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Los disturbios se originaron tras la muerte de un vendedor ambulante.
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Los disturbios se originaron tras la muerte de un vendedor ambulante. (Foto: Javier Bernardo)

La factura de Lavapiés: 80.000 euros en reparaciones

lunes 16 de abril de 2018, 14:49h

El coste de los destrozos de los bienes públicos por los incidentes de Lavapiés asciende a 80.000 euros, tal y como ha reconocido este lunes el Ayuntamiento de Madrid. El PP ha aprovechado la comisión de Economía en la que se ha dado a conocer este dato para reclamar la dimisión de la edil Rommy Arce, imputada por un presunto delito de odio.

Los destrozos de los bienes públicos en los incidentes de Lavapiés tras la muerte del senegalés Mmame Mbaye ascendieron a 80.000 euros, 50.000 de ellos en daños en Bicimad y en una parada de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), ha informado este lunes el delegado de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño, en la comisión del ramo. Los 30.000 restantes son de daños en el mobiliario del barrio.

Jorge García Castaño ha contestado, a preguntas del PP, que ese tipo de sucesos son "inaceptables" y como tal los condenan. Para el portavoz popular en la comisión, Íñigo Henríquez de Luna, estos altercados son "una de las cosas más graves sucedidas durante el mandato", unido a la que considera "ocultación de la verdad que hizo el Gobierno" porque "desde el minuto uno sabían que la muerte de Mmane Mbaye no se produjo tras una persecución de dos motos".

"Ustedes secuestraron la información alentando esa teoría", ha asegurado el portavoz, para quien esto acabó provocando "destrozos materiales en bienes públicos y privados y daño al prestigio de la Policía Municipal. "Por eso hoy la alcaldesa, Manuela Carmena, ha hecho algo de autocrítica y ha dicho que no se le entregará la Medalla al Cuerpo por falta de tiempo pero pondrán en marcha una campaña de imagen de la policía porque la han destrozado", ha contestado Henríquez de Luna. El concejal ha exigido además que la alcaldesa cese a la concejala Rommy Arce por "incitar al odio" con uno de sus tuits.

García Castaño ha defendido que el Gobierno, una vez que estuvo en posesión de toda la información, la hizo pública, a lo que ha sumado que fue Jefatura Superior de la Policía Nacional la que apuntó a una persecución policial, como fue recogido tanto por Europa Press como por Efe, una versión, la de la Policía Nacional, que el Ejecutivo municipal nunca apoyó.

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