En la parcela situada entre la carretera de Villaverde y la avenida del Mayorazgo, en Vallecas, ya afloran los barracones formando una imagen que recuerda a la serie Years and Years. Mientras se acicala el terreno con el fin de instalar más, a la primera docena ya solo le faltan unos detalles para que, a comienzos de febrero, empiecen a acoger a familias solicitantes de asilo que, pese a ser competencia del Gobierno de la Nación, han colapsado los servicios municipales -en la actualidad representan el 40 por ciento de la campaña del frío-.
Cuando, en el mes de marzo, la 'ciudad de los refugiados' esté lista, tendrá capacidad para 294 personas, que estarán divididas en 32 módulos que cuentan con tres habitaciones, cocina, salón y baño repartidos en 60 metros cuadrados. "Queremos darles un techo mientras [Pedro] Sánchez contesta", ha asegurado la vicealcaldesa, Begoña Villacís, en una visita con medios a la parcela. Allí ha contado que, aunque no habrá un máximo para que los solicitantes de asilo abandonen los prefabricados, sí hay un plazo estimado: entre 15 y 30 días. Eso sí, el Ayuntamiento aclara que no va a dejar "a nadie" en la calle, lo que supone que pueda darse el caso de que una familia se asiente de manera indefinida.
Eso dependerá, en todo caso, de la colaboración entre el Ayuntamiento y el Ministerio, que es bastante mejor a nivel intermedio ("entre directores generales") que entre los altos cargos: mientras Villacís carga todos los días contra el presidente del Gobierno, ambas administraciones sí llevan a cabo una colaboración técnica que, aunque no a su debido tiempo, está permitiendo al sistema acoger a un número de refugiados que no se recuerda -el año pasado llegaron 55.000 a Madrid, el doble que en 2018-.
Una libertad de movimiento "constitucional"
Preguntado sobre cómo se organizará, el delegado del Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social,
Pepe Aniorte, ha explicado que las primeras personas que serán derivadas a este centro de emergencia serán las que ya están identificadas y a las que se les da cobijo en la campaña del frío. Las mismas vivirán en estos módulos supervisados, aunque Villacís sí ha puntualizado que tendrán libertad de movimientos, "algo recogido en la Constitución Española". Sí habrá, de todos modos, seguridad y otros servicios,
como áreas infantiles o de descanso, parafarmacia y enfermería. Con todo ello, el Consistorio tratará de evitar que se convierta en un "gueto", como han alertado los vecinos de la zona.
Para asegurarse de ello, la vicealcaldesa también ha avanzado que una vez que baje el flujo migratorio, el campamento se desmantelará. "Desde el 1 de enero han llegado 414 personas solicitando nuestra ayuda", ha asegurado después Aniorte para aclarar que todavía queda tiempo para que la emergencia social deje de ser tal. En todo caso, de volverse a decretar, el Ayuntamiento tiene los módulos
cedidos por la Comunidad a su disposición cinco años. Los comprados, que se han comprado con
una inversión total de 2,5 millones de euros, no cuentan con fecha de caducidad, aunque el Consistorio espera que no se vuelva a producir esta situación.
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