de "estigmatizadora" la proposición popular. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) considera que la propuesta del Pablo Casado, "posteriormente matizada seguramente ante las críticas recibidas", "supone una vuelta de tuerca más en la estigmatización de las personas migrantes, en este caso el eslabón más débil, mujeres inmigrantes embarazadas en situación administrativa irregular".
Según precisan, lanzar esta propuesta "aprovechando" la Ley de maternidad muestra "el desconocimiento absoluto" de la Ley de extranjería porque esta "ya contempla un procedimiento sancionador y la posibilidad de regularizar la situación administrativa de las personas que se encuentran en situación irregular por otros motivos".
En segundo lugar, CEAR critica que el PP se "atreva incluso a dar un paso más invadiendo la esfera personal de las mujeres" y poniendo "un halo de duda sobre su idoneidad para ser madres".
Por su parte, la ONG ACCEM, especializada en la atención a migrantes, ha denunciado que esta propuesta trata como "mercancía" a los hijos de las mujeres migrantes y "promueve la separación de las familias".
Además, ha insistido en que ya existen medidas excepcionales de protección a las mujeres embarazadas en situación irregular y critica que "se vincule la situación demográfica de España al papel reproductor de las mujeres más vulnerables" porque "atenta contra los derechos humanos y fundamentales".
Por su parte, la Federación de ONG Red Acoge considera que esta medida "podría llevar a mujeres a una mayor situación de vulnerabilidad y exclusión social".
No se conocen expedientes de expulsión
En cualquier caso, Red Acoge ha precisado que "no tiene conocimiento de casos en los que se haya abierto un expediente de expulsión" en un caso de una mujer en situación irregular que se plantee dar a su hijo en adopción.
En concreto, recuerda el artículo 57.6 de la Ley de Extranjería, en el que se establece que la expulsión no podrá ser ejecutada cuando "afecte a las mujeres embarazadas", aunque reconoce que, en la práctica, no dudan "que se hayan realizado, ya que la legislación internacional y nacional de extranjería y protección internacional en ocasiones no se cumple y normalmente se interpreta en sentido restrictivo".
También ha añadido que "incluso teniendo decretada una expulsión, hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones no se ejecuta o se puede recurrir o revocar si se cumplen determinados requisitos como los de arraigo social o solicitud de asilo, entre otros".
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