El pasado viernes diez familias solicitantes de asilo fueron desalojadas de la central del Samur Social en Madrid. Hasta 30 personas, entre ellas 11 niños y una mujer embaraza, quedaron en la calle hasta ser acogidos para pasar la noche en la parroquia de San Carlos Borromeo. Ante esta situación, los trabajadores del servicio de atención a las emergencias sociales y a las personas sin hogar del Consistorio madrileño han emitido un comunicado en el que denuncian la carencia de recursos para atender a los demandantes.
La plantilla del Samur Social ha decidido dar visibilidad pública a las circunstancias en las que desempeñan su labor diariamente. Aseguran que no les mueve "la motivación de buscar culpables", sino "la esperanza de generar conciencia social" y el "compromiso de cambio hacia futuras soluciones".
En primer lugar, señalan que el servicio -que presta atención a personas solicitantes de asilo y sin hogar- se encuentra "colapsado", lo que está generando "una situación de emergencia de carácter humanitario y habitacional en la ciudad de Madrid". "Estamos viviendo una situación dramática de continua vulneración de derechos humanos por la carencia de recursos para atender demandas de alojamiento de personas en una realidad de extrema exclusión.
Esta prestación dependiente del Ayuntamiento madrileño estaría "infradotada de recursos" y "claramente descoordinada". Así, consideran que las personas y familias demandantes de refugio se hallan en una posición de "absoluta desprotección" tras huir de "durísimas historias de vida, amenazas, persecución y conflictos bélicos".
"Esto no sólo produce situaciones absolutamente desgarradoras sino que supone una vulneración flagrante y sistemática de normativas y leyes internacionales, europeas y españolas", recoge el comunicado. En concreto, apuntan hacia el Ministerio del Interior como responsables de una "clara dejación de funciones y falta de respuesta".
Tampoco eximen al Consistorio de la capital de culpa y piden que "asuma y subsane los enormes errores cometidos en la gestión de una situación sin horizonte de resolución". A la misma se habría llegado, según los trabajadores, por un "ejercicio de absoluta falta de comunicación e información entre responsables municipales y plantilla de la empresa adjudicataria".
Además, en una nota de prensa enviada desde la sección sindical de Samur Social, manifiestan "un desgaste emocional y psicológico sin precedentes", un "estado límite que está derivando en problemas a nivel de salud mental y física en la plantilla".
"No queremos ser cómplices ni encubridores de una realidad que sufrimos diariamente y cuya tendencia va en aumento desde hace mucho tiempo", concluyen.
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